Nicaragua: del terrorismo considerado como el arte de manifestar

Desde hace dos meses, Nicaragua atravesa una gran crisis política, alimentada por los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y un movimiento insurreccional. Las organizaciones humanitarias informan un registro aterrador de cerca de 200 muertes. Esta violencia compromete los intentos de negociaciones políticas, por eso es necesario entender quién tiene interés en paralizar a este país de América Central. ¿Cuáles son las motivaciones de los manifestantes y las fuerzas de la oposición? ¿Es el gobierno nicaragüense el símbolo de la tiranía absoluta como algunos lo afirman?

Lo que prendió fuego a la pólvora fue un proyecto de reforma de las pensiones. Para evitar la privatización de la seguridad social según lo recomendado por el FMI, el gobierno quería aumentar las contribuciones tanto para los trabajadores como para los patrones. Ante la protesta, el gobierno dio marcha atrás y retiró su plan de reforma. Pero las protestas continuaron sin que nadie pudiera entender cuál era su propósito. Para detener el ciclo de violencia, los portavoces del gobierno llamaron a los descontentos a participar en las comisiones de paz. Insistieron en su voluntad de escuchar las diversas demandas y promover la expresión de la oposición política. No sirvió de gran cosa. Las llamadas al diálogo del gobierno fueron rechazadas.

Incluso fueron percibidas como un signo de debilidad, galvanizando a los jóvenes manifestantes del movimiento M-19. Sin un programa, este movimiento simplemente llama a derrocar a la “dictadura” acusada de estar en el origen de la “represión”. Además, los medios internacionales se alinearon sin reserva sobre estos manifestantes, considerados como la quintaesencia de la sociedad civil, a pesar de su nihilismo y su extremismo. Pero la actitud del M-19 plantea varias preguntas. Al rechazar cualquier solución política y promover la violencia, el movimiento ofrece un pretexto ideal para los adeptos del “cambio de régimen” y del “caos constructivo” ya aplicado en países como Libia, Iraq o Ucrania.

El 14 de junio, la operación del M-19 de desplegar “tranques” (barricadas) en ciertas áreas de la capital Managua, así como en ciudades cercanas como Masaya o Granada, fue apoyada por un “paro nacional” de 24 horas. Esta huelga fue convocada por el COSEP, la principal organización de empresarios. Sí, en Nicaragua, ¡son los jefes quienes llaman a la huelga! ¿El mundo al revés ? El hecho es que el movimiento no fue seguido por la mayoría de los trabajadores, ni por las pequeñas y medianas empresas. Pero permitió evaluar el equilibrio de poder y mantener la presión hasta la siguiente fase. El 16 de junio, día en que debía reavivarse el diálogo de paz entre la oposición y el gobierno, un nuevo episodio de violencia extrema apareció en los titulares de los medios internacionales.

El macabro incendio de la casa Velásquez

Primero, los hechos. El 16 de junio, un grupo de encapuchados prendió fuego a un edificio en Managua utilizando cócteles molotov, causando seis muertes, entre los cuales un niño de dos años y un bebé de cinco meses. Un taller de colchones ocupaba la planta baja del edificio, mientras que el propietario y su familia residían en la primera planta. Algunos vecinos dijeron que vieron a matones arrojar sus cócteles al edificio, y que los francotiradores habrían evitado que la familia escapara. La tesis accidental fue, por lo tanto, inmediatamente rechazada.

Pero medios privados como Televisa o la BBC tomaron de inmediato el caso para culpar a las autoridades por el crimen. Según sus informaciones, los paramilitares a sueldo del gobierno querían utilizar el techo del edificio para colocar francotiradores; habiéndoselo negado por el propietario, los paramilitares lo habrían encerrado en su residencia con su familia antes de prenderle fuego. Esta es la misma tesis defendida por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que señaló “su complicidad con la policía nacional”. Para otros gobiernos, este argumento parecería simplista, inverosímil e irracional. ¿Quién hubiera defendido la idea de que el gobierno británico podría estar detrás del incendio de la torre Grenfell, por ejemplo? Pero en el caso de Nicaragua, la teoría de la complicidad o incluso la responsabilidad del gobierno se avanza con total normalidad.

