Barrera estratégica para EEUU en el norte del Caribe

Los nuevos intentos de Estados Unidos para desarrollar acciones militares y de inteligencia con Cuba, así como el reclamo a las Naciones Unidas para que reconozca la anexión como una salida válida a la crisis de Puerto Rico no han logrado levantar entusiasmo, ni en la Habana, ni en la Cuarta Comisión de la ONU.

De esa forma, mientras el norte del Mar Caribe sigue siendo barrera estratégica, en la ribera sur, se sigue calentando la situación en Colombia y Venezuela, sin que la diplomacia de EEUU logre imponer sus objetivos.

El problema tiene que ver con la soberanía, la democracia y la economía, tres grandes referentes sociales que atraviesan por una situación volátil, lo que constituye la gran amenaza para la estabilidad de toda la región.

En La Habana, la cancillería le comunicó a los medios noticiosos su percepción de que EEUU estaba dejando ver que no renunciaba a sus posturas y planes “injerencistas”. Además, como reacción a las nuevas aperturas económicas, advirtió que lo que se plantean son ventajas para las empresas estadounidenses y no un verdadero ambiente de convivencia.

En las declaraciones difundidas a través del periódico Granma, ni siquiera parecieron merecer comentario alguno las partes de cooperación militar y de inteligencia incluidas en el decreto del presidente Barack Obama.

En la orden PPD (Presidential Policy Directive) número 43, fechada el 14 de los corrientes, Obama instruyó al Director de Inteligencia Nacional, bajo cuya competencia están todas las agencias de espionaje, a que “los elementos de inteligencia estén trabajando en la búsqueda de oportunidades de encuentro en áreas de interés común a través de las cuales podamos intercambiar con los contrapartes cubanos información sobre amenazas para ambos”. La orden 43 incluye también elementos similares con instrucciones el Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), las fuerzas armadas y la misión diplomática de EEUU ante la ONU.

Precisamente en la ONU, en estos mismos días la Cuarta Comisión aprobó, por votación de 130 contra cinco con dos abstenciones, la resolución sobre la “implementación de la declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, que avaló el informe en el que el llamado Comité de los Veinticuatro (C-24) incluyó de forma explícita el caso colonial de Puerto Rico. Ante ese revés diplomático, luego de la votación, la delegación de EEUU emitió una declaración particularmente reveladora.

“Estados Unidos está tomando la palabra hoy para explicar nuestra posición sobre esta resolución y resoluciones relacionadas, específicamente sobre territorios individuales. A pesar de que respaldamos totalmente el derecho a la autodeterminación, reiteramos nuestra bien conocida preocupación de que el C-24 sigue pidiendo la independencia para ciertos territorios sin tomar en cuenta la voluntad de los pueblos de esos territorios”, dice la declaración para exponer el motivo de su voto en contra. La declaración agrega que “mientras EEUU se une al consenso, en cuanto a las resoluciones sobre territorios específicos, hacemos un llamado al C-24 para que respete que los pueblos de esos territorios escojan libremente su condición política en relación con la nación administradora, que incluya cuando el territorio quiera una libre asociación con la nación o la integración”.

Cónsono con la postura diplomática sobre “integración”, el presidente Obama concedió al movimiento anexionista –que cuenta con mucho aprecio en Wall Street y favorito para triunfar arrolladoramente en los comicios generales de noviembre- puestos de mucha influencia en la nueva junta de control, que se encarga de regir a Puerto Rico. Ante esa junta, en Nueva York y en inglés, el mismo día 14, el saliente gobernador autonomista sometió los planes fiscales y económicos que ha elaborado su administración ante el prolongado descalabro económico del país.

Esa junta fiscal y no la Legislatura de Puerto Rico, será la que pasará juicio y dispondrá lo que hará el gobierno de Puerto Rico.

A la vez que el gobernador puertorriqueño sometía los documentos económicos a una junta en Nueva York, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro sometía el presupuesto nacional, pero no a la Legislatura sino al Tribunal Supremo de Justicia. En Puerto Rico, la Legislatura ha sido despojada de sus prerrogativas por el Congreso y el Presidente de EEUU, en tanto que en Venezuela fue el alto poder judicial el que la inhabilitó por desacato y la crisis política está siendo atendida dentro del marco de la constitución y la soberanía nacional.

Otros dos aspectos diferencian la situación venezolana de la puertorriqueña.

Mientras los autonomistas puertorriqueños, bajo asedio anexionista, intentan que el Congreso restablezca algún privilegio tributario para promover la inversión manufacturera, Maduro logró el apoyo de Rusia para impulsar en la reunión de energía, celebrada en Turquía, una política de aumento del precio de los hidrocarburos, además de que la potencia euro-asiática se comprometió a suministrar grandes cantidades de trigo al país sudamericano.

Nada de eso ayuda al avance de la diplomacia estadounidense y la situación de Puerto Rico, ya sin régimen autonómico ni sistema republicano de gobierno, lo hace inútil para presentarlo como un contraste con Venezuela.

En el caso de Colombia, el apretado triunfo del “No” en el referéndum para ratificar el tratado de paz con la guerrilla, dejó de nuevo la situación en manos de los adeptos al “plomo” con el expresidente Álvaro Uribe como la figura central. Eso, a pesar de que EEUU había invertido cientos de millones de dólares en ese proceso y hasta había encargado a profesores del Colegio de Guerra del Ejército el adiestramiento de las fuerzas armadas colombianas para las nuevas misiones luego del fin de la guerra civil.

En el complicado reino de las negociaciones diplomáticos, dos presos puertorriqueños vienen a tener importancia simbólica particular sobre las intenciones de EEUU sobre Cuba y Puerto Rico. En manos del presidente Obama está la suerte de Oscar López Rivera, sentenciado por la lucha armada por la independencia de Puerto Rico, y de Ana Belén Montes, convicta de espiar para Cuba.