Más avances en la Habana que en el Congreso
En la Mesa de Conversaciones de La Habana, unas 30 personas, entre gobierno y FARC, llegaron a más y mejores acuerdos dialogando durante 4 años, que 268 congresistas en 25 años de acaloradas e inútiles discusiones, prueba fehaciente de la falta de interés y voluntad de estos para solucionar los problemas del país.
Quienes carecen del tiempo necesario para leer las 297 páginas de los Acuerdos, pueden consultar la explicación de los seis grandes temas consensuados en el diario El Tiempo del domingo 28/08/16 en una cartilla o “manual de bolsillo” titulado “Guía práctica para conocer el Acuerdo final de paz” (sección Debes leer).
Empecemos por la introducción: “En conjunto, ….., los acuerdos entre el Gobierno y las Farc apenas sientan las bases de las transformaciones que requiere Colombia para estar en sintonía con el siglo XXI. En este sentido, los acuerdos implican una amplia inversión para sacar al sector rural de su rezago histórico, mediante la construcción de vías, escuelas, puestos de salud y el desarrollo y tecnificación de la economía campesina. La transformación del campo pasa también por la sustitución de los cultivos ilícitos por otros que sean rentables para los campesinos y con garantías de comercialización. En términos políticos, los acuerdos propician una reforma del sistema electoral para evitar la corrupción y el favorecimiento a determinados partidos. Y la participación de las Farc en política es un paso para la apertura democrática, en la que Colombia está atrasada frente a otros países.”
La Reforma rural integral, pilar de lo acordado, implica la formalización de la propiedad y su distribución equitativa, para lo cual se constituye un fondo de tierras con 3 millones de hectáreas, el cual se nutrirá en los próximos 10 años mediante varios mecanismos, entre ellos la extinción judicial de dominio de predios ilegales o que no cumplan función social o ecológica, los baldíos recuperados mediante procesos agrarios, la compra y expropiación de tierras por motivos de interés social o de utilidad pública, subsidios y créditos de largo plazo para compra de terrenos; habilitación de nuevas zonas de reserva campesina. Se beneficiarán los “trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente” con el impulso de asentamientos de comunidades en programas de protección del medio ambiente, sustitución de cultivos ilícitos y producción alimentaria; el Estado les garantizará financiación, acompañamiento técnico, formación, capacitación, comercialización y gestión de proyectos; el Gobierno se compromete a realizar las reformas para formalizar la titulación o devolución de 7 millones de hectáreas a pequeños y medianos propietarios.
Aparte del odio tradicional de los terratenientes a los campesinos pobres y medianos y de su desenfrenada ambición latifundista, quienes se oponen a lo acordado en este punto son esos tenebrosos personajes que financiaron y se asociaron con los paramilitares para masacrar y desplazar a los campesinos, bajo la perversa acusación de ser colaboradores de las guerrillas, para finalmente repartirse las tierras robadas.
Mas como carecen de argumentos irrebatibles para oponerse a estos acuerdos, recurren al odio de clase, invocando una inexistente impunidad; acusan al gobierno de entregar el país al castrochavismo como si fuese un gobierno de izquierda y no hubiese libertad de opinión; lo único que dejaría felices a los beneficiarios de la guerra sería someter la guerrilla mediante las armas, cosa que nunca lograron, pues así no pondrían en peligro las tierras usurpadas “compradas de buena fe”; se niegan a aceptar la posibilidad de que las FARC retornen de verdad a la vida civil y pacífica, pues su enfermedad mental y su fanatismo no los deja creer ni en el sacramento de la confesión; se niegan a negociar el encarcelamiento de unos pocos insurgentes por los castigos previstos en la justicia transicional y el futuro pacífico y de bienestar para el país; olvidan la laxitud con que trataron a los crueles paramilitares y con ese mismo rasero miden a los guerrilleros; acusan a Santos de priorizar la paz sobre la desnutrición y muerte de los niños wayú y el paro cívico del Chocó, como si ellos mismos no fueran igualmente culpables de esas y muchas otras lacras sociales.
“Cada ladrón juzga por su condición”. Por eso no les sirven sino los Magistrados, tipo Pretelt, para que juzguen a los implicados en crímenes y rechazan el trato igualitario a guerrilleros y militares, como si los autores de falsos positivos fueran inocentes.
En el plebiscito, con el SÍ triunfarán el perdón y la reconciliación sobre el odio y la venganza del NO.
Armenia, Agosto 31 de 2016
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