La guerra y la paz en América Latina y el Caribe

Si se considera a la paz como una situación de no beligerancia abierta entre estados, puede afirmarse efectivamente que no hay guerras en la región desde 1995, en ocasión del conflicto fronterizo que desembocó en la Guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú.

Como resulta obvio, esta visión escolar de guerra interestatal es por completo parcial, anticuada e inadecuada. Las estadísticas[1] mundiales indican que la mayoría de conflictos armados en curso involucran actores no estatales o violencia unilateral – ya sea por parte del Estado o con la participación de un alto número de factores irregulares, habitualmente en complicidad con instancias locales y extranjeras.

Las guerras actuales en América Latina y el Caribe

Los principales conflictos armados en la región se desarrollan en México, Colombia y Brasil, aunque la vulneración del derecho humano a la integridad física se verifica en casi todo el territorio con muy altos índices de violencia homicida en Centroamérica y Venezuela.

Si bien en apariencia intraestatales, estos conflictos violentos conectan con fenómenos transnacionales, alcanzando niveles intolerables debido a la respuesta militarizada y a la colusión entre instituciones del Estado (gobiernos, policía, judiciario) y redes delictuales.

Colombia exhibe además la particularidad de encontrarse ante la posibilidad de cesar una guerra de cinco décadas entre el Estado y formaciones guerrilleras, que no ha sido otra cosa que la institucionalización de uno de los motivos centrales que originaron dicho alzamiento: la elevadísima concentración latifundista.  Dicha concentración propietaria de la tierra no ha sufrido modificaciones y es causante de otra arista mortal de la misma guerra, la formación de milicias privadas y grupos paramilitares para reprimir y expulsar campesinos de sus territorios.  Esta modalidad feudal se extiende también a Brasil, Paraguay y otros puntos.

La expansión del agronegocio, la minería legal o ilegal y la construcción de megaproyectos de infraestructura motivan el asesinato selectivo y la amenaza, constituyendo una forma de guerra contra líderes sociales, defensores del medio ambiente y poblaciones locales.

A estas situaciones bélicas se agregan la militarización de áreas indígenas, justificadas con leyes antiterroristas –como por ejemplo en el territorio mapuche– y el asedio constante a gran parte de los asentamientos periurbanos en toda la región, cuyo exponente lamentablemente destacado son las favelas en Río de Janeiro.

Otro componente de violencia física sistemática es el feminicidio, cuya tasa en América Latina y el Caribe es la más alta en el mundo, según Naciones Unidas.  Acorde a un relevamiento de la CEPAL (2016), un promedio de doce mujeres son asesinadas diariamente, registrándose la mayor proporción en países como Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala, aunque también con un número elevado de casos en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú.

Pero no puede reducirse el escenario de la guerra en América Latina tan sólo a la violencia física.  Hay guerras económicas como las que EEUU practica contra Cuba y Venezuela, guerras sociales de las corporaciones y oligarquías que dejan a las mayorías populares en la miseria y la segregación, guerras judiciales y mediáticas para proscribir referentes y organizaciones políticas progresistas y de izquierda, guerras de apropiación de recursos naturales que dejan tras de sí una enorme destrucción medioambiental.

Acaso una de las pocas victorias de la paz en la región haya sido el destierro efectivo del armamento nuclear, vigente desde la entrada en vigor del Pacto de Tlatelolco.

En definitiva, considerar a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, como ha sido consignado en la II Cumbre de la CELAC en La Habana, es un alto principio a defender, pero sobre todo, un gran objetivo a lograr.

Alimento de guerra

¿Puede empeorar la situación?  Sí.  Hay una multiplicidad de factores que son habituales acompañantes –incluso generadores– del desastre bélico. Bien vale verificar su presencia o ausencia.

Fractura geopolítica: en los momentos de inestabilidad mundial en que se producen declives de potencias hegemónicas con el concomitante ascenso de otras, suelen producirse conflictos armados.  El tablero mundial de predominio occidental con eje en EEUU y Europa, está siendo velozmente desequilibrado por fuerzas emergentes y alianzas, entre las que predominan China, Rusia o India, por sólo citar los principales emergentes.

En esta reconfiguración planetaria la unidad latinoamericano caribeña se constituiría en un bloque con poder propio, desarticulando una de las principales áreas de influencia de la potencia en declive.  Por ello la integración regional es objetivo de destrucción para el eje occidental en decadencia.  A ello se suma la crecida influencia de China en la región, en términos comerciales, de inversión y de proyectos de infraestructura estratégicos, lo cual amenaza desplazar la centenaria dominancia estadounidense y europea sobre la región.

