La lógica del golpe interno en el PSOE

Un golpe interno para facilitar con su abstención la continuidad del gobierno de Rajoy. Eso es, en definitiva, lo que ha desencadenado finalmente la crisis contenida del PSOE después de su sexta derrota electoral tras las elecciones autonómicas vascas y gallegas. Pero el instrumento utilizado para poner fin en las próximas semanas al “empate estratégico” surgido tras las elecciones  generales del 20 de noviembre de 2015 es un reflejo de la profundidad de la crisis del régimen del 78. Incapaces de construir una coalición de gobierno tanto el PP como el PSOE –el primero por el rechazo social a las políticas de austeridad, el segundo por las “líneas rojas” auto-impuestas que excluyen a independentistas vasco y catalanes, pero también a Unidos Podemos-, al final han tenido que recurrir a métodos extraparlamentarios para alcanzar lo que en definitiva no es sino una Gran Coalición vergonzosa: un gobierno minoritario del PP apoyado en la abstención de un PSOE abierto en canal en el altar de la estrategia del mal menor.

La condición necesaria para que se haya desencadenado el golpe interno en el PSOE, una crónica anunciada desde hace meses a golpe de editorial del diario El País, ha sido la progresiva desmovilización de las izquierdas. Primero en el ciclo de resistencias sociales abierto por el 15 M en 2011 hasta comienzos de 2014 y, posteriormente, en el ciclo electoral desde su irrupción en las elecciones municipales y autonómicas de 2014 hasta las autonómicas vascas y gallegas este 25-S, con su punto mas alto en las generales del 20 de diciembre de 2015 y la perdida de un millón de votos por Unidos Podemos en las del 26 de junio de 2016.

Por lo tanto, es fundamental identificar las causas de la erosión de la capacidad de movilización de las izquierdas y porqué las clases dominantes y sus representantes políticos en el régimen del 78 han optado, a pesar del evidente coste político, por la opción de una Gran Coalición vergonzosa y no esperar tres meses a unas terceras elecciones generales en las que muy probablemente hubiera sumado los seis escaños necesarios para una mayoría absoluta de una coalición de PP y Ciudadanos.

“¡Primero hay que dar un gobierno a España…

Puestas las cartas encima de la mesa con la intervención de Pedro Sánchez el lunes  26 de septiembre, que conducía muy probablemente a unas terceras elecciones generales, la respuesta de Susana Díaz, arropada por el Comité Director ampliado del PSOE de Andalucía, fue acabar con las ambigüedades y establecer claramente sus prioridades políticas con todas sus consecuencias: “Primero hay que dar un gobierno a España y luego abrir un debate profundo en el PSOE”.

La urgencia de gobierno en este contexto solo podía ser la Gran coalición vergonzosa, la abstención de los diputados socialistas y la violación de la primera parte de las “líneas rojas” del Comité federal de diciembre de 2015.

Los nueve meses de gobierno Rajoy en funciones han supuesto una importante erosión de la legitimidad del régimen del 78 y un agravamiento de todos los factores determinantes de su crisis (el papel de la monarquía en la propuesta del candidato, el aumento sustancial del déficit público y de la deuda soberana, los recortes y desequilibrios de la financiación autonómica con sus efectos en sanidad y educación, la creciente polarización soberanista en Cataluña..). Pero sobre todo, una vez más, la principal presión sobre las clases dominantes españolas es la que ejerce directamente, con mano de hierro, la Unión Europea.

Desde la crisis bancaria y de la financiación de la deuda pública españolas de 2012, el mantenimiento de la “confianza” de los mercados como principio rector de la política económica se ha convertido en el objetivo principal y obsesivo de las clases dominantes. El reciente panfleto de De Guindos es un resumen interesado de esta orientación. El mecanismo es de doble presión. Aunque la “confianza de los mercados” ha sido sustituida en la práctica por la política de liquidez monetaria vía compra de activos del Banco Central Europeo, su primera condición para poder acogerse a sus programas es el mantenimiento de los rating de las agencias privadas de calificación de riesgos. Y estás juzgan las primas de riesgo de las deudas soberanas de acuerdo con la aplicación de las políticas de ajuste neoliberal que garanticen el servicio de la deuda.