Para dar crédito a la historia, la BBC usó el testimonio del único superviviente de la familia: “Personas encapuchadas vinieron con agentes de policía y encerraron a nueve personas en una habitación del segundo piso y nos quemaron vivos”. Según el mismo testimonio, los delincuentes portaban “morteros, armas y bombas molotov”. Debe respetarse el duelo de los supervivientes. Sin embargo, no se puede descartar que en estado de shock, y pidiendo una justicia divina, sientan la necesidad de encontrar un culpable inmediato. Por eso no se puede excluir que su testimonio haya sido influenciado de alguna manera para canalizar su ira y explotarla políticamente. Para pretender acercarnos a la verdad, es necesario buscar información adicional y cruzarla con otros testimonios y documentos.

El problema es que los observadores se enfrentan a una verdadera guerra de imágenes. Filmado desde el balcón de la casa incendiada, un video amateur fue difundido en las redes sociales. Su utilidad es reforzar la tesis de la participación de las fuerzas policiales y las organizaciones parapoliciales. Filmado por el hijo mayor de la familia, Alfredo Pavón, una de las víctimas del incendio, este video es ciertamente interesante. Pero vemos solo cómo un convoy de cinco camionetas policiales se detiene cerca de la casa después de una persecución en motocicleta, luego realiza algunos disparos de intimidación y arresta a un joven motorista. Difícil de utilizarlo como una prueba. Sin embargo, este documento es utilizado para sembrar dudas, o incluso para designar a las autoridades como responsables del crimen. Ampliamente compartida por los medios tras el crimen, el video continúa circulando y alimentando los comentarios de odio …

De hecho, la difusión de estas imágenes ha sido sacada de contexto: la grabación se realizó el 21 de abril, es decir, al comienzo de esta crisis. Lo que revela sobre todo es que esa área precisa había sido escenario de enfrentamientos entre los dos bandos desde el comienzo de la crisis. Lo cual corresponde con la información transmitida por ciudadanos nicaragüenses, quienes indican que los alrededores del barrio Carlos Marx estaban controlados por la oposición. De hecho, es difícil de creer, como dice la oposición, que las fuerzas policiales hayan patrullado ese mismo barrio durante dos meses, sin poder sofocar el movimiento de protesta hasta el 16 de junio, fecha en la cual finalmente decidieron usar el techo de la familia Velásquez para colocar francotiradores. Y eso no es todo. Según la misma versión, al no haber obtenido la aprobación de la familia, las autoridades actuaron brutalmente incendiando la casa. ¿Sin calcular que ello provocaría un resurgimiento de las tensiones en lugar de calmarlas?

En lugar de sentirse intimidados por el crimen en la casa de Velásquez, cuatro miembros del M-19 estuvieron presentes en la escena el mismo día, para grabar un video donde acusan al gobierno de “terrorismo de estado” y llaman a apoyar su movimiento. Aprovechan para enviar un mensaje a la mesa de diálogo: “No vamos a quitar las barricadas, están en nuestras manos y en las del pueblo, no las quitaremos. Quiero que sepan que si el pueblo no se une, terminará con masacres como esta”. Pero sus acusaciones, repetidas por ciertos medios y usuarios de las redes sociales, ¿han sido objeto de una auténtica investigación que reúna elementos suficientes?

¿Represalias contra el derecho al trabajo?

La periodista de TeleSur Madelein García informa de una versión completamente diferente: los responsables del incendio serían”delincuentes reclutados por la oposición”, “encapuchados que atacaron con morteros y cócteles molotov la casa familiar”, después de leer en un medio que los francotiradores de la policía se escondían allí “. García explica que, según una amiga de la familia, “los encapuchados pidieron colchones, el dueño se negó y fue entonces cuando quemaron la casa para vengarse”.

