Sr. Presidente: cree el Ministerio de Asuntos Sociales e igualdad

No sé si llegaré a tiempo antes de que don Mariano Rajoy tenga terminada la composición de su nuevo Gobierno. Como tampoco pienso que mi petición sea determinante para que complazca lo que es un deseo mayoritario y ampliamente expresado por la mayoría de las personas que tienen un señalado nivel de responsabilidad en el gobierno y administración de los recursos sociales destinados a remediar las necesidades de los más débiles de la sociedad. Pero sería bueno que se hiciera eco de esta petición de la que solo pretendo ser un humilde portavoz.

   Los servicios sociales casi siempre han sido, aquí y fuera de aquí, la pariente pobre de la familia. No se le niega un plato de lentejas porque no estaría bien dejar morir de hambre a alguien de tu entorno familiar. De la misma manera que tampoco se le deja morir de frio en la intemperie, pero se le niega el acceso al interior confortable de la vivienda en las duras noches del invierno. Para quienes rigen los destinos de la nación ―insisto, en España y fuera de ella― la atención a la pariente pobre siempre ocupa el último lugar a la hora de proceder a enjaretar las grandes líneas presupuestarias que han de dar vida a la actividad, no solo económica, sino también social de la comunidad.

    Los múltiples informes que existen sobre las políticas sociales en las democracias occidentales coinciden en apuntar, como la causa predominante de la falta de atención de los gobernantes hacia los más necesitados, el escaso temor que les infunde una potencial movilización, o incluso revuelta, de aquellos que carecen de la más mínima infraestructura para organizarse. Efectivamente, los pobres pobrísimos no se manifiestan. Los ancianos que sobreviven con escasísimos recursos no salen a la calle. Los marginados y excluidos que escasamente integran las filas de los partidos políticos tradicionales, confían la defensa de sus intereses a los aparatos partidarios que, por lo general, suelen hacerles poco caso.

Frente al peligro de los recortes que se avecinan

   España necesita un Ministerio de Asuntos Sociales fundamentalmente por dos razones. La primera para que nos convenzamos de que esta vez, cuando los políticos hablan de cambio lo hacen pensando no solo en las grandes magnitudes económico-financieras y en las ineludibles transformaciones que se han de hacer en el ámbito de la enseñanza, la justicia y la política territorial, sino que la voluntad de luchar contra la pobreza, contra la exclusión social, contra las adversidades de la vida que afectan a millones de ancianos, enfermos y niños, van a encontrar un cobijo seguro y eficaz para que puedan ser oídos los que nunca son escuchados, y para que sus justas reclamaciones en el ámbito de los derechos humanos tengan una plataforma desde la que poderlos defender.

   La segunda tiene que ver con los recortes que se avecinan. Ya lo hemos dicho. Cuando el dinero no llega y hay que suprimir gastos, la tijera suele empezar a cortar por los dedicados a los servicios sociales. Por eso necesitamos un ministerio que luche en el Consejo de Ministros por evitar que los recortes se ceben en su departamento. El gasto total en servicios sociales en España en 2013 fue de 14.982 millones de euros, (el 1,4% del PIB), es decir, dos décimas porcentuales menos que en el año 2011. Los servicios sociales han sufrido entre los años 2011 a 2013 un recorte de 2.212 millones de euros, lo que supone, según datos oficiales, una caída del 13%. Lo que pone de manifiesto que en el reparto que se ha hecho del dinero que el Estado dedica al gasto público se ha pasado del 8,14% en 2011 al 7,74% en 2013. Un ministro, o ministra de Asuntos Sociales, posiblemente, no lo habría consentido, a pesar de que, como me dijo un día un ministro amigo mío, todos los miembros del Gabinete son conscientes de que tienen un enemigo común al que hay que combatir: el ministro de hacienda.

   Nos dicen que tras la investidura del Sr. Rajoy como presidente del Gobierno algunos nubarrones que anunciaban tormentas sopladas desde Bruselas han amainado algo su virulencia. Parece que nos han condonado la sanción por no haber cumplido con el déficit y que tras la creación del nuevo gobierno los 1.100 millones que teníamos destinados para ayudas al desarrollo se han descongelado. Pero no nos engañemos, la Comisión Europea no cede en la exigencia de que debemos ahorrar 10.000 millones de euros, lo que inexorablemente ocasionará la aprobación de unos presupuestos más austeros.

   Me preocupa extraordinariamente que el señor presidente no sea sensible ante estas dos exigencias que debería encarnar el restaurado Ministerio de Asuntos Sociales: Ser voz y testimonio de la presencia de los más necesitados en nuestra patria, y frontón de fortaleza que pare o reduzca la acción de los recortes que se avecinan.