El 8 de agosto, el gobierno en funciones de Rajoy llegó a un acuerdo de ajuste fiscal de tres años con la Unión Europea, cuyo contenido ya he analizado en otra nota. Como consecuencia, se congelo la asignación de las partidas presupuestarias de 2016 no comprometidas con fecha 31 de julio. Se anunció una nueva reforma del impuesto de sociedades –antes recortado, ahora restablecido- para recaudar 6.000 millones de euros. Y se cerró el grifo de las ayudas financieras a las comunidades autónomas, obligándolas a situarse en las expectativas acordadas de déficit del 0,7% (que siguen sin cumplir Extremadura y Cantabria). A pesar de ello, el déficit público del estado ha empeorado en estos meses del gobierno en funciones de Rajoy en 36.443 millones de euros (3,27% del PIB), poniendo en peligro el cumplimiento del plan de ajuste acordado con la UE y, por lo tanto, el aplazamiento de la multa comunitaria de más de 2.000 millones de euros por incumplimiento de los acuerdos del Pacto Fiscal.

La incapacidad de Rajoy de formar gobierno antes del 10 de octubre obligará a una extensión del presupuesto de 2016 para 2017. Y a efectuar posteriormente los recortes y ajustes (0,5% del PIB) para que se adecue al plan de ajuste fiscal trienal pactado con la UE. Estos recortes, ha señalado la Comisión, tendrán que tener la forma de un “presupuesto completo”. Como medida cautelar, la Comisión ha congelado la distribución de los fondos estructurales asignados a España (1.200 millones de euros, aunque peor lo tiene Portugal) y amenaza con una multa de no cumplir los objetivos fiscales de 5.500 millones de euros.

La vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría ya ha adelantado que el grupo parlamentario del PP propondrá una serie de reformas legislativas para poder dar cauce legal a las exigencias de la Comisión. Con ellas se podrá fijar el techo de gasto tanto para las administraciones autonómicas como para la central. Pero tanto estas reformas, como el nuevo “presupuesto completo” de 2017 que pide la Comisión, exigirán una mayoría parlamentaria que solo es posible con la abstención del PSOE, cuando no su participación activa a favor. La responsabilidad de estado a la que han aludido Rajoy, primero, Felipe González, Alfredo Rubalcaba y los “críticos” del PSOE encabezados por Susana Díaz después implica un apoyo permanente durante tres años, por activa o por pasiva, a la aplicación del plan de ajuste trienal pactado por Rajoy con la UE.

Una mayoría alternativa de gobierno, como la que Pedro Sánchez anunció que quería explorar, más allá de las “líneas rojas” del Comité federal del PSOE, tenía desde el comienzo pocas posibilidades de éxito. Pero además implicaba que el PSOE fuese una auténtica alternativa al PP en todos los terrenos, dificultando después de unas terceras elecciones en diciembre de este año el imprescindible apoyo parlamentario del PSOE a la política de ajuste fiscal o, si se prefiere la fórmula de Felipe González, “dejar gobernar si no se puede gobernar”. Un PSOE “alternativo” al PP conllevaría el peligro permanente de una moción de censura a Rajoy, como consecuencia de la inestabilidad social y política, con el horizonte de un gobierno de las izquierdas que cuestionase el plan de ajuste trienal.

Es más, supondría un endurecimiento de la polarización soberanista en Cataluña. El principal instrumento del PP para mantener su “comunión de valores” constitucionales con el PSOE es radicalizar el conflicto en torno a la negación del derecho a decidir. Con un PSOE subordinado mediante la abstención, Rajoy recupera un margen de entendimiento en la política económica con la derecha catalana y vasca, especialmente interesadas, por motivos distintos, en sacar brillo a su “europeismo”, con la aceptación incondicional de las exigencias de la UE.

Ésta, creo, ha sido la lógica que ha acabado empujando al golpe interno de dirección del PSOE: “mejor un PSOE roto que uno de izquierdas”.

