Por mar, tierra y aire los piratas de Trump atacan a Venezuela

Esto quedó una vez más en evidencia durante la Operación Gedeón contra la revolución bolivariana, y sigue claro ahora. Con lo que sería una verdadera operación de piratería, Trump amenaza con bloquear los barcos iraníes que transportan combustible a Venezuela en plena pandemia por el Covid-19. El plan sigue lo mismo: ahorcar la resistencia del pueblo venezolano para que derrote a Maduro, que está teniendo éxito contra el coronavirus.

Y ayer, las medidas coercitivas unilaterales, decididas por Trump contra Venezuela y aprobadas por los gobiernos de la Unión Europea, lanzaron otro ataque contra la información de Telesur y PDVSA, la compañía petrolera nacional. La multinacional estadounidense AT&T, que proporciona servicios a través de la plataforma Directv, y que en el pasado ha estado involucrada en otras operaciones desestabilizadoras en el continente latinoamericano, como el golpe de estado contra Allende en Chile, ha anunciado el cierre de la señal debido a la amenaza de sanciones.

Otro ataque a la libertad de información, uno de derechos humanos inalienables, cometido por el imperialismo norteamericano y sus vasallos. Un ataque anunciado en Miami durante una reunión del Centro de Medios de las Américas del Departamento de Estado, en la que funcionarios del gobierno de Trump lanzaron falsas acusaciones contra Telesur, RT y otras plataformas alternativas internacionales.

Telesur, como ya ha sucedido con otras empresas públicas fuera del país, como Monómeros en Colombia o la refinería de Citgo en EE. UU., está siendo blanco de los golpistas venezolanos, que ya han designado a su director virtual. Un plan respaldado al extranjero por una de las caras más odiosas de la derecha golpista venezolana: la de Julio Borges, quien se llama pomposamente «comisionado presidencial en el extranjero». Un cargo virtual como virtual es el «gobierno» del autoproclamado «presidente interino», Juan Guaidó.

El gobierno de Narnia, el Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez lo definió acertadamente, durante una actualización de los hechos relacionados con el intento de una incursión mercenaria en las costas de Venezuela. Un plan contemplado en el contrato que estipuló la empresa norteamericana Silvercorp y la cúpula de Guaidó.

Borges, huyendo de su país y filmado después de haber atropellado a un niño sin parar para rescatarlo, escribió una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, «en nombre del gobierno legítimo que preside el diputado Juan Guaidó». En la carta, niega, contra toda evidencia, la responsabilidad en los «eventos del 3 y 4 de mayo». Los días de la «operación Gedeón», descubierta y neutralizada por el gobierno bolivariano con la participación directa del poder popular organizado.

Las fotos de los pescadores descalzos pero armados que neutralizaron al grupo de mercenarios, atándolos con la cuerda en la espera de conseguir esposas, dieron la vuelta al mundo. «Esta es la guerra de todo el pueblo: un pescador armado de un hierro contra los enviados del imperio más poderoso del mundo», dijo el presidente Nicolás Maduro al recordar la heroica resistencia del pueblo vietnamita que se renueva en la imagen del pescador.

Ciertamente, la máquina que apoya la farsa internacional de este grupo de ladrones es poderosa. Los gobiernos que, desde Europa hasta América Latina, han seguido la orden de Trump al reconocer el autoproclamado en el extranjero en las funciones que, al no tener un aparato estatal en la mano, no pueden ejercer, continúan sembrando confusión.

Los medios internacionales se refieren al grupo de Guaidó como si fueran la «Asamblea Nacional»: incluso si sus reuniones tienen lugar en el salón del condominio, ya que el Parlamento real, que sin embargo sigue “en desacato”, ha elegido una nueva presidencia sin el autoproclamado, que la había ejercido hasta entonces.

Sin embargo, incluso en los medios de comunicación que querían presentar la operación de Gedeón como «presunta», se filtran las confesiones e imágenes de los mercenarios estadounidenses arrestados en la costa venezolana. La copia del contrato millonario fue presentada por una periodista de Miami que ciertamente no se puede sospechar de simpatías chavistas.

Y ahora, incluso los que más siguen con los ojos vendados frente a la derecha venezolana, están obligados a admitir la incapacidad total demostrada por Guaidó y la consiguiente falta de fiabilidad en la gestión de un país.

Al examinar el mérito legal del contrato mercenario celebrado con Silvercorp, se hace cada vez más claro cómo Guaidó y sus compinches, en lugar de dirigir el país, se asociaron para saquearlo. Fue mostrado al país por una reunión pública de alto nivel, coordinada por Jorge Rodríguez y compuesta por la Primera Combatiente Cilia Flores, por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez y por el intelectual Luis Britto.

Flores, una reconocida abogada, así como una política de largo plazo, destacó los hallazgos incontrovertibles contenidos en las confesiones de los acusados (actualmente 39), y las cláusulas en las que se establece la facultad de saquear y apropiarse de los activos de los chavistas asesinados, junto con los recursos del país.

Para llevar a cabo el «gobierno de transición», repetido como un mantra por el autoproclamado desde enero de 2019, los mercenarios de hecho previeron el asesinato de muchos líderes chavistas, comenzando con el presidente Nicolás Maduro, que se exhibirían como trofeos en los EE. UU., para recoger la recompensa puesto sobre su cabeza por el cowboy del Pentágono, Donald Trump.

Sin embargo, el seguimiento de la investigación sobre la Operación Gedeón, ilustrada por el ministro Rodríguez más tarde, mostró que las figuras de la oposición también serían atacadas. Entre ellos, Leopoldo López, otro golpista de Voluntad Popular, que debería ser capturado y luego asesinado durante un intento de fuga falsa.

De algunas escuchas telefónicas, proporcionadas, dijo Rodríguez, por «fuentes de inteligencia en la Fuerza Armada de Colombia», en el plan mercenario de la extrema derecha venezolana emergen las responsabilidades de la administración Trump, del gobierno colombiano, y del narcotráfico respaldado por la agencia antidrogas de América del Norte, la DEA.

El diputado de Acción Democrática, Hernán Alemán, prófugo de la justicia, conversa por teléfono con el narcotraficante Clíver Alcalá Cordones, hoy protegido por la DEA, y con un tercero no identificado. Además de la contribución de la CIA y la del embajador de los Estados Unidos en Colombia, James Story, se confirma la existencia y la duración de los campos de entrenamiento paramilitares con sede en Riohacha, en la Guajira colombiana, que ya han surgido en las confesiones de los arrestados.

El diputado también se refiere a los uniformes de América del Norte y la bandera de barras y estrellas incautadas en el estado venezolano del Zulia. Rodríguez explicó que Alemán mantiene estrechas relaciones con la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz y con su esposo Germán Ferrer, quienes huyeron a Colombia, donde también está «Sair Mundarín, quien fue el autor de todos sus crímenes».

En los últimos días, Ortega Díaz ha emitido otro llamado en Twitter para derrocar al gobierno de Maduro, mientras su esposo patrocina el «llamamiento al pueblo zuliano» para reiterar el apoyo al «gobierno de transición» de Guaidó. Y que el golpista Borges, implicado en el intento de masacre con drones del 4 de agosto de 2018, en su carta a la ONU define a Maduro como «una amenaza para la paz» parece aún más grotesco.

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