Expansión imperialista: La agresión bélica ha sido una consigna prácticamente fundacional de los Estados Unidos de Norteamérica.  La expansión de sus fronteras hacia el Oeste, la anexión de más de la mitad del territorio mexicano, la guerra contra España con la apropiación de Cuba y Puerto Rico y la posterior sucesión ininterrumpida de invasiones, golpes, instalación de dictaduras y guerras contrarrevolucionarias continúa en la misma línea con las conspiraciones actuales contra gobiernos y sectores políticos insumisos a sus propósitos colonialistas.

Dichas actuaciones son estimuladas por la acumulación de “halcones” en el gabinete de Trump y en las cámaras del legislativo, interviniendo en América Latina y el Caribe con una recrudecida intromisión militar, construcción de nuevas bases, maniobras conjuntas, entrenamiento a oficiales, cooptación de fuerzas de seguridad, financiamiento de organizaciones no gubernamentales y una ofensiva diplomática controlada desde Washington.

Armamentismo: Según el instituto SIPRI, el gasto en armamentos en la región se ha incrementado en un 77% en el período 2000-2017. Otras fuentes[2] destacan un aumento aún mayor en los presupuestos militares de países como Guyana (x10!) Panamá (x7!), Ecuador, Paraguay (x4!) Brasil, Colombia (x3!), la duplicación de partidas en Perú y un incremento cercano al 50% en Chile, México y Argentina.  A lo que se agrega la presión armamentista desde el Norte.  La ley impulsada por Trump prevé incrementar en 82 mil millones el gasto militar estadounidense el año próximo, llevándolo a 716.000 millones de dólares.[3]  Este escenario deja poco espacio para hablar de distensión.

Recursos naturales: Las zonas de principal producción de minerales se encuentran mayormente en las economías del “Sur-desarrollo” mientras que su mayor consumo se encuentran en países desarrollados. Esta desigual distribución, sumada al hecho de que compañías transnacionales del Norte global tienden a apropiarse de la extracción y agregación de valor como recurso económico propio, es fuente primaria de conflictos bélicos.  Otro tanto vale, en términos estratégicos, para los escasos recursos acuíferos, esenciales para el consumo humano, la producción agrícola y energética.  Mientras los recursos renovables de agua decrecerán en todo el mundo, su demanda aumentará por crecimiento poblacional y necesidades de desarrollo.  En términos globales, América Latina y el Caribe contienen grandes reservas de estos recursos, lo cual, desde el mismo inicio de la conquista colonial, colocaron a la región en el rol de zona de despojo, papel tristemente aún vigente.[4]

Rol militar: La influencia del sector militar se ha acrecentado, incluso con un aumento de su presencia política pública, siendo hoy decisiva tanto en los países gobernados por la izquierda como por la derecha.

Superioridad tecnológica: La lucha por la preeminencia tecnológica está en el vórtice de la competencia de poder global. Esta guerra se desarrolla primariamente entre compañías asentadas en los centros económicos de mayor volumen con el auxilio de sus respectivos gobiernos y universidades pero es una guerra mundial por la apropiación de conocimiento, consumidores y datos.  Latinoamérica y el Caribe cumplen la función subsidiaria de mercados cautivos, cuya independencia tecnológica no es tolerada.  Lo mismo vale para el desarrollo de infraestructuras y su gestión soberana como factor estratégico de desarrollo económico.

Mano de obra desocupada: Un alto número de desocupados ha sido siempre materia prima esencial para la conformación de ejércitos, cuerpos represivos, formaciones mercenarias o bandas delictivas.  La sociedad recluye allí a los “desadaptados” de un orden excluyente.  El componente de jóvenes entre 15 y 24 años –ciento diez millones o 17% del total poblacional de América Latina y el Caribe[5]– sumado al alto índice de desocupación juvenil, cercano al 20% (23% en sectores urbanos), reproducen la marginación y por tanto, aumentan el riesgo de su “inclusión” en bandos violentos.[6]

Enfrentamiento religioso o cultural: Aunque existe una pugna entre el catolicismo y el avance de las iglesias pentecostales (o evangélicas) y entre éstas y cultos de origen africano, sumado a un creciente reclamo social por un estado laico despojado de preferencias religiosas, no pareciera que esto pueda desembocar en enfrentamientos armados.

Por otra parte, la violencia psicológica y racial subyacente a la imposición histórica de una mentalidad eurocéntrica (con el agregado de connotaciones estadounidenses) no determina pero aguza los distintos conflictos existentes.  A la par, la propaganda cultural proveniente de EEUU abona el terreno de la guerra idealizando la actitud guerrerista, falsificando justificaciones de supremacía y difundiendo valores y procedimientos gangsteriles que arraigan en los segmentos postergados.

