Podemos-Andalucía e Izquierda Unida apoyan a los trabajadores de la base de Rota

 

Ante un ERE de 45 trabajadores que se ha anunciado en la Base de Rota (véase: https://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2016/12/09/trabajadores-de-rota-y-moron-alertan-de-la-amenaza-de-nuevos-despidos-con-trump/21542), Podemos e Izquierda Unida de Andalucía se han posicionado en el Parlamento andaluz, en 21 de noviembre pasado, a favor de medidas que eviten dichos despidos, recordando que ha habido en la base de Rota, en diez años, una disminución de 600 trabajadores españoles y que la base de Morón sufre similares recortes.

 

Ambos grupos políticos, Podemos e Izquierda Unida, han dejado claro que aborrecen las políticas militares de Estados Unidos y, particularmente, las prácticas habituales (salidas de grandes bombarderos y transporte de tropas con destino a las guerras de Irak, Libia, etc., el tránsito ilegal de prisioneros de guerra, etc.) en las que estas dos bases se ven envueltas con frecuencia, si bien han señalado que mientras que esta situación de presencia de las bases en nuestro territorio se mantenga es necesario asegurar la estabilidad de los mencionados empleos de civiles españoles en dichas instalaciones «de muerte y destrucción» (como señala en su intervención el portavoz de IU-CA).

 

Pero es inevitable pensar que existe, de fondo, una gruesa contradicción entre esa exigencia de mantener los puestos de trabajo españoles y oponerse -con coherencia- a las políticas militares norteamericanas que ambas formaciones, efectivamente, rechazan. Estar en contra de las bases pero defender los puestos de trabajo en ellas es claramente contradictorio. Pedir el desmantelamiento de las bases de Rota y Morón a través de la denuncia definitiva del convenio bilateral España-USA y defender eventualmente, al mismo tiempo, los puestos de trabajos que dan estos lugares «de muerte y destrucción» es racionalmente incongruente y políticamente inviable.

 

Creo que el movimiento pacifista no puede asumir esa incongruencia (como no puede asumir tampoco que la única salida para Navantia sea construir barcos de guerra para Arabia Saudí porque el fenómeno del paro en la zona de la Bahía de Cádiz es gravísimo). Pienso que el movimiento pacifista no debe ni puede hacer otra cosa que, precisamente de acuerdo con esos mismos certeros análisis de Podemos y de IU que denuncian las barbaridades de la VI Flota en todo el Mediterráneo y Oriente Medio, pedir el desmantelamiento inmediato, completo y sin subterfugios de esas bases.

 

Cabría convertir esas bases en instalaciones desmilitarizadas, bajo la UE y la ONU, es decir, en manos de organismos como la UNESCO, la FAO, la OMS, la OMI, etc., que desarrollaran desde esos lugares (ideales por sus pistas de vuelo, muelles, sistemas de comunicaciones, etc.) proyectos de cooperación internacional en los campos de la salud, la cultura, el medio ambiente, la ayuda humanitaria, etc. Y cabría también que los trabajadores de las bases de Rota y Morón sean trasvasados a las plantillas de las administraciones públicas que el estado español y la Junta de Andalucía tienen en las provincias de Cádiz y Sevilla, dejando que sean las autoridades norteamericanas las que traigan desde su país la mano de obra para sus cuarteles.

 

Cabe sospechar que, probablemente, una de las razones por las que esos despidos de trabajadores españoles están teniendo lugar es para, a conciencia, aminorar el riesgo de posibles atentados en las bases. Es decir, da toda la impresión de que los mandos militares de Rota y Morón consideran que disminuye el riesgo de atentados si hay menos trabajadores españoles en ellas. Ampliar las bases, como ha sucedido en los últimos años, y a la vez despedir a trabajadores de la zona en ellas podría tener esta poco comentada explicación. La desconfianza hacia los trabajadores andaluces es, si esta explicación fuese válida, muy grande.

 

En definitiva, estas bases son INASUMIBLES por muchas razones que Podemos e Izquierda Unida comparten al 100%, pero las «medidas de transición» que el portavoz de Podemos plantea al final de este vídeo no pueden consistir en, contradictoriamente, luchar para que las bases desaparezcan sin que por ahora no haya despidos ni recortes salariales en las mismas… en vez de exigir ya, aunque en proyectos de implantación progresiva, que dichos trabajadores vayan ingresando en plantillas públicas dedicadas a fines no militares. Así que, en mi opinión, el camino más coherente y creíble sería doble: trabajar en un plan especial de recolocación progresiva de todos esos trabajadores andaluces que ahora están empleados en las bases y, además de apostar a fondo por las marchas contra las bases, ofrecer ya una alternativa económicamente viable a  las poblaciones de Morón y Rota frente a esos lugares de «muerte y destrucción».

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

 

10-16/PNLC-000337, Proposición no de ley relativa al apoyo a la plantilla de trabajadores de la base

militar de Rota / Presentada por el G.P. Podemos Andalucía

Calificación favorable y admisión a trámite

Tramitación ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a tenor del artículo 169.2 del Reglamento

Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de noviembre de 2016

Orden de publicación de 28 de noviembre de 2016

 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

 

El G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, relativa al apoyo a la plantilla de trabajadores de la base militar de Rota.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Para la gestión de los diferentes servicios del aeropuerto de la base naval de Rota existe actualmente

una plantilla de 180 trabajadores españoles, de los cuales la mayoría son vecinos de Rota. Dicho servicio se encuentra externalizado por el Gobierno de Estados Unidos, de tal forma que los trabajadores han venido siendo subrogados por las diferentes empresas que han resultado adjudicatarias de dicho servicio en los distintos procedimientos públicos de licitación que se han venido convocando en los últimos años.