Por otra parte, una perturbadora captura de pantalla del movimiento 19 de abril fue transmitida a través de las redes sociales, donde se observan varias fotos del propietario del local, el padre de familia Velasquez Pavón, acompañado de amenazas explícitas contra él. El documento dataría de 2 días antes del incendio, es decir en el momento del paro organizado por el COSEP. El comentario indica que no había respetado la consigna del paro y prefirió seguir trabajando. Para sus atacantes, eso habría sido suficiente para sospecharlo automáticamente de simpatía hacia el gobierno. El M-19 habría transmitido la identidad y dirección de una de las futuras víctimas, amenazando con “desaparecer” a estos “infiltrados” del sandinismo que “se niegan a hacer la huelga, pretendiendo apoyar al pueblo”.

Desde la difusión de este documento – cuya autenticidad no hemos podido comprobar-, parece que el texto y las fotos han sido eliminados de la cuenta, y los administradores de la cuenta del movimiento explican que sería una falsificación. Una explicación que no convenció a todo el mundo : algunos recuerdan haber visto estas fotos antes del día del incendio. Otros señalaron que el área estaba bajo el control de la oposición, a través de “tranques” (barricadas).

¿A quién creer? Solo disponemos de unos videos amateur publicados por Velasquez Pavon en su cuenta de Facebook en los últimos meses. Presenta con orgullo su taller de fabricación de colchones y dice que trabaja incansablemente. ¿Habría sido el proprietario Velásquez Pavón el blanco de la oposición, o de las fuerzas paramilitares? Dos días después de la huelga patronal, ¿habría habido represalias contra el derecho al trabajo del pueblo nicaragüense? Los muertos no hablan, es difícil responder a estas preguntas. Pero el respeto por las víctimas requiere una verdadera investigación independiente, que es incompatible con la manipulación política y mediática.

¿Quién quiere cobrarse la vida de los sandinistas?

Sin que despierten la misma indignación de los medios de comunicación, otros asesinatos y ataques han tomado claramente por blanco a ciudadanos y edificios asimilados al sandinismo.

El mismo día en que la casa de los Velázquez fue incendiada, una funeraria ubicada a pocos metros de la casa también fue saqueada e incendiada.

También, a proximidad del lugar de los hechos, dos hombres fueron vistos en la calle desmantelando las barricadas de la oposición. Fueron asesinados a tiros a quemarropa. Los asesinos rociaron gasolina en uno de los cadáveres y encendieron el fuego. Antes de partir, colocaron objetos sobre el cuerpo calcinado para crear una escena macabra. Se trataba de Francisco Aráuz Pineda, de una familia histórica de la Revolución Sandinista.

He aquí una secuencia no exhaustiva de acciones violentas que tuvieron lugar en apenas tres semanas:

-El 28 de mayo, la fiscalía de Masaya fue incendiada, mientras que la policía denunció un ataque contra sus oficinas.

-El 29 de mayo, los manifestantes prendieron fuego a las oficinas de Tu Nueva Radio Ya, por ser considerada como un medio progubernamental.

-El 31 de mayo, las oficinas de Caruna, una cooperativa de servicios financieros, fueron incendiadas.

-El 9 de junio, Radio Nicaragua fue destruida por un incendio. Ese mismo día, un joven activista sandinista murió en un accidente de motocicleta al intentar esquivar una barricada en San José de Jinotepe, Carazo.

-El 12 de junio, una pandilla secuestra y tortura brutalmente a 3 trabajadores en el Colegio San José en Jinotepe. En el contexto de los enfrentamientos, 2 militantes sandinistas históricos fueron asesinados. Además, ese día la casa del alcalde fue saqueada y quemada.

