Con movilización , organización, unión y lucha en las calles, se detienen los ataques a nuestros derechos, servicios públicos y a una vida digna
El pasado miércoles 22 de enero de 2025, en el Congreso de los Diputados, las derechas ultranacionalistas y regionalistas, votaron en contra del Real Decreto-ley 9/2024 (Ley ómnibus), que contenía medidas sociales y económicas sobre distintas materias.
Sus intereses electorales, políticos y financieros, se manifestaban de ese modo.
Al tiempo, se aprobó el Decreto-ley 11/2024, del 23 de diciembre, con apoyo del PSOE, Sumar, PP, VOX, PNV, ERC, Coalición Canaria, Junts y UPN. Este decreto implica:
- La privatización de la asistencia sanitaria y de las pruebas diagnósticas, otorgando mayor control a las mutuas sobre el absentismo laboral.
- La promoción de la jubilación activa y la creación de miniempleos (mini Jobs), precarizando aún más el mercado laboral. Ampliando la edad de jubilación hasta los 72, en muchos sectores precarizados y sobre todo a las mujeres.
- La reducción progresiva de las pensiones públicas, empobreciendo a las y los futuros pensionistas.
- La ampliación del tiempo de trabajo y el retraso en la edad de jubilación, dificultando el acceso a una jubilación digna y reduciendo la cuantía de las pensiones públicas.
- La obstaculización de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
- Y toda una serie de medidas que fueron negociadas con premeditación, nocturnidad y sin información al conjunto de la ciudadanía.
La intensa campaña de COESPE desde el 23 de enero en redes, medios de comunicación y la movilización en las calles de todo el Estado del movimiento pensionista, ha influido sin ninguna duda en el anuncio de una votación favorable al apoyo a las medidas de un nuevo decreto del llamado escudo social. Estos anuncios que tendrán que verse negro sobre blanco en las votaciones del Congreso, no velan otras votaciones y otras leyes que se han aprobado e incumplido por la mayoría del parlamento, como ejemplo máximo la celebración de la auditoria publica de la Seguridad Social, aun incumplida y demandada por la ciudadanía con el respaldo de más de 300.000 firmas en el Parlamento.
En este juego de trilerismo político, denunciado por COESPE, el 27 de enero se difunde la siguiente noticia: “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este lunes ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, su «firme compromiso» de situar la inversión en defensa en el 2 % del PIB”. Esto significa que, al tiempo que se reducen o eliminan impuestos para las grandes multinacionales, se seguirá aumentando el gasto militar. La consecuencia directa será el incremento de los recortes en servicios públicos, derechos y servicios sociales. Como dijo Mark Rutte el 12 de diciembre de 2024: “Los ciudadanos de los Estados miembros de la OTAN deben aceptar hacer sacrificios, como recortes en sus pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social, para aumentar el gasto en defensa y garantizar la seguridad a largo plazo en Europa”. Ante esta situación, es imprescindible continuar la lucha en las calles y establecer alianzas con todos los movimientos sociales. Solo así podremos frenar estas políticas neoliberales y lograr cambios.
El colectivo pensionista, ni somos rehenes ni nos dejamos manipular, rechazamos los juegos políticos contrarios a los intereses de la ciudadanía.
“GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN”
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.