Los recortes con rostro infantil
Que casi dos millones de menores no tengan pediatra asignado en Atención Primaria alcanza tal grado de gravedad que la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha denunciado, durante su 21º Congreso, que más de 1,9 millones de menores de 14 años niños carecen de pediatra en atención primaria, porque faltan 2.130 especialistas. Un empeoramiento de los recortes ya existentes en el año 2018, cuando las plazas no ocupadas se elevaban a 1.729, lo que porcentualmente significa que se pasado de un 26% a un 32%, en la actualidad.
Si la Atención Primaria -como el primer nivel asistencial que es- soluciona más del 80% de los problemas de salud de la población, incluidas las enfermedades infantiles, ¿por qué no se destina a esta partida -como reclaman sus asociaciones- el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es el 25% del presupuesto dedicado a la sanidad pública?
Se agravan los problemas
La situación de falta de pediatras de Atención Primaria se ha hecho crónica. Casi todas las comunidades autónomas están ahora peor que en 2018. Un agravamiento de los problemas que tienen las comunidades para cubrir con un pediatra las plazas en Primaria. Mientras los pediatras de atención primaria están al límite. Llegan a ver 65 pacientes al día. Lo que pervierte la excelencia que permite una atención personalizada en el primer y básico pilar de una sanidad pública de calidad.
Sin embargo, contar con un pediatra de Atención Primaria que vele por su salud y les atienda en los procesos agudos y crónicos es un derecho de los menores. Sin embargo, ninguna administración, en la actualidad, garantiza este derecho.
Dos medidas que alimentan los daños
Los prolongados recortes en sanidad desde 2010 -y en particular en la Atención Primaria para adultos y menores- han provocado su grave deterioro. Y han generado un círculo infernal en el que el exceso de menores asignados a los cada vez más escasos pediatras tiene como resultado que no puedan ser atendidos de manera adecuada en su centro de salud, y, como reacción de las familias, se incrementan las visitas a las urgencias hospitalarias de pediatría y, en consecuencia, se crean más plazas de pediatría hospitalaria.
Es decir, a la sobrecarga en el número de pacientes que soportan los pediatras de atención primaria, se añade la creación cada vez mayor de plazas en hospitales en detrimento de los centros de salud, que se han quedado estancadas, cuando la mayoría de las necesidades habituales de los menores se pueden solucionar en Atención Primaria, no en los centros hospitalarios. Construir un sistema de atención sanitaria “hospitalocentrista” -que lleva asociado como consecuencia el debilitamiento de la Atención Primaria y fomenta un sistema alternativo de atención sanitaria “urgenciocentrista”- multiplica el coste y no contribuye, más bien al contrario, a mejorar la atención a los pacientes adultos y menores.
Si no gastas bien, gastas mal
Son precisamente las comunidades con mayor exceso de pacientes por pediatra las que más han incrementado los puestos hospitalarios. En los últimos 14 años, las plazas hospitalarias para pediatras han aumentado un 36%. Mientras la situación se ha cronificado en la pediatría de Atención Primaria.
Y el desplazamiento de la atención del centro de salud al hospital acarrea un encarecimiento de la asistencia, elimina la proximidad familiar y hace que la asistencia se preste en un ámbito lejano al menor. Porque de lo que se trata no es más ni menos que de la salud infantojuvenil.
Hay otro camino
Hay, actualmente, un deterioro creciente debido a los recortes constantes y prolongados al sistema público de salud, y orientaciones erróneas en presupuestos y organización sanitaria. Pero sí hay otro camino. Un camino de inversión, de mejora organizativa y de orientación de las prioridades del sistema, que revierta los recortes para que la Atención Primaria de nuestro país recupere los niveles de excelencia clínica que había alcanzado y que todavía tenemos hoy en día. La Atención Primaria es una joya que ha sido garante de la mejora de las expectativas de vida y de la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros, adultos y menores.