A 25 meses, los autores intelectuales siguen libres. En junio iniciará el juicio contra los involucrados en el asesinato de Berta Cáceres

Víctor Fernández, encargado de asuntos políticos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y representante legal de la familia de Berta Cáceres, hizo un balance de la lucha emprendida para quitar el velo de secretismo e impunidad que rodea el caso de la lideresa indígena asesinada hace 25 meses.

– El día del segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres detuvieron a Roberto David Castillo, ex presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos SA (Desa). Lo acusan de ser el actor intelectual del crimen. ¿Cuál es su evaluación?
– Es increíble ver la frialdad con la que las instituciones hondureñas calcularon el momento exacto para ejecutar la detención. Las informaciones sobre la vinculación de Castillo en el asesinato de Berta tienen más de un año de conocerse, y presentamos imputación directa contra este señor desde octubre del año pasado. Nunca tuvimos respuesta.

El hecho de que el Ministerio Público (MP) hizo cálculos para que la detención coincidiera con el día del segundo aniversario del asesinato es algo perverso e indignante. Juegan con la justicia y dan respuestas sólo y cuando pueden ser interpretadas en favor del gobierno criminal de Honduras.

El autor intelectual es quien toma la decisión de cometer y financiar un delito. Según el propio testimonio de David Castillo, él seguía siendo un empleado de Desa. Los accionistas de la junta directiva de la compañía son otros. Son parte de la familia Atala y aparecen en todas las comunicaciones (interceptaciones telefónicas en manos del Ministerio Público, ndr) desarrollando comportamientos criminales en contra del Copinh[1].

Algunos de ellos están claramente conectados con el financiamiento, la organización y la ejecución tanto del crimen contra Berta, como de atentados contra la estructura y las movilizaciones del Copinh.

Para nosotros, David Castillo no es más que uno de los autores intermediarios de mayor nivel en la cadena criminal que participó en el asesinato, pero no llega a ser uno de los autores intelectuales que tenían el control definitivo de la acción criminal. Arriba de él hay otros sujetos que tomaron la decisión, pagaron por ella y que tenían el poder de decidir si se cometía o no el crimen.

El reclamo de justicia integral trasciende la figura de Castillo porque todavía faltan los verdaderos autores intelectuales.

– También se ve como el asesinato de Berta Cáceres fue el resultado de una verdadera operación de inteligencia militar.
– Recordemos que Castillo es graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos y fue subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Si revisamos como son los procesos de formación en los temas de inteligencia e infiltración, nos damos cuenta que estos mismo procesos se pusieron en práctica aquí para intervenir, infiltrar y desbaratar la lucha del Copinh, y fueron puestos al servicio de la ejecución del asesinato de Berta.

– Aún queda alguna duda sobre el involucramiento directo de Desa en el crimen?
– Ninguna. Desde un inicio dijimos que Desa tenía que ver con el crimen, pero de la hipótesis a su confirmación hay un trecho muy largo. Dos años después pudimos verificar que hay elementos probatorios, claros y contundentes de la vinculación del sujeto empresarial con el delito. Es como un cierre del círculo.

– ¿Hay un patrón de ataque que va más allá del asesinato de Berta?
– Creemos que sí. Existe una vinculación directa entre los ataques a defensores y defensoras y el sector empresarial que está poniendo en marcha el modelo económico de despojo de bienes naturales y de aprovechamiento de los procesos de privatización en el país.

Desa, por ejemplo, es parte de un grupo económico que opera en diferentes sectores fácilmente interconectados, y  tiene una plataforma jurídica y una estructura de abogados que están presentes en todos los procesos. Además tiene una clara vinculación con sectores militares y policiales.

Como sectores sociales tenemos una serie de luchas territoriales donde aparecen esos mismos patrones. El caso del asesinato de Berta es emblemático en la medida en que nos deja esta gran cantidad de aprendizajes, es decir cómo tenemos que enfrentar un aparato de inteligencia infiltrando y penetrando las organizaciones y desarrollando crímenes.

No podemos olvidar que antes y después del asesinato de Berta hay cientos de asesinatos más que están relacionados con la lógica del exceso de poder empresarial, la corrupción judicial, el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado y la política.

También la estigmatización y el cuestionamiento feroz a los liderazgos sociales y comunitarios son parte de este escenario. Y cuando no pueden controlar a las personas se producen los asesinatos, pretendiendo de esta manera asestar golpes contundentes a la estructura y la capacidad de resistencia y lucha de las distintas organizaciones del país.

Estos son unos de los aprendizajes más contundentes que nos deja hoy la investigación del asesinato de Berta. El desafío ahora es saber plantear alternativas propias en el modelo de justicia.

– En junio comienza el juicio contra las primeras 8 personas involucradas en el asesinato. ¿Qué se esperan?
– Creemos que hay responsabilidad para 7 de los 8 acusados. Hay que asegurar su condena, pero también vamos a seguir insistiendo para que se investiguen y capturen a los verdaderos autores intelectuales. El MP tiene suficientes elementos para hacerlo.

También tenemos que hacer justicia sobre las empresas criminales, la banca nacional e internacional que son cómplices y participes de este crimen. Tenemos que hacer justicia procurando procesos de reparación en los que la gente, las comunidades y todas las víctimas se sientan reivindicadas y reconocidas.

Notas
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización de la cual Berta Cáceres era coordinadora)