La vivienda como negocio, no como derecho

‘Como las viviendas obreras situadas en el centro de la ciudad tienen unos precios de alquiler que no pueden pasar de cierto máximo, son derribadas para construir otro tipo de edificios(tiendas, almacenes,…). Los obreros se desplazan del centro a la periferia y las viviendas obreras son cada vez más escasas y caras. La industria de la construcción encuentra en la edificación de casas de alquiler elevado un campo de especulación infinitamente más favorable’. Estas letras las escribió en 1872 Federico Engels, el compañero de Carlos Marx, dentro de una obra más amplia(Contribución al Problema de la Vivienda) relativa a la crisis habitacional que sufrían la clase obrera y la pequeña burguesía de entonces. Llama la atención el parecido entre lo que describe este texto y lo que ocurre en la España actual, donde, sobre todo en las grandes ciudades, fondos buitre se hacen con inmuebles, expulsan a sus inquilinos no renovando sus contratos de alquiler, reforman las casas y las venden mucho más caras o las destinan a pisos turísticos. Ello incide en el endémico problema de la falta de arrendamientos asequibles que sufrimos, agravado por la vorágine especulativa que en las últimas décadas se ha adueñado del sector inmobiliario, conformando un panorama en este país, en lo tocante a la vivienda, incluso peor que el de la Europa del siglo XIX, donde los trabajadores podían trasladarse a la periferia, mientras que ahora un enfermero de Ciudad Real no puede viajar a Baleares a trabajar porque sencillamente no tiene posibilidad alguna de encontrar alojamiento.

Sigamos echando un vistazo a lo que nos cuenta el cofundador del marxismo: ‘los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades mucho más deprisa de lo que se edifica para ellos, de suerte que siempre se encontrarán arrendatarios para la más infecta de las pocilgas, en una sociedad en la que el propietario tiene no sólo el derecho, sino también el deber, de exigir los más elevados alquileres’. De seguro que estos obreros de hace más de 150 años no tendrían nada que envidiar a la situación, publicada hace unos días, de esos siete inquilinos madrileños que compartían un espacio de 50 metros cuadrados, dividido en cuatro cuartos, por el que pagaban 1.800 euros mensuales. Una ‘pocilga infecta’ que evidencia el escaso grado de civilización alcanzado por un capitalismo español que en este asunto, y en algunos más, parece ubicarse en el período previo a la conformación de ese Estado Social y Democrático de Derecho que, en teoría, disfrutamos desde 1978.

Concluyamos la lectura del filósofo y revolucionario alemán: ‘Ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar enseguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera penuria de la vivienda. Esto sólo puede lograrse expropiando a los actuales poseedores…’. Nuevamente, aquél parece estar refiriéndose a nuestro país en estos tiempos, donde existen 3,7 millones de viviendas vacías, cuyos propietarios están reteniéndolas con fines especulativos. Con la Constitución en la mano, el Estado podría expropiar parte de aquéllas, pagando el justiprecio correspondiente, a fin de dotarse, junto a la construcción de las que se requiriesen, de un contingente público en régimen de alquiler que supusiera el 20% del parque total, como recoge al acuerdo PSOE-Sumar, del que, tras su firma, nunca más se supo. Ahora existen 290.000 viviendas públicas, el 2,5% del total. Nos falta multiplicar por 10 esa cifra para resolver el problema y equipararnos a los países de nuestro entorno. El PSOE ha propuesto poner en el mercado 184.000 más y avalar desde el Estado, en caso de compra, el 20% del valor del inmueble que no cubre el banco. La primera medida es escandalosamente insuficiente y la segunda provocará un aumento de la demanda, que no de la oferta, con dinero público subvencionando a los promotores inmobiliarios. Los de Sánchez olvidan(quizá nunca lo hayan considerado dado el peso de las ideas liberales en su ejecutivo) que mientras la oferta de vivienda esté fundamentalmente en manos del sector privado, éste orientará su inversión hacia el tipo de edificación que maximice sus ganancias, fundamentalmente hacia las viviendas de lujo y los pisos turísticos. Por la misma razón, topar, como contempla la Ley de Vivienda, los precios del alquiler es una medida estéril si no se acompaña de la irrupción en el mercado de un número importante de arrendamientos.  Otro hándicap relevante para que exista abundancia de éstos es la responsabilidad en su generación que el Estado ha puesto en manos de Administraciones autonómicas, cuyo signo ultraliberal está reñido con todo lo público. Así, en la Región de Murcia, el ejecutivo de López Miras no ha dedicado ni un euro a este capítulo entre 2019 y 2023.

La carestía y escasez de viviendas no sólo golpean a quienes aspiran a una vida digna, particularmente a una juventud que ha perdido toda esperanza de emancipación, sino al conjunto de la economía. Primero, restringiendo la movilidad laboral, como hemos visto en el ejemplo de quien se queda sin trabajo porque no tiene donde vivir. Segundo, porque los elevados gastos de alquiler(y compra) restringen la renta de las familias y, por consiguiente, su capacidad de compra, perjudicando al resto de sectores económicos, que así transfieren recursos al sector inmobiliario, detrás del cual están los bancos y los fondos buitre, es decir, el capital financiero.

Es el poder que éste ha mantenido en la sociedad española lo que subyace a la difícil situación que afecta a millones de personas, para las que no ha existido el siglo XX en lo que hace a las políticas de vivienda que, con mayor o menor fortuna, se han ido implementando en Europa, con éxitos como el de Viena, donde más de la mitad de su población reside en casas con algún grado de protección social. Embridar este capitalismo especulativo para garantizar el derecho a disponer de una morada digna es una asignatura pendiente, que suspende reiteradamente, para la izquierda española. La derecha ni la lleva en su plan de estudios.
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