Ante la situación que estamos viviendo en las residencias de mayores reclama: Todo el poder para lo público

La crisis sanitaria y social que estamos padeciendo con la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto la situación de muchos de los servicios sociales de nuestra comunidad, y de manera perversa e indignante la situación que se vive en las residencias de mayores.

Años de privatizaciones y externalizaciones que han puesto en peligro la vida de quienes lo han dado todo y que merecen todo el respeto y un trato digno.

El neoliberalismo, la mercantilización de lo público, es un valor muy peligroso que ha llevado a las administraciones a renunciar a la rentabilidad social y atender la rentabilidad económica que sólo ha enriquecido a los fondos buitres y grandes empresas que encontraron en los servicios sociales un nicho de mercado.

Según datos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), En Castilla y León un 74,2% de las residencias y centros de mayores son privadas, frente a un 25,8% públicas.

Las cifras pueden resultar frías, pero son muy elocuentes a la hora de reflejar en manos de quien ha dejado el gobierno del PP en nuestra Comunidad la vida de las personas mayores. De las 690 residencias de mayores que hay en nuestra comunidad 490 son privadas y 200 públicas.

Hablando de personas, hemos dejado en manos de especuladores y fondos buitres el cuidado y la vida de 34.464 personas mayores y atendido desde lo público a 11.993.

La privatización de los servicios públicos, el mantra de que el “todo gratis” es insostenible, (una falacia, ya que se afrontan vía impuestos) caló de una manera interesada en el gobierno de nuestra comunidad, promoviendo que la iniciativa privada se apropiase de los servicios públicos universales, que han dejado de ser públicos lo que ha incidido de manera perversa en los derechos humanos más fundamentales.

La muerte de nuestras y nuestros mayores en las residencias y las condiciones de vida de estos y de las personas que allí trabajan han destapado la cruda realidad y como los mercados anteponen el beneficio empresarial a la vida. A situaciones como éstas son a las que se refiere el Partido Comunista cuando dice que el capitalismo mata.

El movimiento feminista venía denunciando la crisis de cuidados que estaba viviendo nuestra sociedad; que todo aquello que las mujeres venían haciendo en sus casas de manera gratuita y que hoy está en una gran mayoría en manos de empresas privadas, trabajo que realizan las mujeres de manera muy precaria y sin derechos (más del 90% de las personas que trabajan en residencias y centros sociales son mujeres) era una de las manifestaciones más crueles del capitalismo y el patriarcado.

La triste paradoja es que las empresas que controlan las residencias de mayores dependen del dinero y los recursos públicos. Empresas antes dedicadas al ladrillo que han encontrado en la mercantilización de las personas un nuevo nicho de mercado: CLECE, SERALIA etc. Empresas en manos de investigados por tramas de corrupción como Ulibarri, implicadas en el caso Castor como Florentino Pérez controlan y deciden como viven y en qué condiciones las personas mayores de nuestro país.

El PCE en Castilla y León denuncia y exige al gobierno autonómico responsabilidades por haber facilitado que fondos buitres, empresas del ladrillo gestionen las residencias de mayores, muchas de ellas construidas con dinero público y dejando la gestión de la misma en manos privadas, “el colmo del riesgo empresarial” dinero público para aumentar beneficios empresariales.

Urge resolver la situación actual de total indefensión de las personas mayores:

-Intervención por parte de la Junta de Castilla y León en las residencias privadas concertadas y públicas con gestión privada para garantizar que ninguna persona, ni residente ni trabajadora ponga en peligro su vida durante la crisis del COVID-19.

-Investigar si en alguna residencia de nuestra comunidad se cursó orden de no enviar a personas con síntomas a los hospitales, y si así sucedió exigir responsabilidades a los responsables de las empresas.

-Mejorar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de las residencias tanto en recursos como en horarios y salarios.

Las políticas del PP y sus socios de gobierno en la Junta de Castilla y León que han estado siempre al servicio y beneficio del mercado y del capital. Un gobierno autonómico que ha gobernado más para el mercado y menos para la mayoría social ha llevado a situaciones como las que denunciamos.

El PCE en Castilla y León exige fortalecer el sistema de cuidados y trabajar en un modelo de expropiación del sistema privado y concertado. Los servicios esenciales no pueden ser un negocio. No se puede permitir obtener beneficios a costa de la vida y la dignidad de las personas.

Todo el poder para lo publico

SECRETARIADO DEL COMITÉ REGIONAL PCE-CyL.