Análisis sobre la situación del campo andaluz

En este dossier desde la CNT de Córdoba queremos hacer un análisis de cual es la situación agraria y del campo andaluz actualmente. Además haremos una valoración de las consecuencias de este funcionamiento del agro andaluz y ofrecemos una serie de propuestas y alternativas desde nuestro punto de vista, como sindicato de clase y que aspira a una transformación social.

En el estudio haremos un breve repaso por la situación histórica de la tierra para comprender mejor la situación actual, para después entrar en el tema de las subvenciones de la PAC a grandes propietarios, el panorama de las campañas agrícolas y de l@s jornaler@s a día de hoy.

Este no pretende ser un estudio exhaustivo sobre el campo y la historia de la tierra y los trabajadores en Andalucía, pero desde la CNT de Córdoba creemos que es necesario en este tiempo político y social que nos ha tocado vivir analizar las condiciones de la tierra, su propiedad y el por qué esta situación ha variado muy poco en el último siglo en este país y más concretamente en las últimas décadas, y porque es un tema que no debemos dejar apartado u olvidado desde el anarcosindicalismo.

Lejos de ser un debate anticuado o desfasado, como pensarán algun@s, creemos desde CNT que la cuestión agraria es fundamental para un avance y cambio real de la sociedad y de una región, y más en una tierra eminentemente agrícola como esta.

La información y documentación en que nos centramos es sobre la situación concreta del campo en Andalucía y no otras zonas del estado por varias razones: por cercanía geográfica y mejor conocimiento de esta región y sus provincias; por ser una región en la que la agricultura y las campañas agrícolas tienen mucha importancia para miles de personas, tanto de zonas rurales como de ciudades; y por mantener unas características agrarias y de explotación agrícola que condicionan cualquier cambio social, y que afectan a buena parte de la población y su forma de vida.

– Breve introducción histórica

El tema de la tierra viene siendo el telón de fondo de muchos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de este país. Desde inicios del siglo XX la lucha por la tierra era algo vital para la clase trabajadora y el movimiento obrero. Así pues, la mayor parte de la tierra se concentraba en unas pocas familias de grandes terratenientes que acumulaban miles de hectáreas en todo el estado y más concretamente en Andalucía. Mientras las familias jornaleras y campesinas vivían en situaciones de semiesclavitud atados a la tierra de los latifundios para poder sobrevivir en condiciones paupérrimas.

En este contexto histórico desde finales del XIX y principios del XX se venía dando una fuerte difusión a las ideas libertarias en buena parte de la península, sobre todo Andalucía y Cataluña.  La mayoría de l@s jornaler@s estaban afiliad@s a sindicatos. En 1910 nació la CNT y supo encauzar ese pensamiento emancipador y de transformación a través de sus sindicatos y de un enorme movimiento obrero organizado en pueblos y ciudades.

Este era un país agrícola y la mayoría de la afiliación de CNT era de origen rural y jornalero, aunque vivieran en grandes ciudades como Barcelona o Madrid por las emigraciones de esos años. Una de las principales reivindicaciones era la distribución de la tierra y la Reforma Agraria, como modo de colectivización y de transformación social y política.

Años más tarde en 1936, y en el contexto de guerra contra las oligarquías políticas y económicas representadas en el golpe de estado fascista de julio 1936, la tierra era uno de los telones de fondo de ese golpe y de la lucha de clases que significó esa guerra. De forma legal se había legislado en la República por una Reforma Agraria y por la redistribución de la riqueza agrícola, pero que eso se llevará a la práctica era la verdadera preocupación de la clase dominante española representada por grandes terratenientes, altos mandos militares, iglesia católica, banqueros, y empresarios. Veían peligrar sus privilegios y sus tierras, y desde antes de la derrota de la derecha en las elecciones de febrero contra el Frente Popular, se venía fraguando el golpe de estado y la guerra contra las clases populares que se inició en julio de 1936.

Conviene recordar que las primeras acciones de las milicias formadas en los sindicatos fue ocupar las tierras y formar las colectividades, mientras combatían a los fascistas en el frente. Es decir, las colectividades no fueron algo secundario, fue el motor fundamental de la revolución y nos hace ver la importancia de la tierra y la colectivización y socialización de esta para la clase trabajadora de la época.

