La judicialización antidemocrática de la política
Además de las acusaciones a grandes líderes populares latinoamericanos como Lula y Cristina de supuesto involucramiento con casos de corrupción, para intentar pasar la idea de que todos los políticos son corruptos, otras acusaciones, igualmente significativas, intentan criminalizar los actos de gobierno.
En el caso de Cristina, se intenta transformar en caso judicial la política cambiaria de su gobierno, que puede ser discutida como política de gobierno, pero nunca criminalizada. Para hacerlo, intentan pasar la idea de que esa política habría traído ventajas financieras para la ex-presidenta y para su ex-ministro de economía. Se trata de ir acumulando sospechas que, aunque sin fundamento, vayan generando niveles de rechazo a grandes líderes populares, para intentar ponerles techo a su popularidad e ir generando una imagen de involucramiento con irregularidades.
En el caso de Lula pasa algo igual. Como no han encontrado ninguna prueba de algún tipo de involucramiento con corrupción y su popularidad no deja de crecer, buscan condenarlo no con pruebas, como confiesan que no tienen, sino con “convicciones”, como si estas pudieran fundamentar alguna condena judicial. En contra de Lula se agregan políticas de su gobierno, de promoción de los intereses de empresas brasileñas, con financiamientos públicos y con promoción internacional de esas empresas. Como no pueden concebir que Lula lo haya hecho por el interés del país, tratan de adjudicarle alguna ventaja a cambio de esas promociones. Un departamento que Lula nunca compró, un sitio que nunca fue de su propiedad, algo que pudiera demostrar que Lula actuó en función de intereses personales (como suele ser el caso de los gobernantes de derecha).
Para confirmar esa forma antidemocrática de intentar excluir a políticos de gran arraigo popular de la disputa electoral y de la vida política, quitando de las manos del pueblo el derecho de decidir sobre sus destinos, en Colombia surge un caso similar. El ex-alcalde Bogotá, Gustavo Petro, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales del país, es blanco de un no menos espantoso proceso que intentar sacarle de la disputa electoral, además de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de varias decenas de millones de dólares por una política de tarifas diferenciadas en trasporte urbano, cuando fue alcalde de la capital colombiana.
Se puede, como en los casos de Cristina y de Lula, discutir las políticas públicas de Petro, pero nunca criminalizarlas, menos todavía cuando tienen un carácter claramente popular y democratizador.
La operación, además de los ataques personales a esos líderes, incluye la criminalización de las políticas de carácter público, la judicialización de los programas de gobierno, el ataque a las acciones de los Estados, considerando que perjudican los intereses del país. ¿Pero quiénes son los que acusan, quien les dio representación democrática en el Estado de Derecho, para intentar descalificar a gobiernos y políticas escogidas por el voto popular, por la vía democrática?
Es una nueva vía de intentar inviabilizar a gobiernos democráticos. En los tres casos, Cristina, Lula y Petro, representan asimismo las alternativas de izquierda en las próximas elecciones de Argentina, Brasil y Colombia, tres países fundamentales en la región. Argentina y Brasil fueron los ejes de los procesos de integración regional, que tanta incomodidad ha producido en la derecha de nuestros países, así como en los EEUU. Colombia tiene como alternativa de la derecha a Vargas Lleras o al candidato que lance Uribe. Petro aparece en segundo lugar en las encuetas o incluso empatado en primero lugar.
La democracia parece que, cada vez más, ahoga a la derecha, la condena a la derrota. Sus políticas neoliberales chocan no solo con los intereses de la gran mayoría de la población, sino también con la misma democracia.
En Brasil un llamado Instituto Millenium esta semana ha llamado la atención sobre cómo las elecciones del 2018 ponen en riesgo las (contra) reformas que la derecha trata de poner en práctica mediante un golpe y por medio de un gobierno que tiene el 2% de apoyo (con el margen de error, puede tener cero o menos que cero). El neoliberalismo choca frontalmente con la democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que busquen, ahora de nueva forma, mediante la judicialización de la política, burlar la democracia y la voluntad popular.
– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
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