Conflicto fronterizo: A divergencias territoriales no resueltas, (por ejemplo, entre Venezuela y Guyana por el Esequibo o entre Chile y Bolivia por su salida al mar) se agrega hoy el aumento de la migración transfronteriza.  La violencia crece debido a la represión y a la discriminación de los migrantes promovida por los medios de comunicación.

Exclusión política: Cuando el sistema injusto cierra todas las válvulas de genuina participación política proscribiendo liderazgos populares o haciendo inviable transformaciones por vía democrática, aparece en el horizonte la posibilidad de sublevaciones violentas.  Aunque tal situación de persecución, inhibición y difamación se verifica claramente en la actualidad, pareciera que movimientos y poblaciones tienden a tomar la lucha no violenta como una salida más eficaz.

Secuela de guerra anterior: Toda guerra deja huellas profundas de destrucción, exilio, venganza, temor y nueva exclusión, alimentando condiciones para el resurgimiento de la violencia.  Es el caso de Colombia, que exhibe el más alto número de desplazados internos del mundo y en el que su nuevo gobierno –débil y en manos del poder conservador– no exhibe signos de querer tomar el camino de la reparación, la reconciliación y la redistribución de riquezas imprescindibles a la resolución del conflicto.

Esto último, sumado al vasallaje geopolítico, su reciente asociación a la OTAN, sus elevados índices de desigualdad y exclusión social, su posición de ser país líder de cultivo de coca y producción de cocaína, la apretada conjunción de poder y delito, la inserción estadounidense en su aparato militar, su permeabilidad fronteriza con Venezuela y animadversión contra la Revolución Bolivariana, hacen de Colombia el factor principal de riesgo para un nuevo estallido bélico en la región.

A este cuadro poco alentador debe agregarse la paralización de instancias de concertación intrarregionales como UNASUR o CELAC y la paralela actitud beligerante de la OEA, en tanto brazo continental de la diplomacia estadounidense.

Atenuantes y alternativas

La situación no es auspiciosa.  Sin embargo, hay diversas variables que es necesario considerar que atenúan la inminente posibilidad de una guerra intervencionista abierta contra Venezuela.

Si bien los gobiernos del “Grupo de Lima” han mantenido un férreo alineamiento con las directivas diplomáticas de EEUU contra Venezuela, incluso los más sumisos se han mostrado –al menos por ahora y pese a las insistentes giras de altos funcionarios norteamericanos– renuentes a implicarse decididamente en una intervención militar directa, seguramente por comprender que cargarían con la mayor responsabilidad operativa y enfrentarían fuertes presiones internas.

La debilidad interna de gobiernos impopulares como el de Temer, Macri y Vizcarra, a la que se suma la transición en México hacia un gobierno que seguramente regresará a la tradición diplomática de concertación multilateral, es un factor que limita las posibilidades de una aventura militar.

Por otro lado, en EEUU habrá próximamente una elección de medio término, en la que Trump no tiene fácil revalidar mayorías legislativas.  Un involucramiento directo en una guerra tan cercana –y al contrario que en administraciones anteriores, con muchos medios en contra– sería contraproducente en un sector amplio del electorado.

Además de todo ello, ¿cuál serían las reacciones rusa y china? ¿Mantendría Europa su retórica agresiva en caso de ataques?  ¿Cómo reaccionarían las demás naciones latinoamericanas y del Caribe?  ¿Cómo se traducirían las solidaridades de otras naciones del mundo contra una agresión a gran escala?  Demasiadas incógnitas que no permiten una lectura lineal.

Más allá de todo eso, el principal anticuerpo a la guerra proviene del pueblo llano. Hay un fuerte acumulado en la conciencia popular de América Latina y el Caribe que defiende la paz como bien supremo.  Hay un aprendizaje histórico de mucho dolor y sufrimiento que abona esta comprensión.

Pionero en este sentido es justamente el pueblo colombiano, pero también se ha puesto claramente de manifiesto en el masivo rechazo popular a la violencia en Venezuela y Nicaragua, en la denuncia de todo intento negacionista de la memoria en Chile y Argentina, en la firme decisión del pueblo mexicano de acabar con la destrucción.  Incluso en los EEUU, en donde los adolescentes han construido un masivo movimiento para condenar las matanzas en escuelas y universidades y la libre portación de armas.

Es previsible que ante cualquier asomo de nueva incidencia bélica en la región, esta conciencia de paz aflore y se fortalezca traspasando toda frontera. La clave de la resistencia a lo que pareciera ser inevitable, es que esta conciencia crezca y se vuelva inexpugnable.  La alternativa a eso, es el desastre.

Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza, escritor y productor radial.