Carlos E. Lippo • Opinión • 06/10/2017

Venezuela: Por qué la Exxon Mobil está empeñada en destruir la revolución bolivariana

Haciendo uso de las más deleznables prácticas del capitalismo salvaje de finales del siglo XIX y bajo el influjo de un cínico y mafioso lema comercial que decía sin pudor alguno: «La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla», el empresario estadounidense John D. Rockefeller funda en 1870 la Standard Oil Co. Inc, con sede en Ohio (USA), que poco tiempo después llegó a ser la mayor empresa refinadora de petróleo en el mundo y una de las primeras y más grandes corporaciones multinacionales del planeta.

Tanto llegó a abusar dicha empresa de su posición de dominio que en 1911, a pesar de todas sus influencias en el seno del gobierno, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó que su estructura y su desempeño se ajustaban al término de «monopolio» según la Ley Sherman, exigiendo en consecuencia su desmembración. El mafioso consorcio hubo de ser dividido entonces en 34 empresas independientes; dos de estas empresas fueron la Standard Oil Company of New Jersey, que finalmente se convirtió en la Exxon y la Standard Oil Company of New York, que años después se transformaría en la empresa Mobil. De manera que las dos empresas que se fusionan en 1999 para dar origen a la actual ExxonMobil, la mayor petrolera privada del mundo, con una producción diaria de 4,1 millones de barriles y un valor de capitalización bursátil o precio de mercado de un poco más de 400 mil millones de dólares estadounidenses (1), no son más que astillas de un mismo palo putrefacto.

La Standard Oil Company of New Jersey llegó a Venezuela a finales de 1919, después de una fehaciente comprobación de la cuantía mínima de las reservas petroleras venezolanas hecha por empresas ligadas al Grupo Shell, operando inicialmente por medio de una filial, la Standard Oil Company of Venezuela (SOV), que para 1928 había realizado 42 perforaciones en el lago de Maracaibo y el oriente venezolano, sin haber logrado éxito comercial alguno (2).

Aprovechando las profundas deficiencias de nuestros primeros instrumentos legales en materia de hidrocarburos; bajo el manto protector generado por la alcahuetería de nuestros gobiernos entreguistas de las primeras décadas del siglo XX; utilizando tácticas comerciales mafiosas heredadas de su empresa madre, la Standard Oil Co. Inc de Ohio; y por intermedio de algunas empresas relacionadas adquiere varias empresas concesionarias inactivas así como todas las acciones de la British Equatorial Oil Co., empresa que poseía bloques productivos en las riberas del lago, que resultaron ser los más prolíficos del Campo Costanero Bolívar, uno de los yacimientos más grandes del mundo. Finalmente fue creada la Creole Petroleum Corporation, como filial venezolana de la Standard Oil Company of New Jersey, empresa que pasó controlar todo el patrimonio y los derechos de esta última en Venezuela.

La Creole llegó a ser la empresa petrolera más importante del país, alcanzando en 1950 una producción de 1.500.000 barriles diarios (3), que representaba en ese entonces el 40 % de la producción mundial de su empresa matriz, la Standard Oil Company of New Jersey, ya conocida como Exxon, contribuyendo de manera determinante a hacerla la empresa petrolera más grande del planeta. No obstante, al mismo tiempo, al igual que la mayoría de las transnacionales extranjeras que operaban en el país, estuvo detrás del secuestro del presidente de la Junta Militar de Gobierno, coronel Carlos Delgado Chalbaud, que devino en magnicidio el 13 de noviembre de ese mismo año, por haber éste ordenado traducir al idioma farsi (persa) nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, que siendo asumida por el gobierno revolucionario iraní de Mohammad Mosaddeq le llevó a nacionalizar las reservas petroleras de ese país amigo en 1951, provocando luego su derrocamiento en 1953, con la participación de la British Petroleum Co. (4).

La Creole al igual que el resto de las operadoras extranjeras siempre se las ingenió para declarar al gobierno sólo una pequeña fracción del petróleo que extraían para así escatimar, a la vista de todos, los reducidos impuestos que en justicia y por ley correspondían a la nación. Persisten aún en la mente de muchos zulianos las imágenes de sus tanqueros navegando de salida en La Barra de Maracaibo, por debajo de sus líneas de flotación, a escasos centímetros del fondo, rumbo a la refinería de su casa matriz en la vecina isla holandesa de Aruba, privando así al país de los ingresos asociados a la exportación de derivados del petróleo en lugar de crudos, así como de una cantidad importante de puestos de trabajo para nuestra población.

