Masacre y Resistencia en Colombia

Continúa la masacre en Colombia. La violencia policial desatada contra el pueblo movilizado deja un saldo de muertes y heridos que incrementa las cifras de la infamia, pero también de la resistencia popular. Se habla de más de 20 muertos y cientos de heridos y detenidos.

El pasado 28 de abril, se inició un Paro Nacional contra la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque. La ciudad de Cali sufrió particularmente la violencia militar y policial en medio de fuertes protestas. Como cuenta Colombia Informa, esa misma noche del 28 defensores de los Derechos Humanos de Cali hacen el siguiente reporte.

• 84 personas conducidas a estaciones de policía. De algunas no se tiene información acerca de su paradero.
• Tres personas desaparecidas.
• 28 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y con impactos de armas de fuego.
• Tres personas que habrían perdido el ojo.
• Una mujer abusada sexualmente por un agente del Esmad.
• Ocho personas muertas y seis más sin confirmar en los barrios El Calipso y El Diamante.

A pesar de la brutal represión, el paro y las movilizaciones se mantienen hasta el día de hoy en el territorio nacional y todo indica que continuarán esta semana, pese al intento del presidente Duque de dormir las protestas llamando a la negociación de la Reforma Tributaria.

Todo nuestro apoyo al hermano pueblo colombiano y nuestro más rotundo rechazo a la política criminal de un Estado que no solamente se suma al intervencionismo dirigido desde el Norte contra su vecina Venezuela sino que desata una guerra cotidiana y sistemática contra lo mejor de su pueblo, el movimiento social organizado que trata de revertir tantas décadas de oprobio y levantar un horizonte de vida digna.

La actual vulneración de los derechos más básicos en Colombia se suma al asesinato selectivo de líderes sociales, así como la persecución y criminalización al movimiento social organizado. La campaña SER LÍDER SOCIAL NO ES DELITO trata de denunciar esta realidad. Un claro ejemplo de este hostigamiento y persecución sistemática es la que vive el movimiento Congreso de los Pueblos, con la criminalización de sus referentes y la creación de falsos positivos judiciales. En esta situación se encuentra Erika Prieto, defensora de los Derechos Humanos y la naturaleza de Congreso de los Pueblos. Este artículo publicado ayer 2 de mayo en el diario Público, expone su caso, paradigma del asedio permanente contra el movimiento social en Colombia:

Congreso de los Pueblos emitió el 30 de abril el comunicado Colombia es una dictadura, en referencia al Paro Nacional y la “violencia indiscriminada de las fuerzas militares y de policía contra la legítima protesta”, llamando a “defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales a que se pronuncien en este momento”. El comunicado denuncia que la grave situación fue “premeditada, impulsada y legitimada desde el Estado. El gobierno uribista de Iván Duque y los medios masivos de información han estigmatizado y fomentado un odio de la sociedad contra las personas que protestan legítimamente contra las demenciales medidas que en plena pandemia adelanta el régimen contra los más humildes”.