….y luego abrir un debate profundo en el PSOE”

Tras el fracaso de Rajoy en el debate de investidura a comienzos de septiembre, la disyuntiva entre la abstención o la búsqueda de una formula de gobierno alternativa situó en segundo plano la posibilidad de terceras elecciones en diciembre, convertidas en el ejemplo del fracaso de la legitimidad del sistema de partidos del régimen del 78. La solución de la disyuntiva, instalada en el seno del PSOE, exigía en cualquier caso superar las “líneas rojas” del comité federal de diciembre de 2015, ratificadas en el de junio de 2016.

Aunque la polarización en el PSOE había comenzado mucho antes, tras las elecciones del 20 D y el fracaso de la sesión de investidura de Pedro Sánchez los primeros días de marzo, con las reiteradas intervenciones de González, Zapatero y Rubalcaba a favor de la abstención, la presión se hizo intolerable tras las elecciones vascas y gallegas del 25-S: faltaban menos de dos semanas para que se agotasen los plazos legislativos presupuestarios y un mes para la disolución de las Cortes y la convocatoria de terceras elecciones. El “no es no” a Rajoy de Pedro Sánchez bloqueaba la abstención socialista, al mismo tiempo que la mayoría del aparato autonómico y del comité federal impedían una reformulación de las “líneas rojas”.

El lunes 26 de septiembre Pedro Sánchez pidió un debate político sobre la solución de la disyuntiva con la convocatoria del comité federal el sábado 1 de octubre, unas primarías para la secretaria general el 23 de octubre y la celebración del 39 congreso del PSOE la primera semana de diciembre. Consciente de no tener la mayoría del Comité federal, controlada por los aparatos autonómicos autocalificados de “críticos”, el secretario general del PSOE llamaba a la participación activa de los militantes para resolver la disyuntiva. No podía haber peor amenaza para los aparatos autonómicos que el aparato de Ferraz quisiera apoyarse directamente en “sus” militantes, aunque fuera únicamente por instinto de supervivencia.

Lo que siguió a continuación es ampliamente conocido y es la trama del golpe interno: diseñado por Susana Díaz, puesto en marcha por Felipe González y Alfredo Rubalcaba desde el consejo editorial de PRISA, legitimado por el comité director del PSOE de Andalucía y desencadenado finalmente por la dimisión de 17 miembros de la ejecutiva permanente, con la insostenible interpretación estatutaria de que ello implicaba el cese fulminante del secretario general del partido, elegido en unas primarias y confirmado por un congreso. Con la excepción de la demoledora intervención de Josep Borrell y de las denuncias de Izquierda Socialista, en especial de su dirigente José Antonio Fernández Tapia, el golpe interno de la mayoría de los aparatos autonómicos avanzó como una apisonadora, aunque estuvo a punto de encallar en su propio éxito.

El viernes estuvo en juego la propia reunión del Comité federal, convocado reglamentariamente antes de la dimisión de los 17 de la ejecutiva permanente. El debate sobre las consecuencias estatutarias de la dimisión escindió al PSOE en dos direcciones paralelas, provocando algunas escenas grotescas como las declaraciones de Victoria Pérez ante las puertas de la sede central de Ferraz: “la única autoridad del PSOE soy yo”.

No menos esperpéntica fue la reunión del propio Comité federal el sábado 1 de octubre, hasta que a última hora de la tarde Pedro Sánchez aceptó dimitir si su propuesta de celebración en diciembre del congreso extraordinario (la única consecuencia indiscutible de los estatutos tras las dimisiones) era derrotada. Y lo fue por 132 votos contra 107. Durante la madrugada, lo que quedaba de Comité federal constituyó una gestora para dirigir el partido.

Finalmente, el aparato de Ferraz fue derrotado sin otro debate político que las implicaciones organizativas de las distintas interpretaciones estatutarias. Pero el Congreso extraordinario, preceptivo tras las 17 dimisiones de la ejecutiva permanente, quedaba pospuesto a la formación de un gobierno de España y la decisión de la abstención en un segundo debate de investidura de Rajoy en manos de la comisión gestora.

