Israel criminaliza a la sociedad civil palestina porque ha sido eficaz en desenmascarar su régimen de apartheid

El 29 de octubre ante la Asamblea General de la ONU el embajador de Israel Gilad Erdan rompió el informe anual del Consejo de DD.HH. que la Alta Comisionada Michelle Bachelet había presentado ese día. Este gesto resume la política del Estado de Israel hacia el Derecho Internacional y hacia el pueblo palestino. Diez días antes, el Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa Benny Gantz decretó que seis organizaciones de la sociedad civil palestina −entre las que se encuentran las más importantes ONG de derechos humanos− son “terroristas”. Sin mostrar ninguna prueba las acusó de ser un brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina y de desviar fondos de donantes internacionales hacia ese partido. Como siempre, la acusación se basa en “información secreta” del Shin Bet (servicio de inteligencia) que suele basar sus acusaciones en confesiones extraídas a detenidos mediante torturas y amenazas, sin ninguna prueba documental. Este caso no fue la excepción, como demostró una investigación periodística de The Intercept y +972 Magazine.

Aunque la medida se basa en la draconiana Ley Antiterrorista aprobada en 2016, tiene una larga historia muy anterior a la moda legislativa surgida en Occidente tras los atentados del 11/9/2001: Israel siempre ha mantenido a la población palestina bajo régimen militar, primero en el territorio ocupado en 1948, y luego en el ocupado en 1967, donde desde entonces ha ilegalizado a más de 400 grupos, incluidos todos los partidos políticos y toda organización que resista la ocupación colonial.

En este caso el gobierno israelí se embarcó desde mayo en una agresiva campaña para persuadir a gobiernos y donantes europeos de que cortasen la financiación a estas seis organizaciones. Para ello presentó al cuerpo diplomático un dossier secreto de 74 páginas que supuestamente aportaba pruebas contundentes de sus vínculos con el FPLP. Los europeos estudiaron minuciosamente el documento y concluyeron que no contenía ninguna evidencia creíble; por eso decidieron continuar apoyando a las ONG palestinas, que además gozan de gran credibilidad en el ámbito internacional (algo que el régimen sionista, con su autismo político y su obtuso racismo antipalestino no puede calibrar). Además pidieron al gobierno israelí que aportara pruebas sólidas, cosa que no ha hecho. En cambio, el representante de Al-Haq en Hebrón, Hisham Sharbati, dijo a +972 Magazine: “Nuestro trabajo es totalmente legal y transparente. Nuestros financiadores reciben informes detallados. Estamos bajo una estricta supervisión, y todo el mundo sabe a dónde va cada shekel.”

Imágenes de las torturas a los detenidos palestinos durante los interrogatorios (informe de febrero 2021 de Addameer).

Perfil de los 6 grupos “terroristas”

Según el abogado israelí Michael Sfard, “la historia de las seis organizaciones comenzó en el Ministerio de Asuntos Estratégicos, no en el Ministerio de Defensa, cuando fueron clasificadas por primera vez como organizaciones que “deslegitiman a Israel”. Todo comienza y termina con que se considera que estas organizaciones promueven el boicot a Israel y la investigación de los crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. El ataque contra ellas es político bajo el disfraz de la seguridad.”

Al-Haq (fundada en 1979) fue la primera organización de DD.HH. en Palestina/Israel y en el mundo árabe. Afiliada a la Comisión Internacional de Juristas y a la Federación Internacional de DD.HH., tiene estatuto consultivo en la ONU y sus informes son clave para el sistema internacional de derechos humanos; también fue la principal impulsora de la investigación contra Israel abierta en la Corte Penal Internacional, donde uno de los acusados es justamente Benny Gantz, comandante del ejército durante el brutal ataque a Gaza de 2014. Shawan Jabarin, Director of Al-Haq, comentó la ironía: “Gantz dice que somos una organización terrorista cuando él mismo es un criminal de guerra.”

DCI-P (rama palestina de Defensa de la Niñez Internacional, fundada en 1991) es una prestigiosa ONG dedicada a documentar y denunciar la situación de la niñez palestina bajo el apartheid. Defiende a unos 200 niños al año en los tribunales militares israelíes, y desde el año 2000 ha documentado el asesinato de más de 2.200 niñas y niños palestinos. Su trabajo de incidencia ante el Congreso de EE.UU. −con campañas como No way to treat a child− ha impulsado proyectos de ley para recortar la ayuda militar a Israel.

Addameer (fundada en 1991) es la principal organización de apoyo a las y los presos políticos palestinos, mediante la defensa legal, la incidencia política y la elaboración de informes cuantitativos y cualitativos sobre la situación en las prisiones israelíes. Su oficina en Ramala fue allanada y saqueada por el ejército israelí en 2001, 2012 y 2019.

