Un repaso a las cárceles de España (I) El sistema penitenciario en el territorio español a vista de pájaro

Datos generales.

La legislación que regula las penas privativas de libertad están recogidas en el artículo 25 de la constitución. En su punto 2 señala que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.”  Bien es sabido por todos aquellos que pasan por centros penitenciarios que “se sale peor de lo que se entra”. En la mayoría de los casos, en vez de aplicarse metodologías de orientación social, la acción punitiva y el castigo son la norma.

En España existen actualmente 92 centros penitenciarios con una población reclusa total de 57.381 de los cuales el 92.51% son hombres y el restante mujeres. La distribución de la población reclusa la encabeza Andalucía con 13.238, seguidas de Cataluña con 8.199, Madrid con 7.528 y la Comunidad Valenciana con 6.493. Todas se mueven en un valor estadístico de un 0.10-0.20% de población reclusa sobre el total. Especialmente llamativo es el caso de Canarias con 3.531 o Castilla la Mancha, con 1.680, parece claro pues, que la justicia sí que entiende de clases y que aquellas CCAA más empobrecidas tienen una ratio más alto de personas presas, no dudamos que la mayoría de estas personas privadas de libertad proceden de los estratos más bajos de la sociedad. Según fuentes oficiales, más del 70% de los delitos por los que se cumple condena en prisión son por delitos contra la propiedad privada, lo que vienen a ser hurtos, robos o daños y alrededor de un 20% son contra la salud pública, tráfico de estupefacientes.

Las cifras de muertes en prisiones del estado español son alarmantes. Solo durante el 2019 hubo 194 en total. Esto es poco más de una muerte entre muros cada dos días. Las causas de dichas muertes no se han hecho públicas, aunque si nos regimos por los registros de años anteriores encontramos como causas recurrentes  el suicidio y la sobredosis.   Existen casos de homicidios en prisión, ya sean por negligencia de los profesionales penitenciarios o por intervenciones violentas contra los recursos, que son presentados como suicidios o sobredosis. Este es  el caso de un privado de libertad, de 27 años del cual no ha trascendido el nombre, en Brians II (Barcelona), que falleció durante una sujeción o inmovilización por las fuerzas de seguridad.

Secuelas de la estancia en prisión.

Las secuelas físicas y sobre todo psicológicas que provoca la estancia en prisión son múltiples. Una de ellas es la agorafobia. Los privados de libertad se acostumbran a no poder ver más allá de unos pocos metros y los espacios amplios les desconciertan, confunden e incluso aterrorizan. Un gran número de internos se encuentran en situación precaria económica al salir, y si la estancia ha sido prolongada se ven completamente perdidos en las innovaciones tecnológicas, imprescindibles en muchos casos para la búsqueda de empleo, lo que a veces, les empuja de nuevo a la delincuencia. Por no hablar de la pérdida de autonomía al vivir en un medio completamente reglado o las depresiones que frecuentemente acarrea la pérdida de libertad. También existen casos de pérdida de visión por las malas condiciones lumínicas en las celdas por las noches.

El número de sujeciones mecánicas, un método por el cual se inmoviliza al preso ya sea mediante esposas o atándolo a la cama o a algún objeto físico, un método que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desaconseja, fue en total de 5.119 en 2018. Según el informe del mecanismo nacional de prevención de la tortura, equivale a casi un 10% de la población reclusa total. En este mismo informe destaca que 3.318 privados de libertad siguen algún tratamiento psiquiátrico, pero solo 577 de ellos son atendidos en Unidades Hospitalarias Psiquiátricas Penitenciarias. Dichos datos indican que un alto porcentaje de personas con trastornos mentales, que deberían recibir una terapia intensiva sanitaria, no la reciben. Que las cárceles son utilizadas como contenedores de “locos”, de marginados, de todos aquellos que la sociedad no quiere ver en sus calles.

La sobremedicación sin diagnóstico previo está a la orden del día, así como también las medicaciones forzosas. Actos que vulneran el derecho de los pacientes según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el BOE del 15/11/2002 que recogen “Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento […]”

Las familias también sufren.

