Expropiar la sierra minera

Las dos secciones escolares en las que he desarrollado mi vida profesional en las últimas décadas, en realidad pertenecientes al mismo centro educativo, el CEIP San Ginés de la Jara de Llano del Beal, han sido objeto de estudios por parte de las Administraciones a los efectos de determinar si en sus instalaciones se dan concentraciones de metales pesados lesivos para la comunidad escolar. En la sección de Llano del Beal se acometieron actuaciones correctoras en 2017; y en la del Estrecho de San Ginés se confirmó hace un par de meses la presencia de residuos tóxicos. Por su parte, el investigador José Matías Peñas ha constatado la presencia de altas concentraciones de Plomo y Arsénico en el IES Sierra Minera y en el Colegio Enrique Viviente de La Unión.

El más elemental sentido común nos indica que no sólo los centros escolares de las localidades ubicadas a las faldas de la Sierra Minera van a estar afectados por la contaminación, sino que ésta se extiende, por fuerza, al conjunto de las poblaciones, que se ven así inmersas en un grave problema, expresión del cual son los elevados índices de enfermedades inherentes a la presencia de metales pesados en los suelos, en el aire y en la ramblas cuyas escorrentías llegan hasta el Mar Menor.

Hasta ahora, la reacción de las distintas Administraciones implicadas en este problema ha oscilado entre el ocultamiento, la elusión de responsabilidades y la falta de determinación para abordar un asunto de tal gravedad en el que está en juego lo más importante. Así, no se ha procedido a un estudio profundo del estado físico de las gentes de la zona, y los análisis parciales que se han hecho han sido muy limitados en su alcance y en la publicidad de sus resultados. Respecto de las responsabilidades, tanto empresariales como políticas, su no asunción estaría en el origen de esta complicada situación. Las compañías mineras o sus herederos legales tienen la obligación expresa de acometer la restauración ambiental prescrita en los diversos planes de labores de la minería. No lo han hecho. Tampoco los responsables políticos han impuesto esta prescripción a los dueños del suelo minero ni la han acometido subsidiariamente ante el evidente incumplimiento de las empresas. En la actualidad, la Comunidad Autónoma asegura no disponer de marco normativo para obligar a descontaminar el territorio, en una evidente estrategia dilatoria que persigue no confrontar con los propietarios, muy bien relacionados con determinados ámbitos políticos.

Lo cierto es que estamos ante la obligación de preservar la salud de la población. Y no sólo eso, sino que la Sierra Minera encierra un patrimonio cultural de origen minero que está siendo sometido a expolio y destrucción porque sus dueños eluden la obligación de conservarlo y protegerlo, además de obstaculizar su protección legal mediante recursos continuos frente a su declaración como BIC Sitio Histórico.

Conservar la salud y el patrimonio(sobre todo la primera)exigen una actuación decidida e inmediata por parte de quienes nos representan en las instituciones. Y resulta que se dispone de un instrumento legal que puede hacer posible la consecución de estos objetivos. Efectivamente, el artículo 37 de las Directrices del Litoral de la Región de Murcia establece la regeneración de la Sierra Minera como Actuación de Interés Regional. La formalización de esta Declaración posibilitaría la urgente ocupación de los terrenos a efectos expropiatorios por razones de utilidad pública e interés social. El coste para la Comunidad Autónoma de expropiar 2500 hectáreas de la Sierra no excedería de los 3 millones de euros, habida cuenta de que el precio tasado del suelo en esa zona está a 12 céntimos el metro cuadrado(BORM 31 Diciembre 2018). Ello haría posible descontaminar los terrenos afectados, proteger los elementos mineros y provisionar a los ayuntamientos, particularmente el de La Unión, de suelo para ordenar racionalmente la Bahía de Portmán y dotarse de espacios para cinturones verdes y vivienda de alquiler. Factible y barato, pero lejos de la voluntad de quienes nos malgobiernan.

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