Lo primero que hicieron los poderosos terratenientes y familias del régimen nada más ganar la guerra fue volver a la vieja propiedad de la tierra y a manejar sus dominios agrícolas con mano de hierro, volviendo la esclavitud para miles de jornaler@s que volverían a estar atados a los latifundios y al señorito, con una estructura agraria similar a la del siglo XIX.

Tras el oscuro período franquista el período conocido como Transición volvió a reavivar el debate sobre la tierra y la Reforma Agraria, y miles de personas en Andalucía salieron a las calles pidiendo tierra y libertad en multitudinarias manifestaciones, además de en bastantes ocupaciones de tierras que se dieron en esos años.

Desde la Junta de Andalucía para frenar estas protestas y poner de su lado a los jornaleros andaluces destacó la importancia de la Reforma Agraria en el Estatuto de Autonomía (al igual que se hiciera en la Constitución del 78) y creó el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria), para supuestamente poner en funcionamiento un mecanismo que fuera creando las condiciones para una Reforma Agraria progresiva desde la Junta de Andalucía. Esto sólo fue el reflejo de una demanda popular, pero la intención de la Junta de Andalucía nunca fue iniciar dicha Reforma y este organismo no realizó ningún trabajo para llevar a cabo la misma, y 30 años después de los gobiernos del PSOE en Andalucía, la propiedad de la tierra sigue en manos de las mismas familias aristocráticas, grandes banqueros, empresarios y especuladores varios.

– Grandes propietarios y ayudas de la PAC

En una región como Andalucía donde el paro supera el 30% y el paro juvenil supera el 50%, el PSOE desde la Junta de Andalucía habla de cambio y de progreso. Una región donde la tierra y los grandes latifundios siguen siendo de unas cuantas grandes fortunas y empresas, que poseen la mayoría de la tierra, mientras miles de andaluces tienen que emigrar a otras regiones y países para ganarse la vida.

La propiedad de la tierra se sigue manteniendo casi idéntica al período del franquismo, destacándose los mismos apellidos vinculados al régimen y que hicieron fortuna durante la dictadura. Las grandes familias de aristócratas, empresarios inmobiliarios, de la construcción, ministros o banqueros poseen enormes propiedades por todo el estado y la mayor parte de ella en Andalucía. Familias como los Mora- Figueroa Domecq, cuyas empresas obtuvieron en 2013 del erario público 7,3 millones de euros; la casa de Alba obtuvo 2,9 millones de subvenciones a través de 5 empresas; Mercadona, compañía propiedad de Juan Roig, el segundo multimillonario de España, recibió 2,6 millones; Juan Villar Mir, Juan Abelló, Jaime Botín, Mario Conde y un largo etcétera de empresarios, terratenientes, promotores inmobiliarios, nobles, etc, engrosan esta lista de grandes perceptores de millonarias ayudas de la PAC.

Las empresas que cobran estas millonarias subvenciones no se encuentran domiciliadas en las zonas de la explotación, sino en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, muy alejadas del mundo agrario y dedicadas a sectores que nada tienen que ver con el campo, como el inmobiliario, motor, hostelería, finanzas o comercio.

Pero la cosa no queda ahí, las millonarias subvenciones que reciben estas familias y empresas de la Política Agraria Comunitaria no es por tierra cultivada o por producción agroalimentaria, es por extensión de terreno principalmente, ya que para recibir las ayudas se acepta como “actividad agraria” el “mantenimiento en estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria”, según se desprende de la nueva PAC aprobada para el período 2015-2020.

Esta política agraria fomenta la adquisición masiva de tierras por parte de absentistas y de especuladores, cobrando grandes sumas de dinero público sin tener actividad real. El 8% que representa a los grandes perceptores reciben la mitad del presupuesto total destinado a la agricultura y ganadería.

– La otra cara de la moneda: jornaler@s y campañas agrícolas

Muy diferente es la situación de l@s jornaler@s y pequeños agricultoras/es del campo andaluz. La precariedad laboral y el paro crónico para los primeros, y la falta o escasez de ayudas para los segundos nos muestran las diferentes varas de medir de la administración a la hora de aplicar las políticas agrarias y de redistribución de recursos y ayudas públicas.

