Elecciones en Colombia: perspectivas de cambio y ausencia de garantías

El calendario electoral latinoamericano y caribeño del 2022 promete no ser menos agitado que el del año precedente. Entre las elecciones y referéndum de distinto signo que se avecinan -Costa Rica, México, Chile, Perú, quizás Haití- dos contiendas suscitan la mayor de las atenciones por el peso geopolítico específico de sus respectivos países: las generales de Brasil en octubre y las parlamentarias y presidenciales colombianas. Tras 20 años de gobiernos uribistas, y con el eterno telón de fondo del conflicto armado, Colombia no sólo se juega su alternancia sino también el futuro del inconcluso proceso de paz.

¿Qué y cómo se elige en Colombia?

La agenda electoral comenzará con la elección parlamentaria del 13 de marzo, en la que la ciudadanía deberá elegir un total de 108 senadores y 188 miembros de la Cámara de Representantes. En el Senado, 100 curules serán escogidos por circunscripción nacional; dos por la circunscripción especial para pueblos indígenas; uno será destinado al segundo candidato presidencial más votado -el llamado “estatuto de oposición”; y cinco corresponderán automáticamente a la representación política de Comunes, el ex partido FARC, surgido de la desmovilización de la guerrilla homónima tras los acuerdos de paz de 2016.

En cuanto a la Cámara, 161 curules serán elegidos por circunscripción territorial en los 32 departamentos del país y en Bogotá, el distrito capital. Uno será destinado nuevamente al segundo candidato presidencial más votado; dos para los pueblos afrocolombianos; uno para la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; uno para los colombianos en el exterior -un cupo discreto para una población estimada en 4.7 millones de personas según la propia Cancillería-; uno para pueblos indígenas; cinco para Comunes; y 16 por la circunscripción especial para la paz, por la que 167 municipios rurales buscarán quién represente a las 9 millones de víctimas del conflicto armado interno oficialmente reconocidas por el Estado.

Además, coincidentemente con la elección parlamentaria, la población elegirá a los y las candidatas presidenciales en las consultas internas de las coaliciones que concurrirán a las urnas, en un esquema que parece desdibujar cada vez más el tradicional esquema bipartidista liberal-conservador de toda la historia colombiana. Las elecciones a presidente y vicepresidente, cuyo mandato se extenderá hasta el 2026, tendrán lugar el 29 de mayo. Si ninguna fórmula lograra alzarse con la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta el 19 de junio.

La crisis del uribismo y el favoritismo del Pacto Histórico

En el Parlamento, el oficialista Centro Democrático podría perder su carácter de primera minoría en el Senado, con 19 escaños, y de segunda minoría en la Cámara, con 32, en función de los altos índices de desaprobación del presidente Iván Duque (72% según Invamer) y de su mentor y ex presidente Álvaro Uribe Vélez (68%). Este último es sindicado como responsable de un resonado caso de manipulación de testigos que le valió dos meses de prisión domiciliaria. Y también ha sido asociado al escándalo de la llamada “ñeñepolítica”, por el cual el reconocido narcotraficante José “Ñeñe” Guillermo Hernández habría contribuido con dinero del narcotráfico para la compra de votos en la elección presidencial del año 2018, tal como fuera revelado por los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén de La Nueva Prensa.

Pero el hecho que mejor explica un panorama electoral impensable hace apenas un par de años es el Paro Nacional del 2021, acompañado de una serie de multitudinarias protestas en las zonas rurales y en algunas de las principales ciudades del país, como Bogotá y Cali, en rechazo al proyecto de reforma tributaria presentado por Iván Duque. La escalada represiva de las Fuerzas Armadas, el ESMAD e, incluso, el despliegue de grupos paramilitares en varias cabeceras departamentales abonaron y visibilizaron la crisis a nivel internacional. Según la ONG Temblores, se registraron 44 homicidios presuntamente a manos de la fuerza pública; otros 29 no determinados; hubo 1.617 víctimas de violencia física; 82 víctimas de agresiones oculares; 28 víctimas de violencia sexual y 2.005 detenciones arbitrarias. Con cifras diversas, Human Rights Watch, Indepaz y la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos, convalidaron también los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos.

En medio de esta crisis, y tras una larga danza de seducción y rechazo con la derecha no adscripta al ex presidente Uribe, el candidato ungido por el oficialismo, el ex Ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, afirmó que competirá en soledad en representación del Centro Democrático, espacio que ve mermar así sus perspectivas electorales.

