El Pacto de la Curva continúa: Cómplices que suman premios y víctimas sin Justicia, ni investigación independiente

Angrois: 80 muertos y 144 heridos.

Once años y seguimos esperando justicia. Once años de lucha tratando de destapar todo lo que hay detrás de esta tragedia evitable, peleando contra el Estado y las instituciones implicadas, que han tratado por todos los medios de culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista, y de contaminar a la opinión pública para ocultar las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad.

La maquinaria del Estado ha “trabajado” ocultando y demorando la entrega de informes, con el cambio de juez por el CGPJ, la Xunta imponiendo peritos, la fiscalía dando un giro inesperado y la abogacía del Estado, defendiendo al Adif.

El ex ministro Blanco publicitó que la línea de AVE contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia. Cambióelproyectooriginalpor las prisas, suprimiendo el sistema de seguridad en el tramo más peligroso.

La ex ministra Ana Pastor prometió una investigación independiente y colaborar. Varios autos señalaron la falta de colaboración de Fomento, Renfe y Adif. Presionó a la UE para ocultar el informe que desmontaba la verdadoficial: que se hizo una investigación independiente y que el maquinista era el único responsable. Durante su mandato se desconectó el sistema de seguridad ERTMS porque generaba retrasos y se obvió un aviso por escrito de un jefe de maquinistas advirtiendo del peligro de la curva.

Tanto para certificar que la línea era segura, pese al cambio del proyecto que rebajó la seguridad, como para la desconexión del sistema de seguridad ERTMS hacía falta alguien que firmara: Cortabitarte, ex-director de seguridad de Adif.

La razón de Estado suponía proteger al Adif, a la Alta Velocidad, y por ende a Cortabitarte. Hace un año el fiscal Mario Piñeiro, para sorpresa de todos, retiró la acusación a Cortabitarte sin ninguna razón de peso. Pasó de pedir 4 años y de afirmar que “el trágico accidente no hubiese sucedido» si se «hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso » y que «tenía que garantizar que la línea era segura», pero «no lo era», a retirar la acusación.

El fiscal dijo “que probablemente no había conseguido trasladar porque antes decía una cosa y ahora otra”. La explicación que dimos a este giro era sencilla, el Fiscal, dependiente del Gobierno, estaba acusando a un organismo (Adif) que pertenece al Estado, y al que precisamente defiende la propia Abogacía del Estado, dependiente del gobierno, y cuya responsable, Consuelo Castro, fue nombrada tras afirmar que el juez Aláez, estaba haciendo una “inquisición general “ contra Adif en el juicio. Seguramente una llamada corporativa del Fiscal General le hizo cambiar de opinión, más aún cuando conocimos hace unos días que propuso a Mario Piñeiro, como fiscal en la Sección Penal del Tribunal Supremo. Un nuevo premio a los cómplices.

El Sr. Cortabitarte fue perito judicial del accidente del metro de Valencia, (2006) con 43 muertos y 47 heridos- y afirmó que una baliza hubiera evitado el accidente. Conocía la importancia de controlar los excesos de velocidad y tuvo evidencia de la posibilidad de un fallo humano y sus consecuencias catastróficas.

En 2011, el Sr. Cortabitarte fue alertado por las empresas constructoras del riesgo de descarrilamiento por exceso de velocidad en la curva de Angrois, el Sr. Cortabitarte incumplió la normativa, al no realizar el análisis de riesgos en dos ocasiones:

• Al emitir personalmente el «Certificado de Seguridad», sin el cual la línea de alta velocidad 082 no podría entrar en servicio.
• Autorizando la desconexión del sistema de seguridad por los retrasos que generaba. Dos acciones, que son de extrema gravedad y causa directa del accidente.

Gracias a nuestras demandas, la UE abrió un procedimiento de infracción a España por incumplimiento de la normativa de seguridad, en concreto por las deficiencias en la gestión y mitigación de riesgos, que es por lo que está imputado Cortabitarte.

Pese a todo lo anterior, en su última maniobra, la fiscalía afirma que la llamada corporativa que tenía que atender el maquinista es la única causa del accidente.

Una vez más, el Estado vuelve a la casilla de salida, al pacto de la curva de los diferentes gobiernos para señalar al maquinista. Los diferentes gobiernos han eludido cumplir con la obligación de llevar a cabo una Investigación técnica independiente, tal y como ha venido reclamando la UE.

Sin obviar el despiste del maquinista por la llamada, el cual se produce en cuestión de segundos, hay mayor responsabilidad en Cortabitarte, que, como dijo el fiscal antes de su inesperado giro de guion, no cumplió con su deber dentro de Adif de “garantizar que la línea era segura” y desconectó el sistema de control de velocidad, “sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación”

En memoria de los 80 muertos y 144 heridos, y para que no vuelva a suceder:

EXIGIMOS JUSTICIA