 

Actualmente, la empresa adjudicataria es la mercantil Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS), que, por tanto, es la responsable del control y la seguridad del despegue y aterrizaje de aviones y pasajeros que llegan al recinto militar, así como la que viene obligada a subrogar en su plantilla a los trabajadores que habían venido prestando el servicio con las empresas anteriores.

 

Por otro lado, el convenio colectivo que habían suscrito los representantes de los trabajadores con la

anterior empresa adjudicataria CAV Europa, S.L., es el que fue registrado en la Junta de Andalucía con código 11002532011995, que data de mayo de 2013, con una vigencia hasta el año 2015. Dicho convenio colectivo ha sido el utilizado por las empresas licitadoras a la hora de realizar sus ofertas técnicas y económicas.

 

Por parte de la actual empresa, se ha procedido a la denuncia del convenio, lo que ha provocado que

representantes de los trabajadores y de la empresa se sienten de nuevo a negociar unas nuevas condiciones para que regulen la relación laboral. Pese a que ya se han desarrollado varias reuniones de trabajo en ese sentido en la mesa de negociación del nuevo texto del convenio, grande ha sido la sorpresa de los representantes sindicales al conocer, en días pasados, que la empresa se desmarca de la negociación de un convenio y pone sobre la mesa planteamientos que afectan incluso al mantenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido, la nueva empresa plantea, entre otras cuestiones, las siguientes:

 

– Llevar a cabo 45 despidos manteniendo las demás condiciones laborales existentes hasta el momento, o bien llevar a cabo 15 despidos siempre y cuando el resto de la plantilla acepte una reducción salarial, que pasaría por la eliminación de las pagas extraordinarias de marzo y octubre, la reducción del 50% del complemento de antigüedad, la eliminación del complemento de incapacidad temporal, y la restricción del plus de idiomas; es decir, una reducción salarial que estaría en torno a 35% de la masa salarial que venían percibiendo los trabajadores.

 

– Cambio del cuadrante de turnos, y de los permisos y licencias retribuidas.

– Simplificación de los grupos profesionales.

– Simplificación de la estructura retributiva mezclando complementos salariales y extrasalariales sin

especificar cómo se calcularían los mismos.

 

Está claro que este planteamiento de estas nuevas condiciones laborales solo supone un empeoramiento en la situación que los trabajadores tenían antes del inicio de la negociación del nuevo convenio colectivo, no solo por sufrir una merma importante de las retribuciones, sino porque de este modo se dificulta mucho la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, la aceptación de estas nuevas condiciones lleva aparejado que se acepte el despido de 15 trabajadores, y se hace con un chantaje inasumible de que, si no se acepta, se despedirá a 45 trabajadores.

 

Está claro que el comité de empresa no puede aceptar un chantaje en estos términos, que supondría no solo una conflictividad laboral importante, sino también una merma en la calidad y, sobre todo, seguridad del servicio.

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la empresa realizó una importante baja al precio que sirvió

de base de licitación en el proceso de concurso público, y, al parecer, quiere resarcirse de esta forma por esa baja que le sirvió para ser finalmente la empresa adjudicataria. Por tanto, podría estarse incluso ante un supuesto de incumplimiento de las propias proposiciones técnicas y económicas que la propia empresa esgrimió en el proceso de licitación, lo que no se podría permitir. En este sentido, los representantes sindicales han solicitado sin éxito dicha documentación a la empresa, por lo que sería necesario que el Gobierno de la nación solicitara esa documentación al Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de comprobar dicho extremo, y todo ello al ser materia exclusiva del Estado las relaciones internacionales.

 

Por último, no hay que pasar por alto que, si los despidos planteados llegan a efectuarse, se acentuaría

aún más la infracción de los convenios bilaterales existentes entre el Estado español y Estados Unidos sobre la ratio que debe existir entre personal español y personal extranjero. Por lo tanto, el Gobierno de la nación debe mostrarle al Gobierno estadounidense su total disconformidad con esta situación.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 

1. El Parlamento de Andalucía acuerda manifestar su posición contraria al planteamiento realizado por la empresa Louis Berger Aircraft Services, Inc. a los representantes de los trabajadores del aeropuerto de la base naval de Rota.

 

2. El Parlamento de Andalucía se muestra a favor de que se retomen las negociaciones del nuevo convenio colectivo que rija las relaciones laborales en el aeropuerto de la base naval de Rota, sin que la empresa Louis Berger Aircraft Services, Inc. plantee despidos.

 

3. El Parlamento de Andalucía se muestra a favor de que el Gobierno de la nación y la Administración estadounidense se opongan a la ejecución de despido alguno de trabajadores españoles en la base naval de Rota.

 

Parlamento de Andalucía, 21 de noviembre de 2016.–

La portavoz adjunta del G.P. Podemos Andalucía,–

Esperanza Gómez Corona.

 

Fuente: http://noviolencia62.blogspot.com.es/2017/01/podemos-andalucia-e-izquierda-unida.html