Declaración del FAI ante la injerencia imperialista en los procesos electorales de Nicaragua y Venezuela

El 7 de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales y de diputados en Nicaragua; y el 21 de noviembre serán las elecciones regionales y municipales en Venezuela. Desde hace meses arrecian los ataques del complejo tecnológico-comunicacional, liderado por el capital estadounidense, contra estos dos países. La propaganda, que se disemina por todo el planeta, trata de crear una matriz ideológica que deslegitime estos procesos para derrocar “blandamente” a sus gobiernos. En la elaboración de la propaganda no sólo intervienen los periodistas, sino los políticos, los intelectuales, los artistas y las instituciones. 

La injerencia de EE. UU. y sus aliados europeos en los momentos electorales forma parte de la estrategia imperialista para desestabilizar y deslegitimar a los gobiernos y las instituciones de los Estados que no se someten al dominio imperial. Esta práctica ha sido habitual en América Latina, tanto en los procesos electorales como en sus resultados, cuando no han sido convenientes a los intereses imperialistas (Honduras, Brasil, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Perú).  

Tanto Venezuela como Nicaragua están sometidas a una guerra multiforme que se despliega, en esta ocasión, utilizando una de sus herramientas más dañinas: no reconocer los procesos electorales por los que se renuevan los cargos políticos.

EE.UU. no ha dejado nunca de considerar a América Latina su “patio trasero”. No ha dejado nunca de intervenir para “defender sus intereses” que no han sido otros que los de las del Capital estadounidense. No ha dudado nunca en apoyar golpes de Estado, intervenciones armadas, sabotajes, operaciones encubiertas, asesinatos, torturas etc.

Desde el inicio del siglo XXI, la hegemonía imperialista estadounidense ha ido en declive. Pero al mismo tiempo, se han diversificado las formas en que trata de ejercer su dominio mundial. El uso de la intervención armada ha sido el método más utilizado en Oriente Próximo. Sin embargo, en América Latina la forma de intervención actual es la llamada “guerra multiforme”, que combina la actuación de los ejércitos interpuestos, mercenarios, utilización de la presión a los organismos internacionales, guerra económica y guerra ideológica. La estrategia imperial consiste en desestabilizar por todas las vías posibles a los gobiernos rebeldes, deslegitimar sus procesos electorales y presentar a sus gobiernos como dictaduras. 

Los procesos electorales son el momento más favorable para atacar a los gobiernos latinoamericanos porque se renuevan las instituciones y es posible intervenir con mayor facilidad. Pero la estrategia se prepara con mucha anticipación. Se pone en marcha el complejo tecnológico-comunicacional para producir la propaganda que criminalice a los gobiernos que no se someten; al mismo tiempo, se promueve y financia a los opositores más favorables a los intereses imperialistas. Se magnifica su influencia -aunque la realidad es que tienen más acólitos en el exterior que en sus propios países-, se insta a las fuerzas opositoras a elevar el nivel de declaraciones y se construye su imagen de víctimas. También las ONGs han

de sumarse a la crítica despiadada a los gobiernos (la mayor parte de ellas financiadas por la USAID y fondos europeos).  

Los derechos humanos y la libertad de expresión se han convertido en la batería ideológica más utilizada contra los gobiernos de Venezuela y Nicaragua en periodo electoral. De la misma forma que la guerra económica (sanciones, bloqueo, etc.) es el más utilizado para preparar el terreno que justifica la “intervención humanitaria”. 

La campaña contra las próximas elecciones en Venezuela tiene sus antecedentes en las elecciones legislativas del 6 de diciembre del 2020. Antes de las elecciones ya se había preparado el terreno con la autoproclamación en el 2019 del golpista Guaidó, el intento de invasión desde Colombia con la excusa de la ayuda humanitaria, el intento de sublevación en la base militar de La Carlota, la acogida en la embajada del Reino de España del prófugo Leopoldo López, el desacato de la Asamblea Nacional, la creación de una pseudo comisión de Derechos Humanos, el autodenominado Grupo de Lima; y ya en el 2020, la operación Gedeón para secuestrar y asesinar al Presidente Nicolás Maduro, la prórroga del decreto declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria, el intento de la UE de forzar un retraso de las elecciones, etc.  

