A la tercera va la vencida
Son ya nueve los meses de Gobierno en funciones desde la Moncloa. Este largo periodo de interinidad de las instituciones está aumentando la incertidumbre e incredulidad hacia el establishment español. Fue en enero que Mariano Rajoy dijo no a la propuesta Real de presentarse a una primera investidura en la Cámara baja. Su falta de iniciativa para buscar compromisos con otras fuerzas políticas durante la ronda de negociaciones, y en particular con el Partido Nacionalista Vasco del que podría haber recibido el voto afirmativo, confirmó su actitud intolerante al dialogo con las formaciones nacionalistas. Un craso error, ahora es Rajoy quien intenta convencer al lehendakari Urkullu para formalizar un pacto tras las elecciones vasca del 25S en la búsqueda de un más que improbable apoyo entre el Gobierno vasco y español.
El fin del bipartidismo ha establecido las bases de una nueva política de alianzas que obliga a los grupos políticos a tener que superar serias dificultades con el objetivo de alcanzar un acuerdo. El intento de Sánchez de proclamarse presidente con el apoyo de Rivera acabó convirtiéndose en la primera investidura fallida de la democracia.
Ciudadanos obtuvo en junio unos resultados electorales que no eran los esperados por la formación. El batiscafo naranja parece sumergirse por debajo de la linea de flotación marcada por el Ibex 35. La misma derecha populista y radical que ha obtenido excelentes resultados en Europa del Norte, donde gobierna coaligado con partidos de derecha europeista, en el Estado español no le ha correspondido ningún senador, cuando la Cámara alta es el órgano legislativo de representación territorial.
El día después de las previsibles elecciones generales de diciembre Pedro Sánchez continuara enfrentado a los barones del partido y tendrá que consultar de nuevo a las bases del PSOE para reforzar su política de alianzas. La pregunta en esta ocasión podría estar dirigida a pactar con la nueva coalición Unidos Podemos. Una aproximación entre ambas formaciones estaría condicionada por temas como la crisis social en la Unión Europea o la soberanía nacional respecto a la política exterior estadounidense.
La pasada sesión de investidura Rajoy cerró el turno de intervenciones con una frase lapidaria que daba por concluido el problema vasco y la cuestión catalana: “en democracia lo primero es el imperio de la ley, expresión de la voluntad de la mayoría”. El presidente en funciones planteó un escenario de enfrentamiento que nadie desea, el único escenario político posible es aquel donde el encuentro entre todos los protagonistas sirva para alcanzar un acuerdo sobre el derecho de los pueblos a elegir el tipo de relación que desean tener con el Estado central, sea federal, confederal, plurinacional (como el boliviano presidido por Evo Morales) o independiente. El líder socialista puede ser parte de la solución a la cuestión nacional en Catalunya; tomar la iniciativa en el dialogo, buscar el consenso necesario con otras fuerzas de progreso, y superar el discurso hegemónico de la derecha soberanista.
Tras el intento fallido de formar Gobierno en la XI Legislatura y con la XII pendiente de algún partido que pueda disponer de votos suficientes con los que superar una votación por mayoría simple sólo nos queda esperar un intento por parte del Congreso electo en las próximas elecciones legislativas de Navidad. Y si aún así no fuera posible designar un presidente quedaría en entredicho la función de mediador institucional del actual jefe de Estado, el rey Felipe VI. Las enormes dificultades para formar un Gobierno estable podrían dar impulso al proyecto republicano defendido por el bloque de izquierdas.
La convocatoria de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía en España requeriría de una reforma constitucional previa. El artículo 168 de la Constitución establece que debe ser aprobada por mayoría de dos tercios de las cámaras y a continuación disolverse las Cortes. Una vez reelegidas se procedería al dictado de un nuevo texto constitucional donde sería ratificado que la monarquía puede ser sometida a votación popular. La rancia derecha nacionalista del PP necesitaría superar un tercio de la Cámara baja para poder derrotar la iniciativa por la III República. Los populares estarían obligados a obtener más de 116 escaños, una cifra no muy alejada de los 123 que obtuvieron en las pasadas elecciones del 20D.