La nueva espada flamígera de Sánchez: el secuestro de las publicaciones digitales

    A partir de ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, o cualquier otro que se constituya en el futuro, dispondrá de potestades legales para proceder a la clausura de páginas webs o periódicos digitales, sin necesidad de contar para ello  con la hasta ahora preceptiva autorización judicial correspondiente.

    La nueva normativa fue avalada por la Diputación Permanente del Congreso y, posteriormente, aprobada por el Consejo de Ministros. La tramitación tuvo carácter «urgente», ya que según los portavoces gubernamentales tal urgencia se justificaba por la necesidad de impedir la proclamación de una suerte de  «República digital catalana».

     Para realizar esta operación, el gobierno del PSOE ha introducido una modificación de la ley  9/2014, de 9 de mayo, en la que se establece que se podrá intervenir «cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario», agregándose  en un lenguaje deliberadamente críptico que se podrá cerrar una web o servicio «cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico».

     O dicho de  manera más directa y sin rodeos. A partir de ahora, si los contenidos de la prensa digital encabronaran al gobierno de turno, este podrá proceder a la clausura de esa página o digital, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. O sea, sin pedirle autorización al juez de turno, para actuar de esa manera.

Escuchar cosas de este calibre resulta muy fuerte, porque  supone que en plena época de comunicación digital, el poder gubernamental recobra la vieja prerrogativa franquista de proceder al  «secuestro» de una publicación.

     El matiz de diferencia con el pasado no deja de ser importante.  Hace 40 o 50 años, el Ministerio de Información y turismo, que así se llamaba la cartera ministerial que  controlaba Manuel Fraga Iribarne,  podía ejercer su imponente autoridad  sobre periódicos de papel sin necesidad de consultar a ningún togado.  Hoy, al igual que antaño, las instancias gubernamentales disponen de la capacidad para hacer lo mismo, pero sobre sólo sobre los  periódicos digitales. Una diferencia, por otra parte, que no es baladí, y que   encierra, además, sus claves. ¿Por qué ese tratamiento diferenciado?

    En el pasado, entre los años 60 y 70, habían sectores de la burguesía que se sentían políticamente inquietos. El franquismo se había convertido para ellos en  una suerte de lastre, en un pesado fardo económico. No es que sucediera que aquellos que habían colaborado felizmente durante largos años con la dictadura, repentinamente se hubieran reconvertidos en auténticos demócratas. No. Lo que sucedía en aquellos días, es  los pueblos europeos no podían digerir la imagen de un dictador que había colaborado estrechamente con los regímenes de Hitler y Mussolini. Y, consecuentemente, si no deseaban convertirse en impopulares, tenían que proceder en consonancia no permitiendo ningún tipo de asociación comercial o económica con  la dictadura

     En las décadas 60 y  70, los sectores «liberales» de la burguesía española, que necesitaban como el agua las relaciones económicas y comerciales con Europa, tenían en sus manos la propiedad de importantes cabeceras de periódicos nacionales. Y, naturalmente, en consonancia con los intereses de sus propietarios, algunos periódicos trataban de reflejar en sus contenidos la necesidad de que se produjera «un cambio» político en España. Para controlar esas «extralimitaciones» de los rotativos de papel, el régimen franquista disponía de una herramienta muy similar a la que a partir de ahora estará en manos del gobierno de turno. O sea, el «secuestro» de la publicación «transgresora». Con un ligero matiz diferente, pero importante: en la actualidad el gobierno de Sánchez, o cualquier otro que venga en el futuro, no podrá proceder al secuestro de los periódicos de papel, pero si al cierre de la prensa digital.

     ¿Por qué unos y otros no? Muy fácil. Unos, los de papel, siguen en manos de los grandes consorcios bancarios y empresariales. No existe, pues, peligro de que se puedan producir en ellos ningún tipo de  veleidades políticas. Los digitales, en cambio, pueden estar manejados por simples mindundis, asociados en un proyecto común, pero barato.

      Y un dato más. Internet se ha hecho, – obvio es decirlo -, con una buena parte de la comunicación mundial. Y con mucha razón, eso inquieta gravemente al poder económico y político. Las ideas se difunden sin que  puedan actuar contra ellas barreras totalmente infranqueables. Aunque las grandes multinacionales disponen de cuantiosos medios para poder orientar  a la opinión pública, los coladeros  informativos que se producen en Internet  están cambiando  las actitudes de la gente en relación con  múltiples temas. Ese es un fenómeno extraordinariamente peligroso, que resulta preciso controlar.

       Paralelamente, la prensa de papel, aunque sigue en manos «respetables» y seguras, pierde vertiginosamente difusión y credibilidad entre amplios sectores sociales. Han sido muchos años de uniformidad y de ausencia de la posibilidad de réplica. Todo parece indicar que la prensa de papel desaparecerá como vehículo de  información a medio plazo.

      El decreto gubernamental del gobierno de Pedro Sánchez sobre la intervención gubernamental en páginas webs, ha pasado desapercibido para los consumidores internáuticos de información. Cierto es que también ha pasado inadvertida la sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual usted podrá ser despedido de su puesto de trabajo si se enferma con perseverancia, aún contando con los certificados médicos preceptivos. O que Comisiones Obreras y UGT le  han hecho constar a Sánchez que ya no les importa mucho si desaparecen o no las Reformas Laborales de Zapatero y Rajoy. Esso indica que el Poder  continúa disponiendo de  importantes recursos  herramientas eficaces para continuar logrando el desvío de la atención informativa.

     Y un dato más sobre lo que posiblemente tampoco conozca nada. ¿Sabe cómo fue posible que se aprobara en el Parlamento español que el gobierno pueda proceder legalmente al cierre de periódicos digitales? ¿Quienes votaron a favor, quienes en contra y quienes se abstuvieron?

       Se lo cuento rápidamente: a favor  del «secuestro» de digitales votó el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos. A ellos se agregó nuestra inefable Coalición Canaria autóctona. Pero eso no fue todo. Los de «Unidas Podemos», probablemente desgarrados   en lo más profundo de sus almas por las contradicciones que genera tener en sus manos futuros ministerios, se abstuvieron.

  Pero cosas peores veredes, amigo Sancho.