En el mismo año de 1950, en tardío acatamiento de lo previsto por la Reforma Petrolera de 1943, comienza a procesar en una refinería que construyó en Amuay (estado Falcón), una ínfima porción del crudo que extraían en el país, 60.000 barriles diarios, que representaba menos de la mitad de la cantidad mínima establecida por dicho instrumento legal como obligación de las concesionarias, lo cual no obstante fue considerado por la historiografía entreguista de la época como un importantísimo logro. Hemos dicho en tardío acatamiento de la ley porque desde más de un año antes, su principal competidora, la Royal Dutch Shell, a través de su subsidiaria la Caribean Oil Company, que refinaba en la vecina isla de Curazao, había comenzado a refinar 50.000 barriles diarios de crudo en su refinería de Punta Cardón (estado Falcón), a partir de una producción apreciablemente menor.

La acción depredadora de la Creole no llegó a su fin el 1° de enero de 1976, con la entrada en vigencia de la Ley que reservaba al estado la industria y el comercio de los hidrocarburos (Ley de Nacionalización), promulgada en agosto de 1975, puesto que ella al igual que el resto de las operadoras extranjeras, recibió una indemnización de miles de millones de dólares por la entrega de unas instalaciones que desde hacía más de una década, a raíz de la promulgación de la Ley de Reversión, mantenían de manera más que deficiente; no se le penalizó por haber dejado de inyectar gas a los pozos; se le pagó sumas millonarias por la entrega de unos planos y unos manuales de operación que como pudo comprobarse posteriormente estaban totalmente desactualizados; se le otorgó una cantidad importante de innecesarios contratos de servicio con diferentes alcances; y se le permitió retener para sí el mercadeo internacional de crudos y productos, que es justamente la actividad más lucrativa del negocio petrolero.

Ocurre entonces que esta “nacionalización” acordada en 1975 con el gobierno cipayo de Carlos Andrés Pérez fue un negocio redondo para las operadoras transnacionales y muy especialmente para la Creole, que siendo la mayor de ellas le tocó entregar el control de todos sus activos, patrimonio y operaciones a la recién creada empresa LAGOVEN S. A., que por ello se convirtió entonces en la mayor de las filiales de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y en una auténtica “quinta columna”, más dispuesta a atender los intereses de su antecesora que los intereses del país. Y es que por mucho tiempo, todos los datos de las operaciones de LAGOVEN, desde los correspondientes a los proyectos más complejos hasta el simple cálculo de las nóminas de personal, siguieron siendo procesados en el computador central (main frame) de la Satandard Oil of New Jersey.

Insistimos en que no exageramos un ápice al decir que esta caricatura de nacionalización fue un negocio redondo para las transnacionales, porque con arreglo a la Ley de Reversión, promulgada en 1971 durante el primer período de gobierno de Rafael Caldera, todas las instalaciones de las operadoras petroleras transnacionales deberían pasar a ser propiedad del estado venezolano a partir de 1983, sin pago alguno por parte de la nación y también porque la Ley de Nacionalización promulgada con la anuencia de ellas, les dejó abiertas las puertas para regresar en condiciones aún más leoninas para el país, como en efecto ocurrió desde comienzos de los años noventa con aquella política entreguista del segundo gobierno de Rafael Caldera que se llamó la “Apertura Petrolera”.

La Exxon (antigua Standard Oil of New Jersey) regresa a operar en el país como socia de una empresa mixta llamada “Sucre Gas”, constituida en 1991, junto con Shell, Mitsubishi Oil y PDVSA, a través de LAGOVEN, que tenía apenas el 33 % del capital accionario, en lo que era una clara privatización parcial de la industria petrolera nacional. Dicha empresa explotaría una acumulación gigantesca de gas libre (no asociado al petróleo) y de condensados, descubierta por LAGOVEN, mediante un proyecto que se llamó Cristóbal Colón, destinado originalmente a exportar toda la producción. Esta empresa fue cancelada en el año 2004 por no ser compatible con el marco legal consagrado por la Reforma Petrolera de 2001 y por haber sido redefinido totalmente el antiguo “Proyecto Cristóbal Colón”, que pasó entonces a llamarse “Proyecto Mariscal Sucre”, orientado entonces hacia el consumo interno de gas en el marco de una nueva matriz de consumo energético nacional que nos permitiría exportar mayores cantidades de crudos y derivados líquidos.