Además del partido de gobierno, habrá otras tres coaliciones en disputa. De la izquierda a la centroizquierda se ubica el Pacto Histórico, que reúne a la Colombia Humana del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro; a Soy Porque Somos de la lideresa social afrocolombiana Francia Márquez; a la Unión Patriótica -partido sobreviviente del “genocidio por razones políticas” de más de 5 mil de sus militantes y dirigentes en la década del 80-; al Partido Comunista Colombiano; al Polo Democrático Alternativo; al partido indígena MAIS; al Congreso de los Pueblos; y al partido de la ex congresista Piedad Córdoba, entre otros. También sumaron su apoyo dirigentes del partido Alianza Verde, que cuentan con su propio precandidato, los liberales de Luis Fernando Velasco e, incluso, figuras que supieron revistar en el uribismo como Roy Barreras y Armando Bendetti.

Pocas dudas quedan del favoritismo de Petro, principal armador de la coalición, quien comenzó su campaña electoral el14 de enero en la localidad de Bello, en el departamento de Antioquia -histórico bastión del uribismo- bajo el eslogan “si cambia Antioquia, cambia Colombia”. Petro, ex militante de la guerrilla urbana del Movimiento 19 de Abril en las décadas del 70 y 80, construyó su capital político como senador electo en el año 2006 y como denunciante de la llamada “parapolítica”, como se conoce al contubernio de políticos y paramilitares durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), durante la primera presidencia de Uribe. Petro revalidó su capital después, en su gestión de la alcaldía de Bogotá, hasta su destitución por el procurador Alejandro Ordóñez en 2013, en uno de los primeros casos de lawfare de la región. Como candidato presidencial, las encuestas de Invamer le otorgan un 48.4% de intención de voto, muy cerca del triunfo en primera vuelta, y un holgado 68.3% en la segunda.

En segundo lugar se encuentra la Coalición Centro Esperanza, con la participación del partido Dignidad, el MOIR, el Nuevo Liberalismo, Colombia tiene Futuro y Compromiso Ciudadano, el partido del candidato mejor posicionado de la coalición, el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Para insuflar nuevos aires a un frente que ha sufrido el cisma de numerosos partidos y dirigentes, se sumó recientemente la candidatura de Ingrid Betancourt -anunciada desde su residencia en Francia- cuyo nombre tomó notoriedad global tras su secuestro por la guerrilla de las FARC en la antigua zona de distensión de San Vicente del Caguán, y su posterior liberación en el año 2008.

Por último, y a la derecha del espectro político, se ubica la Coalición Equipo por Colombia, una liga de ex alcaldes y gobernadores de orientación conservadora. El espacio está conformado por Creemos Colombia, del ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez; País de Oportunidades, del poderoso empresario sirio-libanés de la Costa Caribe, representado por el ex gobernador del Atlántico y ex alcalde de Barranquilla Alejandro Char; el Partido de la U, quién declinó la candidatura de su presidenta Dilian Francisca Toro y apoyará al ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; y por último, con candidaturas menos competitivas, el tradicional Partido Conservador y el partido MIRA.

El conflicto armado y la ausencia de garantías políticas y electorales

Por el enfoque multicultural de la pionera Constitución de 1991, la ley electoral colombiana prevé representaciones especiales de carácter étnico, tal y como son localmente consideradas. A la exclusión política y económica de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y a la postergación de regiones enteras como el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía colombiana, se suman las urgencias de representatividad de víctimas y ex combatientes de un conflicto que no ha dejado de recrudecer pese a la consecución parcial y formal de la paz hace cinco años.

Sus síntomas más evidentes son los más de 1.200 ex combatientes y líderes sociales asesinados desde los acuerdos de La Habana; los 6.402 llamados “falsos positivos” reconocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, un crimen de Estado que implicó el asesinato de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate; la continuidad de la actividad armada de las disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, sobre todo, de numerosas formaciones paramilitares como el Clan del Golfo; las 102 masacres cometidas en el año 2021 y lo que va de este año según la fundación Indepaz; y, por último, el recalentamiento de la frontera colombo-venezolana, en particular en los departamentos colombianos del Norte de Santander y Arauca. En este último, la Defensoría del Pueblo estableció que 33 personas fueron asesinadas y 170 familias resultaron desplazadas por el accionar de grupos irregulares.

La continuidad del conflicto, y el hecho de que la llamada política “antisubversiva” haya sido históricamente el principal caballo de batalla del uribismo, explican algo de la incertidumbre del panorama político y electoral colombiano. Lo mismo sucede en relación a las garantías electorales, tras las denuncias de fraude y compra de votos del año 2018. E incluso en relación a la seguridad personal de los candidatos y candidatas, considerando las amenazas de muerte que los paramilitares de las Águilas Negras-Bloque Capital hicieron a Petro el 4 de diciembre del 2021, o a la historia contemporánea de un país en el que, tan sólo en el siglo pasado, se cometieron siete magnicidios.

La discutible “democracia más antigua de América Latina” verá en los tiempos por venir si logra consolidar la paz más precaria y reciente del continente.

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Lautaro Rivara es sociólogo, periodista y analista. Editor de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).