Las campañas agrícolas son escasas en Andalucía y de carácter endémico, localizadas en regiones concretas y con escasa diversidad de cultivos. Las enormes ayudas de la UE al olivar han fomentado su cultivo masivo, viendo mares de olivos en el campo cordobés y jienense, y desechando, por tanto, otros muchos cultivos que cubrían hace décadas el campo andaluz, como el caso de las viñas, algodón, legumbres, etc.

Esto nos ha llevado a monocultivos con un alto grado de mecanización, utilización indiscriminada de químicos y sustancias tóxicas, ritmos intensivos de trabajo y mayor exigencia en los niveles de producción. Los resultados son obvios: un mano de obra cada vez más reducida para las campañas agrícolas; sobreexplotación y mayor daño causado a los cultivos por la utilización masiva de maquinaria y fertilizantes químicos; empeoramiento de las condiciones de la tierra cultivable y mayor daño al entorno natural y la biodiversidad; mayor volumen de trabajo sin subidas de sueldo ni mejoras de Convenio, desarrollándose ritmos de trabajo comparables al destajo pero cobrando un sueldo de poco más de 40 euros.

A todo esto hay que sumar las políticas machistas hacia las mujeres en las campañas agrícolas, siendo apartadas de estas tareas en muchas explotaciones y tajos. Así pues, en multitud de sitios los manijeros y empresarios agrícolas dicen claramente que no quieren mujeres en sus tajos, despreciando su trabajo con actitudes sexistas y machistas. Por tanto, la mitad de la población andaluza es apartada o lo tiene muy complicado para trabajar en campañas agrícolas.

Históricamente la jornalera y campesina andaluza ha trabajado en la siega, la recogida de la aceituna, el algodón, la viña, recogiendo legumbres, arando, en explotaciones ganaderas, etc, y no podemos permitir que por supuestas razones de productividad, que sólo ocultan políticas sexistas y de discriminación de género, sea apartada del trabajo agrícola.

Por lo anteriormente dicho, la situación de las campañas ha empeorado en los últimos años si cabe, y el tiempo de trabajo se ha visto notablemente reducido, ya que donde antes había tres meses de temporada en el olivar (fuente vital de ingresos de las familias jornaleras andaluzas) ahora no llega al mes en muchos casos.

La consecuencia de la progresiva mecanización de las tareas agrícolas y la falta de diversidad de cultivos en esta región es que el tiempo trabajado se reduce considerablemente y obliga a la emigración continua para realizar campañas.

En cuanto a salarios, por ejemplo, hablamos de 43 euros de jornal según el Convenio en la provincia de Córdoba en tareas de recolección de aceituna, ajo, naranja, etc. Salarios muy por debajo de otros Convenios provinciales como el de Jaén que se sitúa en 54 euros al día.

Eso en la teoría, en la práctica nos encontramos con situaciones de abuso y explotación como en la campaña de la naranja en Palma del Río, donde es bien conocido y ha sido denunciado en anteriores campañas que se están pagando sueldos de 20 euros diarios en muchos tajos. Viéndose much@s trabajadoras/es obligad@s a trabajar en estas condiciones por la necesidad de reunir los jornales necesarios para poder cobrar la renta agraria, como subsidio básico de subsistencia. El número de jornales exigidos es de 35 anuales, los cuales a veces es difícil reunirlos si viene un mal año en el olivar a causa de la escasez de lluvias o sobreexplotación del cultivo en años anteriores.

Otro caso de abuso de los empresarios del campo y de explotación laboral lo tenemos, también en la provincia de Córdoba, en la campaña del ajo en el Bajo Guadalquivir. En dicha campaña se viene trabajando a destajo, es decir cobrando por kilos recogidos y los empresarios que tenían que pagar a 1,60 euros la caja, la vienen pagando a 1,20 euros. Aprovechándose para ello de mano de obra inmigrante, personas que huyendo de la miseria en busca de cualquier trabajo vienen del Este de Europa, Asia o norte de África, a las cuales no se da de alta en la mayoría de los casos y que cobran alrededor de entre 20 y 30 euros diarios trabajando de sol a sol.