El efecto sobre las familias es devastador, a parte de la imposibilidad de que padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas dejen de verse hay casos en que es la persona la que entra en prisión la única que ingresa fondos a la familia. También encontramos que a esta carencia económica hay que sumarle que el interno necesita dinero para tener una alimentación digna en la cárcel, tabaco, café etc… lo que supone un gasto extra para las familias. Verónica Tortosa, con su marido preso en Aranjuez nos relataba que “para poder ingresarle 10€ ó 20€ todas las semanas tengo que pedir, empeñarme” Además el costo de las llamadas desde prisión es exorbitado debido al monopolio de telefónica en este servicio, a 2,50€ el minuto. Muchos privados de libertad con hijos pequeños deciden no contárselo “no entenderían ver a su papá a través de un cristal”, lo que redunda en una peor salud mental de los privados de libertad.

Desprotección entre los muros.

La vulnerabilidad y arbitrariedad a la que están sometidas las personas presas es completa, por experiencia propia puedo narrar como es un ingreso en prisión. Nada más ingresar en prisión, tras una noche de locos, en un mundo hostil y que no comprendes, te llevan a una salita con todos los nuevos ingresos. De uno en uno van llamando a los presentes y entonces conoces al equipo técnico; formado por lo general por un psicólogo, un trabajador o educador social y un enfermero. Tras ello, te dejan hacer una única llamada de no más de dos minutos en la que, a todo correr, debes explicarle a tu familiar tu situación, el módulo al que vas a ser transferido y el número de tu cuenta de peculio, de dónde podrás comprar tabaco, café, comida, etc. No hay cabida a lamentaciones o emocionalidad, si no, no daría tiempo. Es este mismo equipo técnico el que valorará “tu buen comportamiento” durante tu estancia en prisión y te propondrá para permisos o cambios de grado. Ellos te abrirán las puertas para poder ver a la Junta de Tratamiento, formada por el director y los subdirectores, así como el trabajador social y el jefe de servicios del módulo.

Todo el sistema está preparado para anunciarte que, si te rebelas, no tendrás permisos; te denegarán los vis a vis y, posiblemente, te trasladen de prisión. En muchos casos enviándote lejos de tu familia; contraviniendo el principio de arraigo recogido en el Código Penal. Si, además, te rebelas empleando la fuerza puedes acabar con tus huesos en aislamiento o en régimen FIES. Un régimen de aislamiento de 23h de celda al día y sólo una de patio; con un único funcionario que si tienes suerte te dirigirá la palabra, si no, ni eso. Estar en FIES implica que todas tus comunicaciones están intervenidas, todas las cartas que recibas, los libros que leas, las llamadas que hagas serán monitorizadas y, si al funcionario de turno le parece oportuno, podrían llegar a incomunicarte por completo, una vez más en connivencia con el equipo de dirección.

Punitivismo vs reinserición

España es un país que anda a caballo entre los dos modelos, en un extremo podríamos encontrar a EE.UU. y en el otro a países nórdicos como Finlandia. En este país la tasa de ocupación en programas de reinserción es del 100%, hay cárceles abiertas, donde los reclusos acuden tan solo a dormir y desempeñan trabajos para la comunidad en el exterior, en España el equivalente serían los CIS (Centros de Inserción Social). En las cárceles cerradas se les dota de equipamiento deportivo, no sólo instalaciones, sino también ropa y se les remunera con un salario digno, se les permite llamar a cualquier número de teléfono. Las estadísticas hablan por sí solas. En EE.UU. la cifra de privados de libertad por cada 100.00 habitantes era en 2016 de 671.07, en España de 126.88, mientras que en Finlandia es de tan sólo 52. Además, la cifra de policías es también significativa en España hay unos 534 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que en EE.UU. la cifra desciende a 240 y en Finlandia llega a los 159. Todo esto a pesar de que España tiene una tasa de criminalidad mucho más baja que los EE.UU.