Todavía quedan por delante las peores consecuencias políticas del golpe interno. La abstención ante Rajoy será justificada con el argumento del mal menor de que unas terceras elecciones supondrían una erosión electoral aun más importante. Tan convencidos están los aparatos autonómicos de las consecuencias de su orientación, que no dudan que los militantes –que las encuestas muestran a favor del No a Rajoy- y también los votantes socialistas castigarían electoralmente el golpe interno a falta de otros canales donde expresar su posición.

En definitiva, el enfrentamiento en el Comité federal lo ha sido de dos sectores del aparato del PSOE, de los políticos profesionales que constituyen sus cargos electos y los funcionarios de la organización. Sus casi 190.000 militantes han sido mantenidos a distancia del debate sobre la orientación gubernamental del partido. En los próximos días y semanas harán presión, fundamentalmente en las redes sociales. Pero no tendrán derecho a cuestionar la orientación impuesta implícitamente por el sector del aparato vencedor, porque todas las instancias decisivas abiertas, como las primarias o el congreso, han sido pospuestas. Por eso no cabe esperar tampoco fuertes resistencias en el grupo parlamentario, dividido hasta ayer prácticamente al 50%. Como se verá pronto, “coser el desgarro del partido” significará coser la boca de cualquier disidencia.

Sobre la leyenda centenaria del viejo partido mayoritario de la clase trabajadora fundado por Pablo Iglesias, Felipe González y Alfonso Guerra construyeron un aparato que legitimó el nuevo pacto social de la Transición y la integración en la UE y la OTAN, el régimen del 78 en definitiva. Cuando la crisis de ese mismo régimen lo ha exigido, el aparato del partido heredero de aquel felipista –no en balde la gran mayoría de los protagonistas de estos días se educaron en las Juventudes Socialistas en aquella época- ha sacrificado, sin dudarlo, la legitimidad heredada en aras de la gobernabilidad del mismo.

El declive del ciclo de movilización social y política

Las consecuencias políticas del golpe interno en el PSOE -especialmente la formación de un gobierno minoritario del PP, en coalición parlamentaria con Ciudadanos, y apoyado en la abstención de un PSOE dividido y humillado-, obliga a un debate estratégico de fondo de las izquierdas políticas y sociales dispuestas a seguir resistiendo las políticas de austeridad y a crear las condiciones de un proceso constituyente, incluido el derecho a decidir, frente a la crisis del régimen del 78.

El punto de partida para la resistencia al plan de ajuste trienal acordado por Rajoy y la Unión Europea, que provocará probablemente una nueva recesión por los recortes del gasto público, tiene que partir de los sectores de la clase obrera más estables y con las organizaciones sociales más fuertes, que son los sindicatos. La defensa de la negociación colectiva, la extensión de derechos a los sectores cada vez más amplios con contratos temporales, puede articularse entorno a las 20 medidas urgentes propuestas por CCOO y UGT. Con sus contradicciones, ese es hoy el programa mínimo de la clases trabajadoras y populares. Y con él tiene que construir la unidad más amplia para la resistencia social.

La brutal intervención de la Unión Europea en la crisis griega, la quiebra política de Syriza con la humillante firma del tercer memorándum, han lastrado la credibilidad de las alternativas políticas a la austeridad neoliberal. Por un lado, el efecto social de la temporalidad, que mina la capacidad de respuesta colectiva sin niveles de organización estable. Por otro, la incapacidad para priorizar una formula de gobierno de izquierdas que pueda articular, frente a las presiones neoliberales de la Unión Europea, las luchas de resistencia defensivas. Lo primero ha sido determinante para el declive del ciclo de movilización social. Lo segundo para la erosión del impulso electoral a favor del cambio. Añádase el cansancio inevitable de una movilización tan prolongada y los conflictos competitivos entre aparatos en las izquierdas por su representación electoral.

La crisis del PSOE y la abstención ante un gobierno minoritario de la derecha aplazará por el momento la concreción de una formula de gobierno de las izquierdas. Pero no el debate sobre la acumulación unitaria de fuerzas ni el balance sobre la falta de credibilidad y las deficiencias de las distintas propuestas de gobierno de izquierdas en el ciclo electoral que parece cerrarse ahora. Y poder retomar la iniciativa desde la oposición exigirá, dada la inestabilidad social y política, una formula de gobierno de izquierdas compartida y creíble, que pueda ser transversal.