Un año más, la subida de pensiones públicas es insuficiente, y seguimos perdiendo poder adquisitivo

Se anuncia la subida de pensiones públicas para el año 2025 con una fórmula irreal de cálculo del coste de la vida, con una cifra 2,8% para las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas aún no conocemos su valor por no contar con el decreto.

Esta subida insuficiente no tiene en cuenta la realidad de las subidas de precios de los servicios básicos y de todas las necesidades reales de la población (cesta de la compra, energía, transportes, medicinas, etc.) el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios, con esta fórmula irreal, aumenta la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento de una parte importante de la población, afectando fundamentalmente al colectivo pensionista y a trabajadores/as en precariedad. Mientras las pensiones no se ajusten plenamente a la inflación, el incremento según el IPC interanual no será suficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo. En un contexto de inflación elevada, esta medida significa que el poder adquisitivo de las personas pensionistas y jubiladas y la clase trabajadora, amplían la pobreza y la exclusión social.

Un año más la demanda de subida del IPC real y de medidas que equiparen las pensiones mínimas al SMI, así como la consolidación del sistema público de reparto pensiones, con el cumplimiento de la Ley, para que se realice la auditoria de la Seguridad Social y la derogación de algunas medidas acordadas en el ámbito de la negociación de los agentes sociales y el gobierno siguen sin producirse.

Estas nuevas medidas, se unen a otras tomadas, como la puesta en marcha de los PPE, que suponen la desviación de parte del salario diferido de trabajadoras/es, hacia la banca, entidades financieras y fondos buitre, con la privatización de parte de los fondos destinados a sanidad y pensiones públicas.

La propaganda oficial, los grandes medios de comunicación bajo el control del capital financiero, amplifican la campaña falsa de que con todas estas medidas garantizan el modelo público de pensiones, mientras la realidad camina en otra dirección, desde COESPE y el movimiento pensionista, entendemos que hay otros caminos y otras medidas, que de aplicarse, sí garantizarían el sistema público de reparto, en primer lugar realizando la auditoria de la Seguridad Social (SS) cumpliendo con ello la Ley, inyectando los 103 mil millones de euros que el Tribunal de Cuentas determino como gastos impropios, y que sin duda cerraría todos los bulos contra la sostenibilidad del modelo público, sin necesidad de reformas que lo debilitan. Y de ese modo resolver algunas situaciones flagrantes, en el espacio de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, que afectan de manera importante a las mujeres y a la brecha de género en pensiones y salarios, cerrando así situaciones históricas heredadas de injusticias sociales, y políticas retrógradas que se mantienen.

Reclamamos al Gobierno y al Parlamento, la interlocución con las principales organizaciones de pensionistas, y que se adopten cuantas medidas sean precisas, para derogar las medidas contrarias al sistema público de pensiones, empezando con una reforma fiscal que garantice que los que mas ganan más aporten, así como otras medidas que consoliden el modelo público de reparto.

Seguiremos insistiendo, resistiendo y manteniendo nuestra movilización sostenida en las calles y ante las instituciones.

Y seguiremos denunciando las medidas contrarias al Sistema Público de Pensiones, informaremos más ampliamente cuando negro sobre blanco conozcamos el decreto final.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y LOS SALARIOS SE DEFIENDEN.

2 de diciembre de 2024.