Más empleo, más explotación

‘Nos quieren expulsar con precios inasumibles, con empleos precarios, con leyes que no protegen al pueblo, sino al lobby turístico y empresarial. Nos están robando el futuro’. Este texto es parte del manifiesto leído en la movilización celebrada en Canarias el pasado 18 de Mayo, en protesta por las consecuencias sociales, principalmente en lo que concierne a la vivienda, de la turistificación. Unos días antes, el 6 de Mayo, el gobierno y las fuerzas que lo integran(PSOE y Sumar) celebraban por todo lo alto, con declaraciones triunfalistas, que en Abril se habían alcanzado 21,58 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro había caído a su nivel más bajo en 17 años. Pareciera, pues, que una parte de la población y el gobierno viven en realidades distintas. Aunque yo creo que se trata de la misma realidad vista desde perspectivas de clase diferentes: la economía y el empleo van muy bien, pero de ese crecimiento se están beneficiando, casi exclusivamente, las rentas del capital, cuya prosperidad se basa en la pauperización acelerada de la clase trabajadora, una parte de la cual, ciertamente, está encontrando empleo, sin que ello signifique, en buena parte de los casos, que abandone la pobreza.

Es decir, el ´cohete’ en que se ha convertido la economía española se sostiene sobre la explotación de quienes viven exclusivamente de su trabajo: el dinero se concentra en pocos bolsillos. No en vano, a pesar de estos años de expansión del PIB-en mayor medida que la media europea-, España sigue siendo el tercer país más desigual de la UE; y la pobreza infantil, sorprendentemente, ha subido ligeramente en estos tiempos de vino y rosas.

Esa explotación se da, primero, en los centros de trabajo. Se suponía que la reforma laboral, en la medida que restringía los contratos temporales, elevaría los salarios. Pero había dos trampas para evitar que esto sucediera. En primer lugar, manteniendo el despido barato y arbitrario heredado de la reforma laboral del PP. Efectivamente, el improcedente sigue con una indemnización de 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Lo inaudito es que este gobierno progresista no ha subsanado esta anomalía, incompatible con la Carta Social Europea, que deja inermes a trabajadores y trabajadoras ante la arbitrariedad patronal, a pesar de los requerimientos del Consejo Europeo para que se dignificara aquella indemnización. Esto explica que en 2024 se produjera la friolera de un millón de despidos, una cifra sin precedentes. Ello se debe a que muchas empresas que antes ajustaban plantilla mediante los contratos temporales, ahora, al carecer de esa herramienta, recurren a los despidos-por no superar el período de prueba, por razones disciplinarias y por razones económicas de la empresa-.  

El otro factor sustitutivo de la temporalidad ha sido la reducción de las horas trabajadas, tanto a través de la figura del fijo discontinuo como de la jornada a tiempo parcial, que han determinado que en el tercer trimestre de 2024 los ocupados y ocupadas trabajaran 29,3 horas semanales de media, la cifra más baja desde que hay registros. Conclusión: el PP disciplinaba a la fuerza de trabajo abusando de la temporalidad. PSOE y Sumar lo hacen facilitando los despidos y rebajando, aun con más empleos, el número de horas trabajadas. En ambos casos el objetivo es el mismo: contener los salarios para facilitar que crezca la tasa de ganancia del capital. Que vaya si lo está haciendo: llevamos varios años de récords de beneficios empresariales. Nunca tan pocos habían ganado tanto.

La explotación de la clase trabajadora no se circunscribe al ámbito de la fábrica, el taller, la distribución de paquetes o la oficina. Cuando hacemos la compra, pagamos la factura de la energía, el alquiler o la hipoteca, los oligopolios y rentistas que dominan estos sectores están succionando plusvalía de nuestros bolsillos en dirección a los suyos. A la gente le cabrea tanto el bajo salario que percibe como los precios abusivos del aceite o de la luz. Pero sobre todo indigna el nivel de unos alquileres que están acabando con la posibilidad de que la gente joven tenga vivienda. En España, en 2024 los salarios crecieron de media un 3,1%, mientras que los alquileres lo hicieron un 14%. En una perspectiva que abarque los 5 últimos años, las rentas del trabajo han perdido un 8% de capacidad de compra. En ese período, la economía ha crecido casi un 11%: unos pocos se lo están llevando crudo, tanto la riqueza nueva como la previa.

Finalmente, la estafa culmina con el deterioro deliberado de los servicios públicos. Estos no son otra cosa que salario indirecto, de modo que cuando las listas de espera en sanidad se eternizan y la enseñanza pública se descapitaliza, se está atacando el bolsillo de la gente trabajadora porque, respectivamente, la salud empeora y se reducen las posibilidades de promoción social y laboral de las familias trabajadoras. Aumenta, en suma, la desigualdad. 

Resulta paradójico que esta precarización de la vida y del trabajo suceda en una sociedad opulenta y bajo un gobierno progresista. Pero es lo que suele ocurrir cuando quienes están al mando, en lugar de planificar la economía para que se ponga al servicio del país y de sus mayorías trabajadoras, se dedican a gestionar  un capitalismo que vive al día obsesionado con el valor que van a tener las acciones cuando abra la bolsa cada mañana. El Consejo de Ministros más parece la gerencia de un casino que un grupo de dirigentes que trabajan por el bienestar de su pueblo.   joseharohernandez@gmail.com