Un huracán categoría 5

El fin de la lucha contra la impunidad será tan destructivo como el más poderoso de los huracanes.

En Guatemala se vivió un período extraordinario durante el cual salieron a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, las redes intocadas de corrupción e impunidad entre los sectores político y empresarial. Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las organizaciones del sector privado y funcionarios públicos –algunas de las cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un boquete en el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes operan los poderes del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número inaudito de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de siglos.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, recibidas con expectación y esperanza por un pueblo agobiado por la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder fueron, sin embargo, el detonante que puso en marcha todos los recursos de las mafias.  Estas, conscientes de la amenaza que significaba la permanencia de la Comisión, utilizaron hábiles estrategias para dividir a la opinión pública debilitando así cualquier intento de movimiento popular capaz de poner en peligro sus planes. De este modo y de manera irregular, violando acuerdos internacionales, pusieron fin a la misión de la Cicig consolidando así su reino de la total impunidad.

Lo que espera a Guatemala a partir de la elección de un equipo de gobierno cuyo perfil revela el continuismo del sistema, es el acelerado empoderamiento de un sector económico enfocado en la explotación máxima de su influencia sobre las políticas públicas y la protección de sus redes en todos los estamentos del Estado, incluyendo por supuesto al sector justicia. Para el pueblo de Guatemala la salida de la Cicig –forzada por el gobierno más corrupto y descaradamente destructivo de los últimos tiempos- será un regreso a los períodos oscuros de los regímenes autoritarios, con la pérdida de libertades y derechos ciudadanos como primera medida de las nuevas autoridades.

Si la presencia de la Cicig fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad de los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida social, económica y política de ese país centroamericano. A ello es preciso añadir la amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar “tercer país seguro” al más inseguro, peligroso y empobrecido de la región y convertirlo en centro de concentración para migrantes pobres, desesperados y perseguidos, cuyas mínimas perspectivas de conseguir la visa de ingreso a Estados Unidos auguran una estancia prolongada.

La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo un país quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante el cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin de la misión del Comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas estructuras el mayor de los peligros. Sin embargo lo hecho, hecho está; y será muy difícil hacerse el desentendido ante un panorama que gracias a profundas y bien desarrolladas investigaciones, denuncias y procesos, es ya parte de la historia política y jurídica de Guatemala.

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