Alerta ante posibles acciones violentas de la derecha venezolana a partir del 1º de septiembre

La oposición venezolana, congregada en torno a la llamada Mesa de Unidad (MUD), ha convocado para este jueves 1º de septiembre una movilización nacional, a la que ha denominado “toma de Caracas”. En nuestro país, el libre ejercicio de la manifestación de ideas políticas no sólo está plenamente garantizado, sino que es sumamente dinámico: Venezuela es, desde 1999, una

vibrante democracia participativa, protagónica y plural. Todas las opciones políticas pueden ejercer su derecho de participación por las vías amparadas en la Constitución y las leyes, para la sana y pacífica convivencia de los conciudadanos.

En este contexto, el gobierno nacional está, actualmente, llevando adelante todas las medidas necesarias para garantizar laseguridad y el orden público, que permita el buen desenvolvimiento del legítimo derecho de manifestación y de expresión.

Esta convocatoria ha sido realizada por la MUD con la excusa de exigir la celebración de un Referéndum Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Al respecto, es necesario referir algunas consideraciones:

•  Los Referéndums Revocatorios están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y regulados por Leyes y normas específicas (actualizadas en 2007), y ya han sido puestos en práctica en distintas ocasiones, incluyendo uno contra el presidente Hugo Chávez en 2004.
• El órgano encargado del procedimiento es el Consejo Nacional Electoral (CNE), parte del Poder Electoral, uno de los cinco poderes públicos independientes del país.
•  La oposición pudo comenzar el proceso para solicitar el referéndum desde el 11 de enero de 20016 y no lo hizo.
•  Desde que el 14/4 la MUD introdujo la solicitud para iniciar la Etapa I, relativa a la legitimación de la organización solicitante del Referéndum, el CNE ha informado constantemente sobre el desarrollo del proceso.
•  El 9 de agosto, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, explicó detalladamente los pasos que se han concretado hasta ahora y repasó públicamente el cronograma con las fechas estimadas, en función de los plazos normados, hasta el final de la segunda Etapa, que quedaría fijada para principios de 2017, si los solicitantes recogen el 20% de las firmas del RE.
• La solicitud actual de sectores opositores de un REFERÉNDUM REVOCATORIO NO HA SIDO I M P E D I D O P O R ELESTADO VENEZOLANO . SE ESTÁN SIGUIENDO CABALMENTE LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS. Los poderes públicos nacionales no pueden bajo ningún concepto operar por presiones particulares.

Como en todo Estado de derecho han de garantizar el respeto a la Ley y el bien común de la nación.

Ÿ Por tanto, llama la atención que el motivo principal de la convocatoria sea la exigencia de un derecho cuyo cumplimiento está plenamente garantizado y se está desarrollando.

(Ver documento El Referéndum Revocatorio y la Oposición venezolana).

El Gobierno tiene el deber de alertar que la agenda opositora viene contemplando el uso de propaganda de guerra, violencia callejera, y acciones de impacto que movilicen a la opinión pública internacional a su favor, por lo que se teme que estén buscando generar muertes.

Se alerta incluso que el objetivo último podría ser justificar algún tipo de golpe de Estado. Los voceros de los partidos opositores convocantes repiten que se tratará de un “punto de quiebre”, de “inflexión” o de “no retorno”; un “hito en la historia de Venezuela, un antes y un después”, y anuncian la movilización como el “inicio de una nueva etapa de presión social”. Y van preocupantemente más allá cuando afirman que “vamos a exigir la fecha del revocatorio, si no, el pueblo va a hacer valer el artículo 350 de la Constitución (desobediencia civil)”. Adicionalmente, han arreciado los mensajes amenazantes e intimidatorios contra la directiva del CNE, sobre todo contra la presidenta Lucena, amenazada de muerte en reiteradas oportunidades.

La historia reciente nos obliga a estar atentos respecto a las acciones opositoras promovidas a partir del 1º de septiembre. En el marco de un ambiente crispado, promovido por sectores radicales de la oposición, esa marcha puede ser utilizada para fines muy graves. Hay que recordar cómo ha procedido la oposición en el pasado reciente:

• En abril de 2002 la derecha dio un golpe de Estado contra el presidente Chávez, con un saldo de 19 personas asesinadas y decenas de heridos. Como se constató en todas las investigaciones, la violencia fue promovida por los sectores golpistas.
• En abril de 2013, luego de que Nicolás Maduro fuera elegido como presidente, la oposición llamó a desconocer los resultados de forma violenta, dejando un saldo de 11 personas asesinadas.
•  Entre febrero y junio de 2014, la oposición, encabezada por Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos (entre otros), emprendieron acciones desestabilizadoras que incluyeron el uso de métodos violentos –guarimbas-, en un plan conocido como “La Salida”, que dejó 43 personas asesinadas y más de 800 lesionadas.

La llamada “toma de Caracas”, que aspira movilizar gente de todas partes del país, cuenta con apoyo financiero de la derecha nacional y extranjera, y es avalada por los medios de comunicación transnacionales.

Como dato a tener en cuenta, esa misma prensa obvia flagrantemente las multitudinarias manifestaciones recientes de apoyo al Gobierno encabezado por el presidente Maduro.

Los altavoces mediáticos internacionales a favor de la oposición venezolana están siendo activados a través de la convocatoria en distintos lugares del mundo (incluyendo el Estado español), de réplicas de la “Toma de Caracas”: en Madrid, el 4-S; en Barcelona, Valencia, Tenerife y Gran Canaria, el 3-S.

Pese a la gran presión social a la que está sometido el pueblo venezolano, en el contexto de guerra económica inducida por la derecha nacional en alianza con sectores internacionales, el llamado del Gobierno es a no caer en provocaciones, a no alimentar escenarios de confrontación, a seguir impulsando espacios de diálogo y a continuar el camino de la construcción de un proceso de transformación social en paz.