El ministerio de Asuntos Sociales ha sido como la Cenicienta del cuento

   En 1977, año en que se celebraron las primeras elecciones generales, los servicios sociales estaban vinculados al Ministerio de Trabajo cuyo primer titular democrático fue el profesor Manuel Jiménez de Parga. Los servicios sociales se desarrollaron a través de la Dirección General de Asistencia Social y Servicios Sociales, hasta la creación del Ministerio de Asuntos Sociales en 1988.

    Tras la victoria del Partido Popular en 1996, desapareció el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Trabajo reforzó el campo de lo social bajo la dirección del flamante ministro Javier Arenas que aglutinó, además, al Instituto de la Mujer, el INSERSO y el Instituto de la Juventud. Y al frente de todo este tinglado se situó a una mujer entrañable de la que conservo el más grato recuerdo: la Secretaria General doña Amalia Gómez Gómez.

    Pero fue bajo el mandato de don José Luis Rodriguez Zapatero cuando los servicios sociales fueron más zarandeados. En el año 2004 el Ministerio de Trabajo le quitó al Ministerio del Interior las competencias en materia de Inmigración y en 2008 padecimos una conmoción que nos impidió, en muchas ocasiones, saber qué terreno pisábamos y de quien dependíamos. El Sr. Zapatero decidió pasar una parte de los servicios sociales al Ministerio de Educación y otra al recién creado Ministerio de Igualdad. El Ministerio pasó a denominarse de Trabajo e Inmigración bajo la dirección de don Jesús Caldera. Doña Amparo Valcarce fue nombrada Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad. Pero las competencias en materia de políticas de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad pasaron en marzo de 2008 al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte del que fue ministra doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

   Y en este constante rebotar de un lado para otro, terminamos en el año 2010, tras una reestructuración de los departamentos ministeriales diseñada por el Sr. Zapatero, en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Y así hemos tenido, en muy pocos años, infinidad de jefes y jefas, de la más distinta condición, unos procedentes del PSOE y otros del Partido Popular. Entre los últimos podemos citar a doña Trinidad Jiménez y a doña Leire Pajín (PSOE), y a doña Ana Mato Adrover, don Alfonso Alonso Aranegui y, hasta hoy en funciones, doña María Fátima Bañez García, todos del P.P.

    Doña Matilde Fernández fue una gran ministra de Asuntos Sociales. Fue la primera ministra en el gobierno que formó Felipe Gonzalez y ejerció su cargo entre 1988 y 1993. Le sucedió doña Cristina Alberdi en el último gobierno de Felipe González (1993-1996). Ambas del PSOE.

   Luego ocuparon puestos de primera autoridad, aunque en otros Ministerios, doña Amalia Gómez, doña Salomé Adroher y don Juan Manuel Moreno. Los tres del P.P. Tanto ellas como él hubieran podido ser unos magníficos ministros de Asuntos Sociales.

   Y quiero adelantarme a quienes pudieran estar en contra de la restauración de este Ministerio, si es que mis anteriores razones no le han convencido, porque llueve sobre mojado. Pero créanme, al margen de los legítimos intereses partidistas de cada uno, en épocas de crisis como la que padecemos, un Ministerio cuya función principal sea garantizar los programas que hagan posible que nadie quede fuera de las fronteras del Estado del Bienestar, es absolutamente indispensable. Y luego, cuando llegue la hora de las vacas gordas, elimínenlo, si quieren y si eso les complace más.

   En estos días de debates parlamentarios, tan solo comparables con los que tuve el inmenso honor de participar mientras escribíamos la Constitución, la oportuna intervención del señor Rivera a propósito del cambio de las cañerías en el nuevo Estado democrático sin cortar el agua, me ha traído al recuerdo otra intervención mía en el Congreso de los Diputados, en el año 1978, en que hice uso del pasaje de las cañerías que tan acertadamente expresó el señor Suárez González. Y dije, como digo ahora, que de poco consuelo le servirá reconocer el lamento de los políticos por no poder cambiar las tuberías sin cortar el agua, a aquellos que llevan en paro mucho tiempo, a los discapacitados que ven cómo se limitan sus programas de recuperación, a los desahuciados que han perdido su hogar por no poder pagar la hipoteca, a los excluidos del progreso y del desarrollo porque la enfermedad, o la vida, en definitiva, les ha colocado fuera de la órbita del estado del bienestar. Para todos esos, dije desde la tribuna del Congreso, las cañerías les importa poco porque viven en unas circunstancias personales en las que las cañerías no existen.

   Y, por si quiere mi consejo, don Mariano, tengo cuatro nombres, ―dos mujeres y dos hombres― de su partido, que serían unos magníficos ministros de ese ministerio que usted debería crear.

Juan de Dios Ramírez-Heredia
Abogado y periodista
Presidente de Unión Romani