La UAWC (Unión de Comités de Trabajo Agrícola, fundada en 1986 y miembro de la Vía Campesina) apoya a miles de agricultores y pescadores de Cisjordania y Gaza con proyectos productivos y técnicos. En especial les ayuda a cultivar, recuperar y defender sus tierras en la crítica zona C: los dos tercios de Cisjordania que Israel controla completamente y pretende anexar para sus colonias.

La UPWC (Unión de Comités de Mujeres Palestinas, fundada en 1980) es una organización de base presente en todo el territorio ocupado; busca empoderar a las mujeres para defender sus derechos en la sociedad palestina y resistir la colonización israelí. Brinda capacitación para crear cooperativas de producción, formación para la participación política, ayuda legal y psicológica a quienes sufren la represión.

El Centro Bisan (fundado en 1989) es una pequeña ONG de investigación que produce informes críticos tanto sobre la pobreza resultante de la asfixia económica israelí como sobre las políticas neoliberales implementadas por la ANP. También elabora propuestas para impulsar la autonomía económica palestina.

Mesa redonda con representantes de las 6 organizaciones palestinas criminalizadas en un webinar organizado por tres instituciones de Washington DC. 29/10/21.

Escalada de ataques 

El reciente decreto es parte de una campaña de décadas para suprimir y silenciar a los grupos que prestan servicios vitales a las comunidades palestinas y denuncian los abusos de Israel. Además de demonizar su trabajo, el régimen ha detenido al personal de estas ONG y atacado sus oficinas, ha perseguido a sus beneficiarios y amenazado a sus aliados internacionales (incluyendo sus representantes en la ONU), ha intimidado a sus donantes y cerrado sus plataformas de financiación.

Como reseñó el portal The Electronic Intifada, el decreto de Gantz estuvo precedido de una serie de agresiones. El 29 de julio tropas israelíes irrumpieron en las oficinas de DCI-P y de Bisan, destruyeron equipamiento y robaron computadoras. “No dejaron ninguna orden [de allanamiento], ni una lista de las cosas que confiscaron”, dijo Ubai Aboudi, director de Bisan. También en julio la sede de la UAWC fue allanada y clausurada por seis meses.

En junio los soldados invadieron y saquearon la sede de otra organización emblemática: HWC (Comités de Trabajo para la Salud, fundada en 1985), que ofrece prevención y atención en salud en todo el territorio ocupado (la única con una clínica para mujeres con cáncer). En abril habían sido detenidos Walid Abu Ras (responsable de finanzas) y Juana Ruiz Rishmawi (63, cooperante española en Palestina desde 1985 y encargada de proyectos internacionales), y en julio fue detenida Shatha Odeh (60), Directora de HWC. También se les acusa de desviar fondos al FPLP. Unas 130 organizaciones de 40 países condenaron su detención y pidieron a la OMS que exigiera su liberación.

Similar suerte corrió Mohammed Halabi, representante en Gaza de la poderosa agencia estadounidense World Vision. Acusado de desviar fondos para Hamas, está preso desde 2016. Las numerosas y rigurosas auditorías realizadas por WV y sus donantes (incluyendo al gobierno australiano) probaron la falsedad de la acusación; pero Halabi sigue preso y WV tuvo que cerrar su trabajo en Gaza.

Soldados israelíes invaden y confiscan computadoras en la oficina de DCI-P el 29/7/21. (DCI-P).

Miente, miente, que algo quedará

El FPLP −partido de izquierda marxista, que integra la OLP y tiene representantes en el legislativo palestino−  es el cuco perfecto que Israel utiliza para criminalizar a las ONG palestinas. Su brazo armado realizó sonadas acciones en los ’70, y por eso hasta hoy EE.UU. y la Unión Europea lo consideran un grupo terrorista (igual que hasta hace poco al Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela). Hoy es un partido minoritario en la escena política palestina dominada por la rivalidad Fatah-Hamas, pero sus militantes tienen gran compromiso y credibilidad. Es común encontrarles en gobiernos locales, organizaciones sociales y ONG, pero está fuera de toda duda que tengan algo que ver con la lucha armada o con acciones ‘terroristas’.

Lo que realmente está detrás de la criminalización de estas ONG es una campaña permanente de Israel y sus aliados para aplastar el exitoso trabajo que la sociedad civil palestina viene haciendo en los últimos 15 años para desenmascarar al régimen de apartheid. Como dijo Sahar Francis, Directora de Addameer: “Nos atacan porque estamos logrando cambiar el paradigma”. En efecto, en 2015, a medida que aumentaba la presión internacional contra Israel, el gobierno asignó millones de dólares al Ministerio de Asuntos Estratégicos, al mando del mismísimo Gilad Erdan, para dirigir una “campaña contra los efectos de la deslegitimación y los boicots a Israel”. Una de sus actividades centrales fue acusar de terrorismo a las ONG palestinas y presionar a los gobiernos europeos para que cortaran su financiación.