-El 13 de junio otro grupo secuestró y torturó brutalmente a Leonel Morales, líder del Sindicato Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Los médicos de emergencia en el Hospital Bautista trataron heridas graves causadas por una bala alojada en el abdomen del joven, lo que indicaría una clara voluntad de matar. Los autores de esta agresión vendrían de las proximidades de la Universidad Politécnica de Managua.

-El 15 de junio, un día después de la huelga patronal, el abogado y activista sandinista Marlon Medina Tobal fue asesinado a tiros mientras caminaba junto a una barricada en la ciudad de León. El mismo día, se observaron manifestantes armados con morteros en la ciudad de Jinotepe.

-El 18 de junio, unos delincuentes arrojaron una llanta en llamas dentro de la casa de Rosa Argentina Solís, una dirigente comunal de 60 años… por haber apoyado “plenamente al gobierno del presidente constitucional Daniel Ortega” y recordado que había “ganado las elecciones por mayoría de votos “. El mismo día, la casa de la madre del diputado sandinista José Ramón Sarria Morales fue objeto de un incendio provocado. Luego, nueve miembros de su familia fueron secuestrados y torturados.

-El 18 de junio, el militante sandinista Yosep Joel Mendoza Sequeira, residente del barrio de Simón Bolivar Matagalpa, fue secuestrado y torturado salvajemente. El mismo día, se transmitió un video a través de las redes sociales, donde una joven acusada de simpatizar con el gobierno es humillada y torturada durante un interrogatorio.

-El 21 de junio, después de ser secuestrado por barricadas en Zaragoza, Stiaba, un joven activista juvenil sandinista llamado Sander Bonilla fue salvajemente torturado bajo la mirada impasible de un sacerdote.

-El 22 De junio, un grupo antisandinista disparó contra la casa de la maestra Mayra Garmendia en Jinotega e incendió el edificio donde estaba su familia, que pudo escapar.

Las similitudes con los crímenes perpetrados en Venezuela por la oposición antichavista de 2014 y 2017 sugieren que ante todo esta ola de violencia está motivada por un profundo odio ideológico que va más allá del marco del crimen común.

Cuando los muertos resucitan

A estos ataques brutales que hablan por sí mismos, podemos agregar la confusión que mantienen los propios manifestantes, contando con la complicidad de los medios privados.

-Así, el 23 de abril, al comienzo de las manifestaciones, unos motociclistas que transportaban cócteles molotov dispararon a quemarropa contra Roberto Carlos Garcia Paladino, un hombre de 40 años que murió en el acto. Su madre, Janeth Garcia, denunció que la oposición usó su imagen haciéndolo pasar por un estudiante víctima de la represión. “Están ondeando la bandera con su imagen, como si fuera una bandera de lucha. Pero él no era un estudiante, pueden comprobarlo sin problemas”.

-El 4 de mayo se transmite un video con el testimonio de José Daniel García, quien denuncia el uso de su propia foto en una manifestación, haciendo creer que fue asesinado en los enfrentamientos. Alertado por su madre, García exige que se elimine su foto. Según él, esta “manipulación tiene la intención de engañar a la gente”. Se han identificado casos similares en los que resucitan los muertos:

-El 13 de mayo, un activista del Frente Sandinista, Heriberto Rodríguez, fue asesinado de un tiro en la cabeza, cerca de un cine en Masaya. Los medios privados dicen que fue asesinado durante una manifestación, y lo retratan como un mártir de la lucha antigubernamental, mientras que el medio La Voz de Sandinismo afirma que fue asesinado por bandas de criminales aliados a la derecha.

-El 16 de mayo, un grupo de manifestantes cerca del centro comercial Metrocentro en Managua derribó una instalación de arte realizada en metal, llamada “El árbol de la vida”. Después de haberla derribado, se montaron encima. El cineasta de origen guatemalteco Eduardo Spiegler, que se encontraba en el lugar, fue aplastado por el peso de la construcción de metal y murió en el acto. Su foto es utilizada para hacer parecer que fue un estudiante víctima de la represión, lo que algunos denunciarán como manipulación.

