Para luchar contra el virus… regularización de las personas migradas!
Cerca de 500 entidades y colectivos exigen la regularización de todas las personas migradas que viven en el Estado Español. El objetivo es poner en marcha una campaña social y política que derive en una propuesta de regularización inmediata ante las administraciones responsables
En las últimas semanas, inmersos en un Estado de Alarma y unas medidas de confinamiento, hemos visto la vulnerabilización a la que son sometidas las personas migradas sin papeles a nivel social y económico, así como su instrumentalización por su utilidad como mano de obra en el ámbito sanitario o de cuidados o para los trabajos en el campo.
Detectamos como la falta de un permiso de residencia desemboca a menudo en una vulneración de sus derechos: dificultades para acceder a los servicios de salud pública al carecer de padrón o de tarjeta sanitaria (poniéndolas en riesgo a ellas y a toda la población), dificultades econòmicas cuando viven inevitablemente de la economía sumergida y no cabe para ellas la posibilidad de acogerse a ERTEs, permisos retribuïdos o cobro de paro; y habiendo muchas de ellas perdido el empleo por el confinamiento. Dificultades habitacionales cuando su precariedad laboral como trabadoras del hogar o de cuidados las obliga a vivir en habitaciones compartidas realquiladas, haciéndose imposible mantener las distancias de seguridad; algunas incluso manteniendo su trabajo como internas en contacto permanente con personas de grupos de riesgo pero sin Equipos de Protección Individual (EPI).
Por un lado, recordamos las trabas de algunos ayuntamientos para acceder al derecho universal del padrón por no poder acreditar un domicilio, el miedo justificado de las personas migrantes a salir de casa por el estado policial aplicado y temiendo por su situación de irregularidad administrativa y la imposibilidad de cumplir con los requisitos legales para la regularización en las circunstancias excepcionales que vivimos en estos momentos (¿Quien va a conseguir un contrato de un año como exige la Ley de Extranjería con la economía paralizada?). Por otro, asistimos a la catalogación de la población según su aportación al mercado laboral. Se reclaman sanitarios, personal geriátrico, profesionales del ámbito social… circunstancias que han llevado al gobierno portugués a decretar la regularización de todas las personas que tenían en trámite su solicitud de permiso de residencia y al Gobierno español a agilizar homologaciones y permisos de trabajo para determinados perfiles.
Lo vemos en los manteros, que organizan bancos de alimentos y cosen mascarillas, las cuidadoras del hogar y de cuidados que se ofrecen para apoyar a las familias que deben seguir realizando trabajos esenciales… Si se pretende que al virus le derrotemos entre todas solo será posible en condiciones de igualdad y no discriminación.
En una situación en que la emergencia sanitaria imposibilita las deportaciones y los CIES, ya de por si insalubres, se empiezan a vaciar, creemos que es además el momento para cerrar inmediatamente estos centros y liberar a las personas que quedan aún recluidas en los mismos.
Este gobierno que se llama progresista y valiente y que se postuló para mejorar las condiciones de vida de toda la población, tiene que hacer honor a todo ello y regularizar a todas las personas sin papeles inmediatamente, acabando así con la discriminación hacia estas personas que coloca a la sociedad entera en inferioridad de condiciones en la lucha contra la pandemia.
Las cerca de 500 organizaciones y colectivos adheridos nos organizamos para iniciar una campaña para exigir la regularización de las personas migradas que viven en el estado español. Porque es de justicia y en estas circunstancias, de extrema necesidad.
Y exigimos:
Empadronamiento de oficio a todas las personas que vivan en el municipio.
La regularización con permiso de trabajo sin necesidad de contrato de trabajo.
La concesión de autorización de trabajo sin necesidad de contrato a los jóvenes ex tutelados con permiso de residencia.
Reconocimiento de inmediato de la condición de refugiadas, y el pase directo a autorización de residencia en igualdad de condiciones con el resto de personas migradas.
Aplicar el art. 127 “cuando concurran razones de interés público o de seguridad nacional…” entendiendo que es de interés público y social garantizar los derechos de toda la ciudadanía pasando por regularizar, los que están en situación administrativa irregular.
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