La campaña contra Nicaragua también tiene antecedentes. En 2016, la Senadora de la Florida Ros-Lehtinen presenta el proyecto de sanciones Nica Act. El 19 de abril de 2018 se iniciaba un golpe de Estado siguiendo la estrategia de Gene Sharp (violencia de calle) que dura hasta junio de ese mismo año. En diciembre de 2018 se aprueba por EE. UU. la Ley de Condicionalidad de inversiones que bloquea el financiamiento de Nicaragua. En la Unión Europea (U.E.) en octubre de 2019 se aprueban sanciones contra Nicaragua bajo el pretexto de defender los Derechos de los Opositores que intervinieron en los tranques de 2018. El 4 mayo de 2020 se vuelve a pronunciar la UE ante la “grave situación del país”. En agosto de 2021 la UE aprueba nuevas sanciones.  

La guerra comunicacional, con la CNN a la cabeza, ha marcado las líneas de la campaña contra las elecciones en Nicaragua. Difunde la consigna de que las elecciones no son libres ni legítimas porque se detiene a los opositores y a activistas de ONGs para forzar la reelección de Daniel Ortega. De esta forma crea la matriz de “crisis política” para ocultar las causas reales que han dado lugar a las detenciones. Se oculta que en Nicaragua existe una Ley de defensa que respalda las detenciones y que es equivalente a las leyes que en muchos otros países tratan de defender la soberanía de las injerencias extranjeras. Pero en el caso de Nicaragua se acusa al gobierno de ir contra los DDHH por aplicar la ley. 

Se oculta además que una gran parte de las ONGs en Nicaragua están vinculadas a partidos opositores y reciben financiación de Estados Unidos. Sin embargo, para la propaganda imperialista se trata de organizaciones cuyos activistas son detenidos arbitrariamente sólo por “criticar al régimen”. También se habla de opositores detenidos por ser aspirantes a la presidencia cuando ni siquiera se habían postulado para las elecciones y han sido detenidos con acusaciones graves de lavado de dinero. 

Es importante denunciar la participación del gobierno del Estado español esta guerra contra Venezuela y Nicaragua. El 24 de septiembre se aprobó una proposición no de ley que seguía al pie de la letra el informe de la mencionada pseudo “comisión internacional” con el objetivo de desacreditar y acusar al gobierno venezolano de violación de los derechos

humanos. En relación con Nicaragua, Josep Borrell, Alto Representante de la U.E. para las Relaciones Exteriores, ha condenado públicamente al gobierno sandinista sin aportar ninguna prueba fehaciente (declaraciones de los días 4 de mayo de 2020, 22 de diciembre de 2020 y 10 de junio de 2021). En septiembre de 2019, los partidos PP, VOX y PSOE aprobaron una proposición no de ley condenando al gobierno Sandinista y declarando al gobierno de Nicaragua gobierno fallido. En junio de 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de España instó “al gobierno a promover en la UE sanciones contra Nicaragua”. Además, propuso que liderara “en las instituciones europeas la aprobación de sanciones contra dirigentes del gobierno, que aumenten la presión internacional”.  

¿Alguien en su sano juicio puede creer que la preocupación de EE. UU. y de la UE por los procesos electorales en Venezuela y Nicaragua es una cuestión de defender la democracia? 

La democracia y las elecciones libres y transparentes se han convertido en consignas para agredir a Venezuela y a Nicaragua. No reconocer los procesos electorales es parte de la estrategia de desestabilización y derrocamiento de los gobiernos que luchan por su soberanía e independencia. No cabe duda de que estas intervenciones para deslegitimar la voluntad popular son las nuevas formas de golpe de Estado. 

Estas intervenciones van en contra de la legalidad internacional, contra la carta de Naciones Unidas y suponen una acción arbitraria en la que los países imperialistas juzgan, condenan y aplican la sentencia.  

Desde el FAI instamos a todas las organizaciones, movimientos sociales y militantes internacionalistas a denunciar la injerencia de los Estados Unidos secundada por la Unión Europea y el gobierno del Estado Español. 

Levantamos la voz para defender la soberanía y la independencia de nuestros hermanos latinoamericanos.  

Frente Antiimperialista Internacionalista 

2 de noviembre de 2021