Democracia y monarquía: la línea divisoria

La crisis del bipartidismo aboca al rey a incumplir la Constitución. Prueba de ello es su reciente decisión de disolver las cámaras, hurtando el debate de investidura a otras posibles opciones.

El articulo 99 establece el procedimiento a seguir tras un primer intento fallido de investidura, afirmando explícitamente: se tramitarán sucesivas propuestas.

Se tramitarán constituye una afirmación preceptiva. Por lo tanto, el rey tenia que haber seguido presentando propuestas, que deberían haber sido sometidas a nuevos debates de investidura, hasta que hubiese sido investido un nuevo presidente o hubiese transcurrido el plazo máximo de dos meses.    

¿Por qué se ha tolerado esta decisión del rey, contraria al ordenamiento constitucional?

Parece evidente que esta deriva autoritaria del rey tiene como finalidad, entre otras cuestiones estratégicas, la supervivencia del régimen nacido de la reforma de la dictadura. Se trata de la imposición de un bipartidismo de hecho, burlando de este modo el mandato popular expresado en las urnas.

La eclosión de la gran crisis económica y financiera propició el comienzo del movimiento de los indignados. Este movimiento tomó en España la forma de 15M y posteriormente la marchas de la dignidad, lo que a su vez favoreció el nacimiento y consolidación de PODEMOS, como respuesta popular a la crisis.

Un pilar esencial del régimen, la alternancia, quedó pues resquebrajado y con él el dictado constitucional, impuesto por los poderes oligárquicos que sustentan la monarquía, afín a sus intereses.

Prueba de ello es la intención de reforma del artículo 99, de modo que no sean posibles nuevos ensayos de investidura tras una primera votación fallida, estableciéndose la investidura automática del candidato del partido más votado, aunque este no cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Es decir, se pretende la legalización del bipartidismo forzoso, contra todo viento y marea; en realidad una forma “legal” de neutralizar cualquier expresión electoral de la voluntad popular que vaya más allá de lo tolerado por los poderes del régimen. No lo consintamos.

La farsa palaciega, que nos ha abocado a nuevas elecciones, no tiene otra finalidad que la de liquidar el resultado de las recientes, imponiendo una opción diferente a la expresada libremente por los electores (“con Rivera no”, clamaban las bases del PSOE en la noche electoral).

Lo sucedido pone en evidencia la línea divisoria entre democracia y dictadura, que no es otra que entre república y monarquía. Es decir, entre los que abogan por la proclamación de la República  -seguida de la formación de un gobierno provisional que decrete una ley electoral justa y convoque elecciones a una Asamblea constituyente- y los que, por el otro lado, intentan apuntalar el reino en ruinas de Felipe VI.

Por si fuera poco, el partido monárquico VOX, secundado por la derecha franquista y sus generales, intentan legitimar la figura del dictador genocida Francisco Franco, banalizando su presencia en la vida pública. Es una necesidad imperiosa de la monarquía, pues su corona pende de leyes franquistas tales como la ley de sucesión, incluida la ley preconstitucional de “punto final”, que estableció la impunidad de los crímenes del franquismo. Además, la pervivencia del franquismo en las fuerzas armadas, constituidas en autentica guardia pretoriana del monarca, es una barrera infranqueable a la libre determinación de los pueblos de España. Un derecho elemental  de cuyo ejercicio democrático puede llegar a nacer la unidad de sus clases populares, hoy explotadas, empobrecidas y enfrentadas.

El difunto dictador Francisco Franco lo dejó todo atado y bien atado, por ello el nudo gordiano que es necesario desarticular, a fin de alcanzar de forma efectiva las libertades y derechos sociales que nos son negados, es la propia corona. La impronta franquista de la Transición condicionó el rumbo de un  proceso constituyente fraudulento, consolidado por el autogolpe del 23-F.

En tiempos agitados, y estos lo son, medran todo tipo de colaboracionistas. Son los partidarios de nadar y guardar la ropa, los que prefieren seguir mareando la perdiz, en vez abordar con valentía el meollo del problema. Sin embargo, es probable que estos expertos en tácticas dilatorias tengan cada vez más difícil mantener sus posiciones. La grieta se ensancha y comienza a resultar arriesgado, si no temerario, pretender seguir manteniendo los pies a uno y otro lado de la línea divisoria.  

No hace muchos días, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, denunciaba la vulneración del ordenamiento constitucional  por parte del rey en un revelador artículo:  “El rey se sitúa al margen de la Constitución”.

Por todo ello, ante las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, seamos o no votantes del PSOE, demos un serio aviso a los poderes que, parapetados tras la tramoya monárquica, no se presentan a las elecciones y, sin embargo, intentan liquidar cualquier reclamo de soberanía popular. Llenemos las urnas de votos republicanos.

Manuel Ruíz Robles, presidente Federal de Unidad Cívica por la República