Su empresa hermana, la Mobil (antigua Standard Oil of New York), regresa al país en 1995 con actividades en el área de lubricantes. Luego en 1997 constituye el “Acuerdo de Asociación Estratégica Cerro Negro” (Mobil: 42 %; PDVSA: 42 %; y British Petroleum: 16 %), para explotar uno de los bloques de la entonces “Faja Bituminosa del Orinoco”, así llamada porque las transnacionales aliadas a la meritocracia petrolera vendepatria, negaban la existencia de petróleo, así fuera pesado o extra pesado, en el mayor reservorio petrolero del planeta, creando además una mezcla de petróleo con agua que llamaban “Orimulsión”, que vendían internacionalmente a precios de carbón, en claro perjuicio del país. A partir de la fusión en 1999, ExxonMobil sustituye a Mobil en la Petrolera Cerro Negro S. A., manteniendo las operaciones hasta el año 2007, cuando se negó a aceptar la migración de esta última empresa a otra en la cual PDVSA debía detentar el 60 %, como mínimo, del capital social, con arreglo al Decreto Ley No. 5.200, que ponía fin a la privatización parcial de la Faja del Orinoco, entonces si reconocida como faja petrolífera, contentiva de las mayores reservas de petróleo del planeta.

A estas alturas es necesario puntualizar que de las 33 empresas sujetas a constituir empresas mixtas con PDVSA bajo las mismas condiciones que la ExxonMobil, entre las cuales se encontraban, a título de ejemplo, Chevron (USA), BP (Reino Unido), Total (Francia) y Statoil (Noruega), 31 estuvieron de acuerdo con hacerlo mientras que dos de ellas, Exxon Mobil y Conoco Phillips se negaron, a la vez que decidieron iniciar acciones legales contra PDVSA.

En ese mismo año (2007) Exxon Mobil solicitó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exigiendo el pago de la astronómica y absurda cifra de 20 mil millones de dólares de indemnización, pero no contentos con eso introdujeron ante sendos tribunales de Londres y New York una solicitud de congelamiento de bienes por 12.500 millones de dólares y otro arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Estados Unidos.

A comienzos de 2008 y después de un mes de tener estos activos congelados, un juez londinense no sólo revocó la medida sino que ordenó a la Exxon que pagara a PDVSA 380 mil libras esterlinas como anticipo por los costos judiciales en los que incurrió la estatal para defenderse ante los tribunales londinenses (5).

En el año 2014 el tribunal arbitral del CIADI emitió su veredicto: el estado venezolano debería pagar a Exxon por los antiguos Proyectos Cerro Negro y La Ceiba, 1.591 millones de dólares; pero el CIADI también reconoció el veredicto emitido en el año 2012 por la Cámara de Comercio Internacional, a través del cual Venezuela pagó 908 millones de dólares a la Exxon Mobil. Por lo tanto, PDVSA solo debería cancelar 683 millones de dólares en un plazo de aproximadamente siete años (6). En resumen, tal como señaló en su oportunidad el entonces canciller Rafael Ramírez Carreño, ExxonMobil sufrió una triple derrota: recibirá un monto muy por debajo del esperado (menos del 5 % de lo que estaba exigiendo), siete años después y habiendo perdido definitivamente la oportunidad de hacer negocios con Venezuela, el país que posee las mayores reservas petroleras del planeta.

Finalmente, un nuevo dictamen de CIADI, emitido el 9 de marzo del año en curso en respuesta a una apelación interpuesta por PDVSA en el 2015, anula varias porciones del laudo de octubre de 2014 que “versan directamente sobre la valuación de la compensación y las razones subyacentes” (7); es decir, que es altísimamente probable que Venezuela no tenga que pagar un centavo de dólar más de los 908 millones que PDVSA considerase como el justo valor de los activos de Exxon en Venezuela y que ya pagase en el 2007. ¡Se trata entonces de una clamorosa victoria legal sobre quienes están acostumbrados a sentirse por encima de la Ley!

El haber puesto fin a la larga cadena delictiva de esta escoria empresarial que es la ExxonMobil, en momentos en los que se ve agigantado su poder por la presencia de Rex Tillerson en la secretaría de estado del imperio, aun bajo el marco de la mismísima “legalidad” capitalista, explica suficientemente el por qué dicha mafia está empeñada en destruir la Revolución Bolivariana.

Notas

celippor@gmail.com

Caracas, octubre 03 de 2017

https://www.alainet.org/es/articulo/188398

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