-El 30 de mayo, la familia de Mario Alberto Medina, de 18 años de edad y que murió en septiembre de 2017, condena las “acciones inescrupulosas de las personas que están usando las fotografías del joven para agregarlas a la lista de muertos”.

Otras personas también descubrieron la presencia de su nombre o foto en una lista de muertos reclamados por los manifestantes: Christomar Baltodano, Karla Sotelo, Marlon Joshua Martínez, Marlon José Dávila, William Daniel González … Como en Venezuela en 2014, el público ha sido intoxicado por una campaña masiva de noticias falsas a través de las redes sociales.

Observadores del “lado bueno” de la barricada

Si queremos ampliar la perspectiva, a falta de poder exponer la historia larga, es necesario volver a la cronología de los acontecimientos. El 15 de junio, el diálogo de paz bajo mediación de la Iglesia se reanudó después de que las conversaciones se hubiesen interrumpido. La nueva agenda entre el gobierno y la oposición renovaba la autorización concedida a una lista de organizaciones internacionales a participar en las misiones de observación en el país, para “identificar todos los asesinatos y actos de violencia al igual que sus responsables, con un plan integral para atender a las víctimas a llevar a la justicia efectiva”. Entre ellos se encontraban los observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UE.

Organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (alineados con Washington), la CIDH ya había llevado a cabo una misión entre el 17 y 21 de mayo. Luego continuó emitiendo comunicados, el último de los cuales coincidió con el día del paro. Su balance atribuye al gobierno de Daniel Ortega la responsabilidad central en esta crisis, al mismo tiempo que reconoce la presencia de grupos armados con “morteros artesanales rellenos de pólvora” en las filas de los manifestantes. La frase no es muy elocuente: es poco probable que el lector del informe se imagine las escenas de horror de las que estos grupos han sido responsables.

El 14 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense respondió en una carta que el trabajo de la CIDH aún no había tenido en cuenta “pruebas de crímenes atroces, tratos crueles y degradantes, secuestros y otros actos de violencia cometidos contra la población – y especialmente contra funcionarios públicos y personas conocidas como sandinistas “. Dada la postura sesgada de la que es acusada, la autorización para visitar los locales que el gobierno de Ortega otorgó a la CIDH el 26 de junio debe ser considerada como una concesión en el marco de las negociaciones de paz entre las dos partes. Sobre todo porque instituciones como Amnistía Internacional ya han demostrado claramente que están del otro lado de la barricada, haciendo oídos sordos a los testimonios que perturban la narrativa dominante.

Por lo tanto, se requiere precaución. Si asumimos la hipótesis de un motivo político detrás del aterrador crimen de la casa de Velásquez, la llegada de los investigadores de la CIDH podría haber sido una motivación especial para atraer la atención de la opinión pública internacional. De todos modos, no pasó mucho tiempo para que eso sucediese.

Primero, el 18 de junio, la Alianza Cívica, el movimiento político de oposición que ha entablado un diálogo con el gobierno, anunció su abandono de la mesa de negociaciones y exigió la presencia de observadores externos. Las reacciones fueron inmediatas, especialmente la del representante de la OEA, Luis Almagro y la CIDH … y, finalmente, el inevitable comunicado de la vocera del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, condenando la ‘violencia actual patrocinada por el gobierno, incluido el ataque del 16 de junio contra la residencia y el comercio de una familia …”. Nauert recomienda al gobierno que continúe de acuerdo con los puntos de la agenda de paz, incluida la visita planeada de observadores de la CIDH. Su conclusión es significativa: Estados Unidos toma nota del “llamamiento general de los nicaragüenses a las nuevas elecciones presidenciales” y “considera que las elecciones serían una forma constructiva para avanzar”… ¿Hacia dónde?