Ante este panorama encontramos la pasividad de la Inspección de Trabajo que normalmente llega tarde a los tajos y permite a los empresarios agrícolas ocultar estas lamentables situaciones. La administración parece mirar para otro lado ante estos casos de fraude y explotación que se repiten año tras año en las campañas agrícolas.

También hay que mencionar la situación de una de las campañas más importantes del agro andaluz, la temporada de la aceituna. Campaña que se desarrolla en el invierno entre los meses de diciembre y marzo,  y entre octubre y noviembre para la variedad del verdeo, y que emplea a más de 70 mil personas de media en Andalucía.

En Jaén, la provincia que cuenta con más olivar, contando con más del 40% de la producción estatal, se generan cerca de 6 millones de jornales, de los que se declaran unos 2,5 millones. Es decir, no se declara ni la mitad de jornales trabajados y se genera un enorme fraude por parte de la patronal agraria que no da de alta a miles de jornaler@s eventuales, o bien les dan de alta el número mínimo de peonadas. Condiciones que son aceptadas por l@s trabajadoras/es por miedo a perder la temporada y no reunir el mínimo requerido de peonadas para cobrar el subsidio agrario.

Estos son algunos de los casos más representativos de explotación y fraude laboral en las campañas agrícolas en Andalucía, pero hay más en otras temporadas en Huelva, Almería o Granada a lo largo del año.

– Conclusiones y alternativas

El modelo de propiedad agraria que tenemos en Andalucía y en el resto del Estado se ha quedado paralizado en buena parte en el siglo XIX, con los grandes latifundios repartidos por diversas provincias y una nula redistribución de los recursos y de las riquezas agrícolas de la tierra.

Las políticas agrarias de la UE no han hecho sino aumentar las ganancias de estos grandes propietarios que utilizan la tierra como objeto de especulación y como rica fuente de ingresos vía ayudas y millonarias subvenciones.

A nivel autonómico la Junta de Andalucía, es decir el PSOE andaluz, ha generado una política agraria que ha estado dirigida a mantener esas enormes propiedades, por un lado, y a mantener unos subsidios agrícolas para l@s jornaler@s, por otro, que no son nada más que las migajas para no dejar despobladas las zonas rurales y en su día poder eliminar la conflictividad social en el campo.

Los instrumentos de la Junta como el IARA, las alusiones a la reforma agraria en la CE y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, son sólo papel mojado y en la realidad no se ha hecho nada desde las administraciones por iniciar dicha reforma y ni siquiera por hacer políticas diferentes a la hora de mejorar el sistema de ayudas y subvenciones a la producción, o intentar ayudar al cooperativismo o l@s pequeños agricultoras/es.

Cualquier cambio social en esta región tiene que ir acompañado de un cambio en la propiedad y reparto de la tierra, es decir, en una reforma agraria y una justa redistribución de los recursos agrícolas y naturales que son de tod@s. Lo mismo que exigimos sanidad y educación públicas, tenemos que exigir que la tierra tenga un uso público y comunitario. No sé puede permitir que haya miles de hectáreas de propiedad pública sin producir, mientras miles de personas tienen que emigrar para subsistir. No sé puede permitir que unas cuantas familias de aristócratas, empresarios, banqueros y especuladores, en general, sigan poseyendo la inmensa mayoría de la tierra de un país en pleno siglo XXI.

Las soluciones pasan por una inmediata puesta en producción de las tierras públicas y privadas sin producir mediante cooperativas agrarias de trabajadores; la denuncia activa de las millonarias subvenciones de la PAC recibidas por las grandes fortunas y empresas, señalando con nombres y apellidos a dichos beneficiarios; la creación de un Banco Público y Comunitario de tierras que revierta en un uso social de la misma; priorizar en la producción agroecológica, local y en la biodiversidad; cumplimiento y mejora de los Convenios provinciales, y denuncia de situaciones de explotación y fraude en los tajos.

Fuentes: Público, La marea, Diagonal, Revolución.org, Diario Córdoba, Diario Jaén

http://cordoba.cnt.es/node/1296