Lucia Converti •  Opinión •  30/09/2016

Colombia: de la economía del conflicto a la del posacuerdo

La agenda política de Colombia se encuentra centrada, y con razón, por la resolución del conflicto entre el gobierno de Santos y las organizaciones guerrilleras. Importantes actores internacionales se encuentran involucrados en el proceso y hay mucha expectativa tanto local como internacional puesta en el posacuerdo. En este sentido resulta interesante desarrollar un análisis sobre la economía de Colombia en los últimos años y el modelo propuesto por los últimos gobiernos y sus resultados, para de este modo evaluar las expectativas económicas sobre el posconflicto.

El modelo neoliberal fue el elegido por los sucesivos gobiernos colombianos desde la década del 90. Este modelo apuesta a la libre movilidad de bienes y de capitales, pero no de personas. Apuesta a garantizar la renta y la ganancia de los empresarios, pero a costa de los recursos nacionales y el salario de los trabajadores. Apuesta a las altas tasas de interés para atraer capitales financieros extranjeros en vez de permitir con una tasa de interés baja el acceso a la inversión de los productores locales. Y apuesta desde las economías desarrolladas, a la dependencia de las economías en desarrollo, vía crédito, vía importaciones, vía inversiones.

La economía colombiana es primario exportadora, y se concentra en la producción y exportación de café, petróleo, carbón, ferroníquel y distintas variedades frutícolas. La apertura económica sellada en Colombia con la firma de distintos tratados librecambistas, entre ellos la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, permite un fuerte ingreso de productos importados de primera necesidad para la vida de los colombianos y genera una gran dependencia de la evolución de las exportaciones y de la entrada de capitales extranjeros para mantener la estabilidad macroeconómica y que se retroalimente el círculo de inversión y crecimiento.

En los últimos 10 años, Colombia ha crecido a un ritmo promedio de 4,6% anual, con una caída en 2008 y 2009 por la crisis internacional y una desaceleración del crecimiento en 2015, año en el que se registró un crecimiento de 3,1%, coherente con la dependencia externa antes mencionada. Las exportaciones crecieron fuertemente su participación en el PBI hasta 2012, llegando a representar un 20%, y en 2013 empezaron a decrecer hasta representar en 2015 un 10,6% y una caída con respecto al año anterior de un 33%. Esta disminución se debió principalmente a la caída del precio del petróleo.  Las importaciones en cambio registraron un aumento constante hasta 2015, año en que disminuyeron un 14,5% con respecto al año anterior debido a la devaluación del peso colombiano que encareció las mismas. Sin embargo, en estos últimos 10 años la balanza comercial de bienes fue superavitaria hasta el 2014, pero si  sumamos el déficit de la balanza de servicios y el pago de intereses a la inversión y deuda externa, la cuenta corriente de Colombia es negativa desde el 2001. La compensación necesaria entonces para no perder reservas se da como mencionábamos en la cuenta financiera. La Inversión Extranjera ha llegado a representar entre 2011 y 2014 alrededor del 5% del PBI. Sin embargo, en 2015 esta cayó 1,3 puntos dejando la economía al borde del déficit de balance de pagos.

Estas señales muestran claramente la dependencia del modelo de la economía mundial, ante la crisis internacional en 2009 la economía colombiana sintió un fuerte impacto y lo mismo ocurre en este momento, tanto por la caída del precio del petróleo, como por la contracción del crédito externo. En 2015 la moneda se devaluó alrededor de un 37% tomando los promedios de tipo de cambio anual y venía devaluándose ya desde 2013. Como es sabido, las devaluaciones provocan inflación de precios y con ella el deterioro de los salarios reales. En este marco, las medidas económicas del gobierno se ven orientadas a cumplir con el manual de buena conducta neoliberal reduciendo el presupuesto de gastos anual y aumentando la tasa de interés y el IVA, todo lo contrario a aplicar medidas contracíclicas y de desarrollo del mercado interno que protejan la economía local de cara al pésimo panorama internacional.

En estos diez años de crecimiento, la tasa de desocupación se ha mantenido alrededor de un 10%, mostrando aumentos estacionales en el trascurso de los años y durante las crisis mencionadas. Sin embargo si profundizamos sobre este indicador, mirando los últimos datos disponibles de 2011 en el Ministerio de Trabajo, podemos ver que el 50% de esa población se encontraba sub-ocupada, y que de este 50%, el 56% son empleos informales. Sin consideramos que estos datos son de 2011, momento en que la economía crecía 6,6% anual, no es descabellado deducir un fuerte impacto en este momento de crisis sobre el empleo informal.

Al respecto, es importante mencionar que el sistema de seguridad social y de educación en Colombia mantiene la coherencia del modelo neoliberal, mercantilizando estos sistemas y dejando al sistema público un rol asistencial para aquellos que no pueden acceder. Estas características de los sistemas sociales profundizan la crisis cuando se deterioran las condiciones económicas. En este sentido el crecimiento de la economía no se refleja linealmente en las condiciones de vida de la población, ya que la concentración del ingreso sigue siendo una de las más altas de la región y la mortalidad infantil sigue siendo preocupante en zonas como Chocó, Cauca, Putumayo, Córdoba y La Guajira.

En este sentido, el acuerdo de paz abre una nueva oportunidad para repensar el modelo económico de Colombia. No sólo porque deje de ser el tema  más preocupante y pueda ponerse el foco sobre cómo el modelo afecta el desarrollo económico del país,  sino por la inversión necesaria para sostener los acuerdos de paz. El acuerdo garantiza puestos de trabajo para los excombatientes de las FARC, prevé una reforma agraria y el desarrollo económico de las zonas afectadas por el conflicto y destinadas al cultivo de drogas, promete un resarcimiento económico a quienes fueron víctimas de la guerra, mejoramiento de hospitales y escuelas y todo tipo de programas de prevención sobre drogas. Se estima que se necesitarán unos 3.300 millones de dólares para garantizar el acuerdo, este importe representa casi el 1% del PBI de Colombia. Entre la Unión Europea y EE. UU. ya han prometido el aporte de más de mil millones, habrá que ver con que condicionalidad.

Bajo este contexto de tener que cumplir un acuerdo que garantice el acceso de miles de ciudadanos a un empleo y condiciones de vida digna, a lo que se une un entorno económico complejo, Colombia deberá decidir entre la apuesta por un modelo basado en un desarrollo productivo diversificado, en el fortalecimiento de un mercado interno que impulse la creación de nuevos puestos de trabajo y una apuesta decidida por la inclusión social, o, por otro lado, seguir apostando al modelo de la dependencia económica y el atraso que ha generado tanta desigualdad. El camino elegido marcará sin duda la capacidad del gobierno para sostener y fortalecer la paz en Colombia.

Lucia Converti es Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del CELAG.

Fuente: CELAG


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