A tres años de la Revuelta Social en Chile, la represión contra el derecho a manifestarse continúa: ¿Qué te pasó Boric?

A tres años del inicio de la revuelta social, este 18 de octubre de 2022, en la Plaza Dignidad de Santiago de Chile, hito que determina la rotura abismal entre la ciudad empobrecida y la ciudad aparentemente satisfecha, la administración de La Moneda, indiferentemente del gobierno anterior, hizo gala de un despliegue multitudinario de los cuerpos de las fuerzas especiales de carabineros y sus blindados de última generación.

Leal a la vocación histórica del Estado autoritario, conservador y racista de Chile, la administración Boric, tal como anunció su presidente por cadena nacional de medios masivos de comunicación, llevó a las calles del país a 25 mil efectivos policiales. Se desconoce el número desplegado de la policía civil y del lumpen que ya en otras ocasiones ha operado en el marco de manifestaciones sociales con la anuencia y vínculos estrechos con los uniformados (¿la tercerización de la violencia paraestatal?), incluso usando armas con munición real, como en la zona de la Estación Central de Santiago el pasado primero de mayo, donde fue asesinada la periodista Francisca Sandoval en medio de protestas populares.

Sin mediar provocaciones, la artillería policial mantuvo el entorno de la Plaza Dignidad permanentemente gaseado de bombas lacrimógenas, dispersando gente a punta de violentos pistonazos de los carros lanza-aguas dirigidos sobre el cuerpo de los manifestantes que incluso se encontraban en las aceras peatonales.

Al respecto, mediante un audio, Carmen Soria, hija del diplomático Carmelo Soria asesinado por la dictadura en 1976, señaló que, «yo estoy en Plaza Dignidad y ustedes (el gobierno) son una vergüenza. Tienen a la policía reprimiendo con gas pimienta, guanacos y zorrillos. Están igual que (el gobierno de) Piñera. Son unos «progres» que les están lamiendo las botas a la Concertación. Y el discurso de Boric es el de un demagogo peligroso. Lamento profundamente haber votado por ustedes. Tienen la Plaza Dignidad sitiada, ni siquiera dejan manifestarse».

Por su parte, el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, aseguró que, «hemos presenciado en las distintas ciudades, como Santiago, Concepción, Valparaíso y otras, escenas muy similares a las que vivimos hace tres años durante el gobierno de Piñera. La misma estrategia de copamiento, por ejemplo, de la Plaza Dignidad, con una cantidad desproporcionada de policías, con su misma brutalidad policial e intransigencia», y agregó que, «si a alguien le faltaban elementos para terminar de convencerse de la continuidad de las políticas neoliberales y represivas, además de la subordinación del actual gobierno a los grandes poderes transnacionales y al gran capital, hoy tiene una prueba más de ello. Las esperanzas populares han sido profundamente defraudadas y lo que viene en los próximos tiempos no es para nada alentador. Este cuadro represivo, esta forma impúdica de cubrir las brutalidades policiales, so pretexto de que se trata de un cuerpo al servicio de la ciudadanía destinado a combatir el crimen y la violencia, hacen augurar tiempos muy oscuros y sombríos para la mayoría ciudadana».

Cuando se cierra esta nota, aún no hay informaciones confirmadas de la cantidad de personas heridas y detenidas por Carabineros en Santiago y en las principales ciudades del país donde se realizaron movilizaciones por las necesidades sociales que amplios sectores de la población resienten duramente, más allá de borradores constitucionales y programas de gobierno incumplidos. Sí, en efecto, se sabe de la detención de la comunicadora y corresponsal de un prestigioso medio extranjero, Carola Trejo, arbitrariedad que ha sido profusamente denunciada por las redes sociales.

Si un gobierno es su programa, este gobierno ya finalizó. Las reformas comprometidas en materia tributaria, de seguridad social y laboral, salud, vivienda y educación, diseñadas y pactadas con los grandes grupos económicos y con el gremio patronal agrupado en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), mediante el ministro de Hacienda y exjefe del Banco Central durante una década, Mario Marcel, ya no tienen nada que ver con los cambios originales, mientras sus costados más progresivos han sido sacrificados en el altar del manido argumento de no desincentivar la inversión. Por el contrario, en un intento vano y sobreideologizado de intentar apreciar el peso respecto del dólar, el Banco Central ha quemado 25 mil millones de dólares de las reservas fiscales en el mercado de divisas, sin éxito: un dólar persiste en mantenerse a alrededor de mil pesos chilenos. Asimismo, las tasas de política monetaria, dogmáticamente, se han elevado hasta 11,25 por ciento, con el supuesto objetivo de aminorar una inflación galopante que hacia fines de 2022 se calcula en alrededor de un 15 por ciento acumulada, encareciendo los créditos productivos y precipitando con más saña una crisis multifactorial y recesión abierta que están costeando las clases trabajadoras y el pueblo a través de la caída del salario, el empeoramiento de sus condiciones laborales y la destrucción sistemática de lo que resta de sindicalización con capacidad de negociación en el país.

Tal como los procedimientos coactivos para enfrentar el derecho a manifestarse, que incluyen la militarización multiplicada de los territorios ancestrales mapuche y el uso de los tribunales como medio complementario de la represión contra las disidencias, así también el capitalismo neoliberal y su crisis, pronosticada para Chile como la de peores consecuencias del continente por el FMI, se intensifica por minuto el descontento social, económico y político. El gobierno de Boric autoproclamado progresista, pero sin proyecto de desarrollo propio ni fuerzas sociales que lo sostengan, perdió tempranamente el consenso social y sólo se está dedicando a administrar el garrote, cuando ya carece de recursos para zanahorias.

