La desfachatez inglesa para robar el oro venezolano

El gobierno de Gran Bretaña al parecer no acaba de comprender que sus años de potencia imperial y de metrópolis colonial se acabaron hace tiempo pero la prepotencia que rodea a sus funcionarios no le permiten entender que en este siglo XXI ya no pueden robar con esa desfachatez el oro que pertenece a países libres y soberanos.
Y es que el Tribunal Superior de Londres falló el 29 de julio a favor del autoproclamado presidente fantasma de Venezuela Juan Guaidó en el litigio por las reservas de oro del país suramericano guardadas en el Banco de Inglaterra.
Varios medios de prensa informaron que la jueza Sara Cockerill, quien presidió la audiencia más reciente en la Corte Comercial, dijo que esa instancia no reconoce la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), que había anulado el nombramiento por parte del opositor Guaidó de una directiva ad hoc para administrar las 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares.
La magistrada decidió, sin apego a las leyes jurídicas internacionales que la Junta de Guaidó ganó y que las decisiones del TSJ no están en capacidad de ser reconocidas por la justicia británica.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el fallo por impedir el acceso de Venezuela a sus reservas en oro custodiadas en ese país europeo, decisión que consideró amordazada a una política exterior anacrónica de la Corona británica.
Rodríguez informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dispone de una prueba contundente que será mostrada en los próximos días e instó al gobierno del Reino Unido a rectificar y devolver a la nación suramericana los recursos que le pertenecen.
Por su parte, en un comunicado el Banco Central de Venezuela rechazó “el insólito pronunciamiento del tribunal británico que, una vez más, de forma subordinada a las decisiones de política exterior de la Corona británica, socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.
El BCV puntualizó que dicha decisión judicial “violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal venezolanos al pretender desconocer las autoridades legítimas del ente emisor para justificar el entramado criminal que permita la apropiación indebida de las reservas internacionales de Venezuela”
En el documento se acusa directamente al gobierno británico que amordazó a sus tribunales y ocasiona graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros Estados. El BCV, agrega, que se reserva todas las acciones legales a su alcance para recurrir esa insólita y nefasta decisión en la defensa del oro.
La realidad es que siguiendo las órdenes de Washington de reconocer al opositor Juan Guaido como “presidente interino” de Venezuela, el Banco de Inglaterra y el Gobierno de esa nación se han negado a entregarle el oro a Caracas.
La política hostil contra Venezuela de la anterior administración de Donald Trump la ha continuado Joe Biden quien ha enviado cartas a Guaidó, llamándolo “señor presidente”.
Desde hace años, ha sido una práctica habitual que muchos países (varias decenas) guarden para mayor seguridad, parte de sus reservas internacionales de oro en bancos internacionales como el de Inglaterra. A Rusia le ha sucedido lo mismo con sus divisas guardadas en bancos occidentales después de lanzar la operación especial militar contra Ucrania.
En el caso de que Gran Bretaña no devolviera el preciado metal a sus legítimos dueños se estaría creando una oscura mancha sobre la seguridad de guardar riquezas en esas instituciones lo que podría dar lugar a que muchos países desestimaran hacerlo.
Las leyes internacionales se derrumbarían si los bancos reconocieran cómo dueños de la riqueza de un país guardadas en esas instituciones a cualquiera que se autoproclamara “presidente”.
Acciones coloniales como las del gobierno inglés no pueden tener cabida en este mundo. El oro debe ser entregado, a la Venezuela del legítimo presidente Nicolás Maduro.
La comunidad internacional no puede permitir esta piratería del siglo XXI.