Declaración de Apoyo a la Carta de Derechos Humanos y Denuncia de su Violación en el Estado Español

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, constituye un pilar fundamental para garantizar los derechos y libertades de todas las personas. Este documento, que celebra 76 años de existencia, recoge en sus 30 artículos los principios básicos e inviolables de dignidad y justicia universal.

En este marco, España reafirmó su compromiso con los derechos humanos al firmar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en 1977, ratificado en 1979. Sin embargo, a las puertas de 2025, denunciamos que este compromiso se encuentra gravemente comprometido. Las vulneraciones de los derechos humanos en el Estado español afectan múltiples esferas de la vida y deben ser abordadas de manera inmediata.

Ejemplos de vulneraciones significativas 

Libertad de expresión

• La persecución y encarcelamiento de artistas, raperos y usuarios de redes sociales por expresarse a través de su arte o por supuestos «enaltecimientos del terrorismo» y «ofensas religiosas» representan un retroceso alarmante en el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Derecho a la protesta pacífica

• Manifestantes pacíficos, incluidos pensionistas, sindicalistas y antifascistas, son identificados, multados y en algunos casos encarcelados por participar en acciones legítimas en defensa de derechos humanos.
• La «Ley de Protección Ciudadana» de 2015, conocida como Ley Mordaza, sigue siendo utilizada para limitar derechos básicos como la libertad de reunión y expresión, a pesar de las promesas del actual gobierno de derogarla desde hace más de ocho años.

Violencia de género y derechos de las mujeres

• La violencia machista sigue cobrándose decenas de vidas al año, mientras persisten brechas significativas en el acceso a medidas de protección efectiva, salarios, pensiones y condiciones sociales y laborales especialmente para las mujeres de colectivos vulnerables.

Derechos de inmigrantes y solicitantes de asilo

• Las prácticas de «devoluciones en caliente» en Ceuta y Melilla vulneran derechos fundamentales al negar procedimientos legales a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
• Las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) han sido denunciadas reiteradamente por organizaciones internacionales y nacionales.

Discriminación y racismo estructural

• Comunidades como las personas afrodescendientes y gitanas enfrentan barreras persistentes en acceso a la educación, empleo y vivienda. Este racismo estructural profundiza la exclusión social y perpetúa la desigualdad.

Derechos laborales y sociales

• La precariedad laboral, especialmente en sectores como la agricultura y el empleo doméstico, afecta de manera desproporcionada a mujeres y personas migrantes. Estas prácticas atentan contra el derecho al trabajo digno y al acceso a la seguridad social.

Actuación de las fuerzas de seguridad

• Existen numerosos casos documentados de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en protestas y en la gestión de migrantes en las fronteras. Estas prácticas constituyen una violación al derecho a la integridad física y a la protesta pacífica.

Compromiso y exigencias

En COESPE, defendemos de manera inquebrantable los derechos inalienables de todas las personas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Condenamos enérgicamente todas las acciones que vulneren estos derechos y exigimos a las instituciones públicas del Estado español que cumplan de forma inmediata con los compromisos internacionales adquiridos.

En este sentido, demandamos:

• La derogación urgente de normativas como la Ley Mordaza y cualquier legislación que limite derechos fundamentales.
• Medidas efectivas para erradicar la violencia de género, garantizar la protección de las víctimas y promover la igualdad de género.
• El cese de las devoluciones en caliente y el respeto a los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, conforme al derecho internacional.
• Garantías de libertad de expresión para artistas, activistas y ciudadanía en general, sin represalias ni persecución judicial.
• La implementación de políticas activas contra el racismo estructural y la discriminación, asegurando igualdad de oportunidades para todas las comunidades.
• La mejora de las condiciones laborales, especialmente en sectores vulnerables, garantizando un trabajo digno y seguridad social para todas las personas trabajadoras.
• Formación y supervisión de las fuerzas de seguridad para prevenir el uso excesivo de la fuerza y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Recordamos que España sigue siendo parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Instamos al Gobierno y a la Jefatura del Estado a cumplir cabalmente con sus obligaciones y a trabajar activamente para que los derechos humanos no sean solo principios escritos, sino realidades tangibles para todas las personas que viven en este país.

Porque los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables, exigimos su total respeto y cumplimiento en el Estado español.

¡Gobierne quien gobierne los servicios públicos, los derechos y las pensiones públicas se defienden!

Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)