Nuestra derecha y la clase trabajadora

El pasado 11 de Abril, mientras la ciudadanía permanecía confinada en sus casas y los neoliberales intentaban esconder su responsabilidad en la existencia de unos Estados enflaquecidos incapaces de combatir la crisis sanitaria, nuestra ínclita Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista al canal argentino de noticias TN, declaraba que ‘la extrema izquierda quiere hacer una salida de la crisis hacia la nacionalización, con un Estado más fuerte, con más gasto público y rompiendo el equilibrio entre lo público y lo privado’. La Fundación FAES, aparato ideológico creado para mayor gloria de Aznar, emitía un documento, el pasado 15 de Abril, en el que enfatizaba en la necesidad de ‘incrementar el modelo de flexiseguridad laboral’. En plata: reforzar la capacidad de despedir. El PP de Casado, por su parte, insiste a diario en que de esta difícil situación económica se va a salir rebajando los costes laborales y fiscales de las empresas.

Hemos de anotar, por otra parte, que esa luna de miel inicial que se dio entre la gran patronal y el gobierno a cuenta de las medidas de liquidez a inyectar a las empresas para evitar su quiebra, se rompió el mismo día en que el Ministerio de Trabajo anunció que se encarecerían, mientras durase el Estado de Alarma, los despidos motivados por razones de organización, tecnológicas o de producción. Y se deterioró aún más cuando se decidió, hace pocos días, la implementación de una renta mínima de inserción para el mes de mayo.

Existe, pues, una asincronía absoluta entre la marcha de los acontecimientos a nivel español, europeo y mundial, y el posicionamiento que registra nuestra derecha, la cual se asemeja a esa aristocracia decadente que a finales del siglo XVIII añoraba el viejo orden feudal que nunca volvería.

Esa misma derecha propietarista que en el siglo XIX eludió sus obligaciones fiscales, condenando al país al endeudamiento y al retraso en la revolución industrial respecto de otras naciones europeas.  Y que ahora, contra el signo de los tiempos, insiste en unas recetas que tienen como común denominador el sometimiento absoluto del trabajo frente a las prerrogativas del capital.

Así, cuando es motivo de escándalo el hecho de que se hayan producido casi un millón de despidos que no se han acogido a los ERTES porque los contratos se han extinguido, en lugar de cuestionarse la excesiva temporalidad no ligada a la causalidad en la contratación, el aznarismo insiste en la ‘flexiseguridad’ laboral, es decir, en el despido libre que cronificaría esa precariedad.

Cuando es un clamor la implantación de una renta básica que atienda a esos millones de personas que se han quedado sin nada, la CEOE y sus proyecciones políticas braman contra su instauración. Sus motivos son diáfanos: si la gente que menos tiene dispone de un mínimo vital, tendrá menos predisposición a trabajar por sueldos miserables. En definitiva, esta renta propende a elevar las retribuciones de quienes viven exclusivamente de su trabajo, lo cual no es del agrado de los decimonónicos.

Cuando igualmente existe un amplio consenso en torno al fortalecimiento de la sanidad y de los servicios públicos en general, nuestros reaccionarios se instalan en una infantil histeria anticomunista denunciando la ruptura del ‘equilibrio’ entre lo público y lo privado. Claramente su oposición es a una expansión del Estado que requeriría una tributación más generosa por parte de los más nutridos patrimonios, cuestión que históricamente no ha sido del agrado de las élites hispanas. Pero también les perturba el hecho de que un número más elevado de sanitarios, trabajadores públicos e industrias estratégicas reduzcan el paro y, consiguientemente, induzcan una mayor participación de los salarios en la renta nacional.

En definitiva, asistimos a una revalorización moral y social del trabajo cuando apreciamos que son las clases trabajadoras, incluso sus sectores más vulnerables, quienes nos están salvando literalmente la vida en esta crisis. Y hay quienes luchan con todas sus fuerzas para que este prestigio no se traduzca en una revalorización política y económica.

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