Esta declaración contiene una amenaza apenas velada; es una injerencia a la soberanía de Nicaragua. Se basa en un nuevo equilibrio de poder, a partir de la secuencia de mediados de junio – el paro y el acuerdo de paz, socavado por la nueva violencia del fin de semana, que ha tenido el efecto de abandono de la mesa de diálogo por la oposición. Por lo tanto, Nauert ejerce presión sobre el gobierno de Ortega, que ahora se enfrenta, por un lado, con un aumento de la violencia callejera y la falta de diálogo con la oposición política, y por otro lado con la llegada de las misiones de observación – quienes probablemente ya hayan decidido de antemano la conclusión de su informe.

¿La política del “cambio de régimen” es algo del pasado?

A menos que les haya afectado una ingenuidad galopante, todos habrán notado que Estados Unidos sigue considerando a América Latina como su patio trasero. Porque no podemos descartar el papel desempeñado en Nicaragua por cierto activismo internacional, que tiene por epicentro el Congreso de Estados Unidos, donde la Ley Nica fue aprobada en noviembre pasado. Bajo la iniciativa de Ros-Lehtinen, un miembro electo del partido republicano, anticastrista de origen cubano, esta ley apunta a asfixiar la economía nicaragüense, bloqueando los préstamos internacionales. ¿El motivo? Las “violaciones a los derechos humanos, la regresión de la democracia en Nicaragua y el desmantelamiento del sistema de elecciones libres en este país”.

Cuando Estados Unidos se presenta como el Defensor de los Derechos Humanos y el Campeón de la Democracia en El Mundo, dębe recordarse que en los ultimos años los organismos que “promueven la democracia” como USAID o la NED han regado de dólares los movimientos de oposición (apoyo que los manifestantes no ocultan por cierto). Simultáneamente, el senador estadounidense Marco Rubio propuso usar la Ley Magnitsky como un arma de sanciones financieras contra el vicepresidente de la empresa mixta Albanisa. ¿A qué objetivo apuntaba Rubio? “No solo apoyar el deseo de nuevas elecciones cuanto antes, sino también para cambiar la constitución, porque un nuevo gobierno sobre la base de la corrupción y la dictadura es mas o menos lo mismo”. Ayudar a derrocar al gobierno elegido por el pueblo de Nicaragua no es suficiente, asi que hay que escribir una nueva constitución directamente en su Lugar, ¡para evitar que esos latinos vuelvan a sus malas costumbres !

Todos estos mecanismos de desestabilización responden a las diferentes fases de una auténtica guerra híbrida. En opinión de los estrategas neoconservadores, el “caos constructivo” es mucho mejor que perder los antiguos espacios de influencia directa en beneficio de otras potencias competidoras. Si Nicaragua se encuentra nuevamente en la línea de mira del imperialismo estadounidense, es porque las verdaderas razones son principalmente económicas.

Nicaragua, teatro de una larga guerra estratégica estadounidense

Ya desde 1825 la Federación Centroamericana, república surgida de las guerras por la independencia, había encargado un estudio para la creación de un canal a través de la ruta del Lago Nicaragua. Era un proyecto estratégico para el desarrollo económico y la supervivencia de la joven república. Pero a partir de la separación de Nicaragua el 30 de abril de 1838, la Federación Centroamericana se dividió en seis entidades políticas diferentes: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se acabó el proyecto de integración económica en la región…

Para Estados Unidos, la división de América central ofrecía muchas ventajas desde un punto de vista estratégico. En 1846 el gobierno colombiano firmó con ese país el Tratado Mallarino-Bidlak, por el cual Colombia debía asegurar el libre tránsito en aquella región, donde EE.UU. proyectaba crear un canal interoceánico. Apoyándose en la propuesta del capitán de la marina estadounidense Alfred Thayer Mahan, EE.UU. contemplaba la secesión de Panamá con el objetivo de controlar el comercio marítimo a través de la creación de un canal transatlántico. El nuevo acuerdo ofreció a las tropas estadounidenses el pretexto de intervenir militarmente en 14 ocasiones el territorio de Panamá perteneciente a Colombia. Esas agresiones se apoyaban en las bases jurídicas del tratado. Así es como EE.UU tuvo un papel decisivo en la separación de Colombia y el departamento de Panamá el 3 de noviembre de 1903.

Recordemos que desde 1823, EE.UU había lanzado una advertencia a las potencias europeas que tendrían la tentación de tomar el control sobre las jóvenes repúblicas nacientes. Era la famosa Doctrina Monroe : “América para los americanos”. Al presentarse como contrario al colonialismo europeo, EE.UU se guardaba un “derecho de injerencia” sobre sus vecinos del Sur.

Así pues, en 1850 EE.UU firmó un tratado similar con Inglaterra, que desde 1661 había establecido un protectorado en la región costera de Mosquitia, aliándose a los indios Mosquitios contra los españoles. El acuerdo entre ambas potencias contemplaba que se repartieran el control de la costa y el tránsito del futuro canal. Sin embargo, en 1860 Nicaragua firmó un pacto con Inglaterra por el cual esta última renunciaba formalmente al protectorado. En su lugar fue creado el Reino de Mosquitia, con una constitución basada en las leyes inglesas. En 1904, Mosquitia fue finalmente incorporada a Nicaragua.

El 6 de diciembre de 1904, durante el Congreso de EE.UU., el presidente Theodor Roosevelt proclamó la doctrina del “Big stick”, también conocida como “Corolario Roosevelt”. Esta política exterior fue practicada en el periodo comprendido entre 1898 y 1934, cuando para proteger sus intereses comerciales Estados Unidos ocupó varios países latinoamericanos, en lo que sería conocido como las Guerras Bananeras. William Howard Taft, quien había sido designado Secretario de la Guerra en la administración del gobierno de Roosevelt, no dudó en recurrir a la fuerza en varios países. Significativamente, fue el mismo Taft quien recibió el encargo de supervisar la construcción del canal de Panamá, cuya inauguración tuvo lugar finalmente en 1914.

Hay que recordar que el proyecto inicial de construcción del Canal de Panamá había sido otorgado en primer lugar por Colombia a Francia, mediante la firma del convenio Salgar-Wyse. Las obras, dirigidas por Fernando Lesseps, el ingeniero responsable del Canal de Suez en Egipto, comenzaron en 1878 y duraron diez años hasta que se abandonaron en 1888. El abandono del proyecto por parte de los franceses hizo que Estados Unidos retomara la idea del Canal y encargara un estudio del Congreso de EE.UU. a la Comisión Walker. Finalmente se eligió a Nicaragua y fue firmado un tratado de construcción. Pero este país se opuso a la concesión de una ruta prevista por EE.UU., y consideraba la posibilidad de otorgársela a Alemania. Como represalia, en agosto de 1912, EE.UU envió a Nicaragua sus tropas, que sólo se marcharían tras 21 años de ocupación, convirtiendo ese país en una especie de protectorado. La invasión respondía al objetivo de evitar que otro país construyera un canal en la zona. En 1916, el gobierno de Adolfo Díaz reciéntemente “electo” con el beneplácito de los marines estadounidenses, firmó con EE.UU. el Tratado Bryan-Chamorro, por el cual ese país obtenía la concesión para el canal por una duración de 99 años, y la autorización de instalar una base naval.

El éxito del Canal de Panamá y la larga invasión de Nicaragua por parte del EE.UU. arrojaron el otro proyecto del canal al olvido. Pero no para siempre. Daniel Ortega, el líder histórico de la Revolución Sandinista que fue presidente de Nicaragua en la década de 1980 y reelecto en 2006, retomó la idea. En 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que otorga la concesión del nuevo Canal Transoceánico a la empresa privada china HKND. Si viera el día, el Canal de Nicaragua sería tres veces más grande que el de Panamá. En otras palabras, este tendría un serio problema de competencia.

Fuente : Le Journal de Notre Amérique