A tres años del inicio de la revuelta social, este 18 de octubre de 2022, en la Plaza Dignidad de Santiago de Chile, hito que determina la rotura abismal entre la ciudad empobrecida y la ciudad aparentemente satisfecha, la administración de La Moneda, indiferentemente del gobierno anterior, hizo gala de un despliegue multitudinario de los cuerpos de las fuerzas especiales de carabineros y sus blindados de última generación.

Leal a la vocación histórica del Estado autoritario, conservador y racista de Chile, la administración Boric, tal como anunció su presidente por cadena nacional de medios masivos de comunicación, llevó a las calles del país a 25 mil efectivos policiales. Se desconoce el número desplegado de la policía civil y del lumpen que ya en otras ocasiones ha operado en el marco de manifestaciones sociales con la anuencia y vínculos estrechos con los uniformados (¿la tercerización de la violencia paraestatal?), incluso usando armas con munición real, como en la zona de la Estación Central de Santiago el pasado primero de mayo, donde fue asesinada la periodista Francisca Sandoval en medio de protestas populares.

Sin mediar provocaciones, la artillería policial mantuvo el entorno de la Plaza Dignidad permanentemente gaseado de bombas lacrimógenas, dispersando gente a punta de violentos pistonazos de los carros lanza-aguas dirigidos sobre el cuerpo de los manifestantes que incluso se encontraban en las aceras peatonales.

Al respecto, mediante un audio, Carmen Soria, hija del diplomático Carmelo Soria asesinado por la dictadura en 1976, señaló que, «yo estoy en Plaza Dignidad y ustedes (el gobierno) son una vergüenza. Tienen a la policía reprimiendo con gas pimienta, guanacos y zorrillos. Están igual que (el gobierno de) Piñera. Son unos «progres» que les están lamiendo las botas a la Concertación. Y el discurso de Boric es el de un demagogo peligroso. Lamento profundamente haber votado por ustedes. Tienen la Plaza Dignidad sitiada, ni siquiera dejan manifestarse».

Por su parte, el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, aseguró que, «hemos presenciado en las distintas ciudades, como Santiago, Concepción, Valparaíso y otras, escenas muy similares a las que vivimos hace tres años durante el gobierno de Piñera. La misma estrategia de copamiento, por ejemplo, de la Plaza Dignidad, con una cantidad desproporcionada de policías, con su misma brutalidad policial e intransigencia», y agregó que, «si a alguien le faltaban elementos para terminar de convencerse de la continuidad de las políticas neoliberales y represivas, además de la subordinación del actual gobierno a los grandes poderes transnacionales y al gran capital, hoy tiene una prueba más de ello. Las esperanzas populares han sido profundamente defraudadas y lo que viene en los próximos tiempos no es para nada alentador. Este cuadro represivo, esta forma impúdica de cubrir las brutalidades policiales, so pretexto de que se trata de un cuerpo al servicio de la ciudadanía destinado a combatir el crimen y la violencia, hacen augurar tiempos muy oscuros y sombríos para la mayoría ciudadana».

Cuando se cierra esta nota, aún no hay informaciones confirmadas de la cantidad de personas heridas y detenidas por Carabineros en Santiago y en las principales ciudades del país donde se realizaron movilizaciones por las necesidades sociales que amplios sectores de la población resienten duramente, más allá de borradores constitucionales y programas de gobierno incumplidos. Sí, en efecto, se sabe de la detención de la comunicadora y corresponsal de un prestigioso medio extranjero, Carola Trejo, arbitrariedad que ha sido profusamente denunciada por las redes sociales.

Si un gobierno es su programa, este gobierno ya finalizó. Las reformas comprometidas en materia tributaria, de seguridad social y laboral, salud, vivienda y educación, diseñadas y pactadas con los grandes grupos económicos y con el gremio patronal agrupado en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), mediante el ministro de Hacienda y exjefe del Banco Central durante una década, Mario Marcel, ya no tienen nada que ver con los cambios originales, mientras sus costados más progresivos han sido sacrificados en el altar del manido argumento de no desincentivar la inversión. Por el contrario, en un intento vano y sobreideologizado de intentar apreciar el peso respecto del dólar, el Banco Central ha quemado 25 mil millones de dólares de las reservas fiscales en el mercado de divisas, sin éxito: un dólar persiste en mantenerse a alrededor de mil pesos chilenos. Asimismo, las tasas de política monetaria, dogmáticamente, se han elevado hasta 11,25 por ciento, con el supuesto objetivo de aminorar una inflación galopante que hacia fines de 2022 se calcula en alrededor de un 15 por ciento acumulada, encareciendo los créditos productivos y precipitando con más saña una crisis multifactorial y recesión abierta que están costeando las clases trabajadoras y el pueblo a través de la caída del salario, el empeoramiento de sus condiciones laborales y la destrucción sistemática de lo que resta de sindicalización con capacidad de negociación en el país.

Tal como los procedimientos coactivos para enfrentar el derecho a manifestarse, que incluyen la militarización multiplicada de los territorios ancestrales mapuche y el uso de los tribunales como medio complementario de la represión contra las disidencias, así también el capitalismo neoliberal y su crisis, pronosticada para Chile como la de peores consecuencias del continente por el FMI, se intensifica por minuto el descontento social, económico y político. El gobierno de Boric autoproclamado progresista, pero sin proyecto de desarrollo propio ni fuerzas sociales que lo sostengan, perdió tempranamente el consenso social y sólo se está dedicando a administrar el garrote, cuando ya carece de recursos para zanahorias.