José Antonio Naz Valverde •  Opinión •  25/05/2018

El Reino de este Mundo

“Mi Reino no es de este mundo”, decía Jesús de Nazaret, reconocido como  Dios hijo en la Religión Cristiana. Sus sermones instaban a no apegarse a las riquezas de este mundo, ya que el verdadero Reino está en el cielo, al que por cierto tienen mucha dificultad para entrar los ricos: “es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja”.

Luego Constantino creó la Iglesia Católica  como Religión del Imperio y desde entonces los jefes de esa Iglesia han creado y mantenido un Reino de este mundo, casi siempre cercano a los poderes económicos y políticos.

El caso De la Iglesia Católica de España es un claro ejemplo. Durante siglos ha reinado en España, junto a los reyes cristianos de la reconquista y de todos los gobiernos de la historia, con muy breves  excepciones, siendo un bastión de las contrarreformas dentro de los reinos cristianos. La última se produjo en pleno siglo XX contra la República, colaborando en el sangriento golpe de Estado y el genocidio y la represión de los años de la dictadura. En el Estado nacionalcatólico su influencia era total sobre todos los poderes, dictando las leyes de las Cortes, marcando el código penal y las decisiones del gobierno; y  teniendo a su cargo la educación y los servicios sociales y de salud de la mayoría de la población.

En cuanto a los privilegios económicos, han sido una constante en la historia, desde los “diezmos” medievales hasta el mantenimiento continuado del clero, pasando por exenciones de impuestos. Y en la actualidad, tras 40 años de una Constitución que declara el Estado aconfesional, aunque continúan los acuerdos con la Santa Sede (firmados a los pocos días del referéndum constitucional), y una ley de mecenazgo y otra de libertad religiosa, la financiación anual de la Iglesia Católica asciende en 2016 a 11.560M€, en partidas como:

a)      más de 5000 M€ para educación: conciertos con centros privados de ideario Católico, 600 M€ para catequistas que imparten religión en los centros educativos, y hasta 10 M€ para convenios de seminarios.

b)      2000 M€ para obra social y asistencial.

c)      Subvenciones a complejos hospitalarios de 900 M€

d)      600 M€ para conservación del patrimonio que está registrado como propiedad de la Iglesia

e)      300 M€ en subvenciones de eventos.

f)      40 M€ en funcionarios capellanes y hasta 10 M€ de participación del gobierno en entidades católicas, como las obras pías.

g)      Exenciones de impuestos, por valor de 2000 M€, de IBI, patrimonio, sociedades…

     No se cuantifica el inmenso valor de los bienes patrimoniales y financieros, de las donaciones de suelo público y de las decenas de miles de propiedades inmatriculadas a su nombre, según el secretario de la Conferencia Episcopal 40.000.

Y por si no es bastante se permite detraer el 0,7% o el 1,40% del IRPF por el procedimiento de las casillas, lo que en 2015 supuso a la Iglesia Católica  otros ingresos de 249 M€ por su casilla y 100 M€ por la de ONGs. Dinero que, en contra de la propaganda del Xtantos, se dedica mayoritariamente a gastos del clero o a mantener la TV13 y tan sólo un 2,5% a Cáritas.

Todo esto en momentos en que los recortes en sanidad en los últimos años asciende a 12.000 M€ y los de educación a 9.000. Parece que datos tan abrumadores están empezando a ser conocidos por la ciudadanía y cada vez más personas conscientes reclaman la igualdad en los deberes económicos con el Estado. Hay católicos que defienden la libertad de la Iglesia y en consecuencia la no financiación por el Estado, basándose en las palabras del propio papa “el Estado debe ser Laico”. En las instituciones se empieza a proponer medidas de justicia en los impuestos: ayuntamientos, asfixiados por las limitaciones presupuestarias, que intentan cobrar el IBI a inmuebles que nada tienen que ver con el culto y que en muchos casos se dedican a actividades lucrativas; o el cobro del ICIO a todas las obras que no tienen función de culto, actuación refrendada por tribunales españoles y de la Unión Europea.

En nuestra ciudad, algunos grupos políticos presentan una moción en el pleno de Mayo tratando de restringir los privilegios y aumentar la recaudación para poder implementar medidas  que ayuden a la población más necesitada.

Pero aún falta mucho para que una ciudadanía informada tome conciencia de que la igualdad y la justicia son derechos comunes y las ideologías o creencias son cuestiones privadas, que no deben en ningún caso ser financiadas con fondos públicos, por respeto a todas ls creencias en total libertad.

* Córdoba Laica /Colectivo Prometeo


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