Enrique Santiago: «El reconocimiento de Palestina como Estado está en la agenda y se va a conseguir»

Sobre su primer año como diputado de Sumar por Córdoba; El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, y otras iniciativas para frenar el genocidio sionista; la posibilidad de una solución negociada en la guerra de Ucrania; La reforma la Ley de Seguridad Ciudadana, o su última versión manufacturada por el PP, más conocida como “ley mordaza”; La reciente toma en consideración de una ambiciosa Proposición de Ley Orgánica para que el estado español recupere la protección de los Derechos Humanos y la jurisdicción universal; las movilizaciones y reivindicaciones de agricultores y ganaderos en las últimas semanas; Y el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte de administraciones que se resisten a eliminar símbolos de la dictadura franquista.

Las cuestiones

• De los 193 Estados integrantes de las Naciones Unidas, 139 han reconocido el Estado de Palestina. Sin embargo, en esa lista de países no está Estados Unidos ni la mayoría de los países europeos. Sí en cambio China o Rusia. El reconocimiento por parte de España podría animar a otros países europeos a seguir esa senda, pero debería llegar cuanto antes. ¿Este reconocimiento es inminente o tendremos que esperar a que el PSOE se decida? ¿Qué otras iniciativas podrían resultar útiles para detener la agresión israelí?
• De la misma manera, ¿Cree que es el momento de una solución negociada en la guerra de Ucrania? ¿Qué opina de la retórica belicista creciente en las últimas semanas en los medios de comunicación en general? Es un comportamiento temerario e irresponsable… ¿Cuál cree que es la pretensión cuando ciertos políticos y medios tocan tambores de guerra?
• Regresamos a la política nacional. Hace unos días, Amnistía Internacional aseguró que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, se ha comprometido a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”. Ha dicho “reformar”, no “derogar”, tal y como prometió Pedro Sánchez en repetidas ocasiones en el pasado. ¿Podremos ver esa ley profundamente recortada este año? ¿Qué aspectos se suprimirían y cuáles se mantendrían?
• El pasado mes de febrero salió adelante en el Congreso la toma en consideración de una ambiciosa Proposición de Ley Orgánica para la protección de los Derechos Humanos y la jurisdicción universal en España, cercenada en 2009 por el PSOE y rematada en 2014 por el PP. Esto devolvería a la justicia española las herramientas necesarias para perseguir la impunidad de graves crímenes contra la humanidad. ¿Cuál es el camino que debe recorrer esta Proposición de Ley y en qué fecha podría salir adelante? ¿Podrían retomarse investigaciones de la mano de la Audiencia Nacional archivadas en 2014? ¿Podrían investigarse los crímenes que Israel perpetra aún hoy y desde hace meses contra el pueblo Palestino?
• En las últimas semanas estamos asistiendo a movilizaciones de agricultores y ganaderos por todo el país. Sus reivindicaciones son de lo más variopintas, desde cuestiones estructurales y de profundo calado, como garantizar precios justos en origen, hasta cuestiones sin sentido divulgadas desde la extrema derecha, como “acabar con la agenda 2030”. ¿Qué medidas podrían implementarse desde su punto de vista a corto, medio y largo plazo, para revitalizar el sector?
• En el contexto de cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, estamos observando como diferentes administraciones la incumplen reiteradamente, sobre todo en asuntos relativos a retirada de símbolos que enaltecen la dictadura franquista o el fascismo. En Córdoba, por ejemplo, del informe de expertos tenemos la restitución del nombre de Plaza Cañero después de haberse nombrado por poco tiempo Plaza de Derechos Humanos, o la calle Cruz Conde, repuesta tras retirar calle Foro Romano. ¿Cómo se podría hacer cumplir la ley? ¿Hay que ampliar sanciones?

Algunas de las reflexiones de Enrique Santiago;

«Aznar indultó a 1.400 condenados, dejando sin efecto sentencias de los tribunales».

«Tenemos que perder desgraciadamente mucho tiempo en garantizar simplemente el respeto a las normas del juego democrático, pero es lo que ocurre en todas partes del mundo con la llegada de la ola reaccionaria, que niega la realidad y utiliza la mentira como arma».

«El reconocimiento de Palestina como Estado está en la agenda y se va a conseguir».

«España ya ha pedido a la Unión Europea la suspensión de los convenios con Israel».

«La invasión rusa es contraria al derecho internacional, evidentemente, pero también hemos advertido que esto ha sido la crónica de una guerra anunciada».

«La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no puede estar supeditada a reformar otras leyes que no son de seguridad ciudadana. La anterior legislatura cayó […] porque hubo fuerzas políticas que de una forma inadecuada se empeñaron en aprovechar esta reforma para criticar las leyes de extranjería o las leyes de policía».

«Respecto a la legislación sobre la jurisdicción internacional, vamos a intentar volver al modelo de 1985 […] y sobre todo aportar nuevos tipos de delitos que puedan ser perseguibles sobre justicia universal que no estaban ni siquiera en la ley de 1985, por ejemplo el delito de trata de personas o actuaciones más rápidas y un mayor abanico de competencias para los tribunales españoles en casos de delito de genocidio como el que estamos viviendo ahora mismo en Gaza, para que se pueda operar inmediatamente ante la ausencia de respuesta de los tribunales internacionales».

«El control de precios en la cadena alimentaria tiene que ser mucho más eficaz, porque no se están poniendo los mecanismos eficaces para que esto ocurra. Lo que no puede ser es que las semillas, los fertilizantes, las herramientas… todo esté en manos de tres o cuatro empresas, las mismas que a su vez ya controlan toda la cadena de distribución».

«Tenemos que desarrollar el reglamento de la Ley de Memoria, y ya estamos en contacto dentro del marco del Gobierno de coalición, desde el Ministerio de Secretaría de Estado y Memoria Democrática, ahora en el Ministerio de Administración Territorial, para que se impulsen esas tareas […] las penalizaciones de este tipo de comportamientos [apología de la dictadura, el fascismo…] y la obligatoria resignificación de todo lo que pueda emular o recordar a la dictadura».