Mediante años de meticuloso cabildeo, el gobierno y ‘ONG’ creadas o financiadas por el mismo Estado para difamar a la sociedad civil palestina (especialmente NGO Monitor) han calificado el trabajo de los grupos de derechos humanos palestinos de falso en el mejor de los casos y antisemita en el peor. Gracias a esa difamación, la cooperación extranjera ha intensificado su escrutinio de las ONG palestinas, imponiéndoles condicionamientos y exigencias que consumen muchísimo tiempo y energía que su personal debe restarle al trabajo en sí. En ninguna de las innumerables auditorías ordenadas se encontró nada que corroborara las acusaciones de Israel. Esta estrategia de deslegitimación y hostigamiento fue meticulosamente analizada en un informe de 64 páginas publicado en abril de este año por el Observatorio para la Protección de Defensores/as de DD.HH. (un proyecto de la FIDH y la OMCT).

¿Cuántos soldados se necesitan para arrestar a un niño palestino? Escena durante una protesta en Hebrón el 7/10/17 contra el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén (Wisam Hashlamoun).

La solidaridad ¿alcanza?

El anuncio de Gantz desató una lluvia de declaraciones de repudio y solidaridad con la sociedad civil palestina, incluyendo de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, de FIDH, OMCT y CIHRS, de casi 300 instituciones de EE.UU., de más de 80 internacionales y de ONG, academia y periodistas Israelíes. La Alta Comisionada Michelle Bachelet condenó el ataque a los grupos defensores de derechos humanos, que son “socios clave de nuestra Oficina” y exigió que el decreto sea revocado. La solidaridad global sigue creciendo con una campaña bajo el hashtag #StandWithThe6, que contrasta con el cauteloso silencio de los gobiernos.

En una declaración conjunta, el Consejo Palestino de Organizaciones de DD.HH. y la Red de ONG Palestinas (PHROC y PNGO) llamaron a la comunidad internacional a condenar la decisión arbitraria y a exigir al gobierno de Israel que la revoque. Por su parte, en una conferencia de prensa las seis organizaciones reafirmaron el compromiso de continuar su trabajo en defensa de los derechos del pueblo palestino. En una reciente mesa redonda, Shawan Jabarin afirmó: “Todas sus armas no pueden contra nuestra credibilidad. Pero tratan de silenciarnos con amenazas mafiosas a nuestros voceros y aliados (incluso en la misma ONU) y calumnias ante nuestros donantes. Pero no tienen nada; nosotros los desafiamos a que prueben sus acusaciones, pero no pueden, por eso las mantienen “secretas”. Saben que están enfrentando a personas y colectivos con convicciones y determinación profundas, que no van a cejar.” Y un mes antes, en una carta desde la prisión Shatha Odeh sostuvo: “Mi detención demuestra la intención (…) de cortar los servicios que prestan las organizaciones de la sociedad civil palestina (…) porque sirven para reforzar la firmeza y la resiliencia del pueblo palestino. Pero ni sus prisiones ni sus políticas opresivas lograrán quebrantar el camino de nuestra legítima lucha.”

Como dijo el analista Amjad Iraqi, “los funcionarios israelíes están aterrorizados, no por los grupos que disparan armas, sino por los millones de personas palestinas y aliadas que están exponiendo la verdad sobre la opresión israelí. Esos funcionarios tienen razón en estar asustados: es gracias a la movilización de la sociedad civil que los medios están cuestionando el ataque a las ONG y los diplomáticos están presionando a sus gobiernos para que pasen de la retórica a la acción. A pesar de toda su arrogancia, Israel sigue temiendo que llegue el día en que sus aliados condenen sus políticas por lo que son: persecución política por parte de un régimen de apartheid. Con cada acto de chutzpah [descaro], Israel puede estar acercando ese día.”

Una versión reducida fue publicada en el semanario Brecha el 5/11/21.

Las organizaciones criminalizadas reciben en Ramala una visita de solidaridad de intergrantes de 20 grupos de derechos humanos israelíes (Oren Ziv, +972 Magazine).

– Ver la campaña contra la criminalización de las ONG palestinas y firmar la petición iniciada por Mundubat, una de las agencias del Estado español que las apoya con fondos del gobierno vasco.
– Leer un resumen de Philip Weiss de la mesa redonda donde participaron representantes de las 6 organizaciones criminalizadas.

Imágenes de la campaña internacional #StandWithThe6:

 

Algunos de los videos de DCI-P sobre adolescentes y niños palestinos que Israel no quiere que el mundo vea: