El PSOE se para ante los bancos

En 2011, estando en funciones el gobierno Zapatero, indultó a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa. Menos de dos años más tarde, este tribunal anuló parcialmente la medida de gracia. Antes, en los albores de la crisis financiera, el PSOE inyectó 30.000 millones de euros en la banca en concepto de ayuda directa y unos 80.000 millones en avales del Estado. Esto llevó a Rajoy a prometer, en la campaña electoral, que el PP nunca daría dinero público a los bancos. Les dio 40.000 millones.

Aterrizando en la actualidad, el gobierno socialista de Sánchez ha desarrollado, desde que desalojó al PP del poder, moción de censura mediante, una labor relativamente digna en lo tocante a las políticas sociales, plasmada en los fallidos Presupuestos que presentó al Congreso, así como en algunas de las medidas que adopta el Consejo de Ministros por decreto en los llamados ‘viernes sociales’. Pero desde hace un tiempo se constata que el quehacer progresista del PSOE en el ejecutivo muestra unas claras limitaciones, como si se encontrara con una frontera que se siente incapaz de franquear. Veamos algunos de estos obstáculos. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos habían alcanzado en Diciembre un acuerdo para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Pues bien, hace unos días, fuentes gubernamentales aseguraron que renunciaban a aplicar ese compromiso, aduciendo que no contaban con los apoyos suficientes en la Diputación Permanente del Congreso. Excusa muy pobre por dos razones. Primero, porque ha habido 8 meses para proceder a la derogación de esa norma y tejer las alianzas necesarias en el Congreso para hacerla efectiva, tal como se ha hecho con los Presupuestos, aunque finalmente no hayan prosperado. Y segundo, porque algunos de los decretos que ahora salen de los Consejos de Ministros de los viernes tampoco tienen garantizado el apoyo necesario en la Diputación Permanente, lo que no impide su publicación y vigencia hasta la decisión parlamentaria.

En el tema de las pensiones se produce una situación análoga: el gobierno se comprometió con los sindicatos a derogar el factor de sostenibilidad de la reforma que hizo el PP(subida del 0,25% mientras persistiera el déficit de la Seguridad Social), y todo apunta a que ha abandonado ese objetivo, así como el de fijar por ley una subida anual equivalente al IPC real.  

Resulta muy visible la mano del sector financiero tanto en las relaciones laborales como en las pensiones. Efectivamente, a los bancos y fondos de inversión les interesa la profundización de la devaluación salarial y la expansión de los fondos privados de jubilación; esto último requiere que las pensiones públicas sean exiguas.

También interesa a los fondos buitre que no se ponga coto a la actividad especulativa en el ámbito de los alquileres, lo cual vendría a explicar la negativa del gobierno a que el decreto ley aprobado recientemente sobre el asunto incluyera unos topes racionales a las rentas que pagan los inquilinos, instaladas en el abuso y la desmesura. En fin, la resistencia del gobierno socialista a regular los precios de la electricidad quizá tenga mucho que ver con el fabuloso negocio financiero que se está haciendo con el déficit de tarifa, generado por unos presuntos sobrecostes del sector eléctrico que se convierten en deuda en manos de los bancos y que pagan los usuarios en el recibo.    

Significativa ha sido, en la misma dirección, la negativa de Sánchez a imponer un impuesto a la banca en el modelo de reforma fiscal contenido en los Presupuestos. Y en un ámbito más limitado, la Abogacía del Estado ha pedido ante los tribunales europeos que los bancos no devolvieran el dinero cobrado de más a los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios.

Las políticas del PSOE no completan la ruta social porque se topan en su camino con el frontispicio de los templos financieros. Y se paran.           

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