El discurso del rey

En la película cuyo título me sirve como presentación de este artículo, se recrea el discurso que el rey Jorge VI de Inglaterra dirigió el 3 de Septiembre de 1939 a la ciudadanía británica. En su alocución, alcanzó dos objetivos. Uno, físico y personal, ya que apenas quedaba rastro de la tartamudez que durante muchos años había constituido una fuerte limitación a la hora de afrontar sus apariciones públicas. Otro, de carácter político, en la medida que la monarquía del país anglosajón, a raíz de esta intervención radiada, se convirtió en el símbolo nacional de la resistencia a los planes agresivos del nazismo alemán.

Felipe VI, en la Nochebuena pasada, y dada la situación por la que atraviesa la monarquía en España, también estaba en la obligación de haber aprovechado la ocasión para conseguir los dos objetivos que precisa para salvar, a medio plazo, la Corona. Primero, debería haber dado explicaciones detalladas sobre las circunstancias que rodearon la fuga del emérito, así como el sentido último de ésta. Tendría que haber despejado las incógnitas que existen en relación a su posible condición de conocedor de las cuentas que su padre posee en paraísos fiscales, toda vez que tardó un año en difundir que era beneficiario de una fundación offshore de Panamá, a través de la que Juan Carlos I habría recibido 100 millones del sátrapa saudí. Lo significativo es que lo reveló después de que la prensa británica lo publicara. Además, en el capítulo de dudas no aclaradas está el asunto de esos exmilitares que se dirigen a quien fuera su Mando Supremo emplazándole a que tuerza la voluntad popular y acabe con el gobierno legítimo. Entiendo que el Jefe de las Fuerzas Armadas, también Jefe del Estado, tendrá algo que decir, no sólo sobre las interpelaciones con intención criminal que recibe de quienes ostentaron mando en tropa, sino también respecto de las actitudes golpistas, reivindicando la dictadura franquista, que grupos de militares en activo exhiben en público reiteradamente. Unas palabras del Rey advirtiendo de las graves consecuencias que acarrea para, quienes siendo depositarios del monopolio de la violencia, pretenden subvertir el orden democrático difundiendo soflamas fascistas, no hubieran sobrado. Al contrario.

Pero, y en segundo término, donde naufragó definitivamente el mensaje del monarca fue en el ámbito de las soluciones a la crisis de fondo que sufre la institución que encarna. Vino a decirnos que, a diferencia de su progenitor, estaba comprometido con la ética y la moral que la ciudadanía reclama de todos, sin excepción, los representantes públicos. Se le olvidó que ese compromiso ha de ser, sobre todo, con la legalidad, quebrada por su predecesor. Invocó la fe en su persona como única garantía de que en el futuro la Zarzuela no será fuente de escándalos. Es decir, tendremos que fiarnos de Felipe VI. Pero es que resulta que durante décadas creímos en Juan Carlos I, hasta el punto de que muchos se declaraban ‘juancarlistas’, que no monárquicos. Así era el calibre del culto a la personalidad hacia quien ha resultado ser, en palabras del actor José Sacristán, ‘un vulgar chorizo’. Presunto, añado.

No, no vale con que confiemos ciegamente en quienes están al frente del Estado. Entre otras cosas, porque la carne es débil y la tentación fuerte. La democracia inventó los mecanismos de control a partir de la ley, que debiera ser igual para todos, a pesar de la presidenta Ayuso. La Constitución no dice que el rey sea inviolable en todo momento y circunstancia, porque si así fuere, estaríamos ante una norma premoderna, feudal. No es juzgable ante los actos que ejecute como Jefe de Estado, necesariamente refrendados por el gobierno o las Cortes. La impunidad ante cualquier delito que perpetre en el ámbito privado ha sido establecida irregularmente por los altos tribunales españoles, que han violentado así la Carta Magna, consolidando lo que constituye uno de los aspectos definitorios del Régimen del 78.

Otro asunto a reformar para que podamos hablar de una monarquía parlamentaria es aquello que concierne al patrimonio de la familia real. Cualquier cargo público de este país ha de someter su riqueza personal, así como la evolución de la misma, a escrutinio de la institución de la que forma parte. Los reyes también. En este caso, ante el órgano que encarna la soberanía popular, las Cortes Generales. Y, en fin, un rey no puede ejercer de jefe del ejército. Éste sólo debe acatar las órdenes que emanen del gobierno de turno surgido de las urnas.

Algo parecido a esto es lo que debiera haber avanzado Felipe VI la noche del 24 de Diciembre. Al no haberlo hecho, sigue sustrayéndose a las normas y usos de una democracia avanzada. Lo triste es que las fuerzas políticas dinásticas tampoco abogan por una Ley de la Corona que incluya los parámetros descritos, sino por una ‘renovación’ que, con la complicidad  de la derecha, cumpla con el axioma lampedusiano: ‘todo ha de cambiar para que todo siga igual’. Y es que más que monárquicos, en España tenemos cortesanos. Quienes, por cierto, más hacen por el advenimiento de la República.

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