Los barcos y empresas que expolian los fosfatos del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos

“Durante más de cuatro décadas, la antigua colonia española del Sáhara Occidental ha estado parcialmente ocupada, bajo control de las fuerza armadas, con sus habitantes, los saharauis, privados de la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Durante este periodo se ha venido perpetrando un continuo pillaje a gran escala de los recursos naturales incluyendo el fosfato natural, la pesca en el gran ecosistema marino de la corriente de Canarias, arenas y áridos. La ilegal comercialización y exportación de estos recursos es contraria a los principios establecidos del derecho internacional, que garantizan la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. Esta comercialización y exportación constituye una violación del derecho internacional humanitario definido por la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. La compra de tales recursos no proporciona seguridad jurídica alguna ni título ejecutivo sobre los mismos. El transporte marítimo de estos recursos ayuda e incita al crimen de guerra de pillaje definido en la Convención y en el Estatuto. En los últimos años, el Gobierno de la RASD ha informado a armadores, compañías navieras, fletadores de buques, empresas y otros operadores económicos de que cualquier implicación en la exportación de los recursos naturales del Sáhara Occidental conlleva riesgos jurídicos y de reputación.” Así reza el inicio de la Declaración Política del Gobierno de la República Saharaui sobre el riesgo y la responsabilidad de los buques que transportan recursos naturales procedentes del Sáhara Occidental ocupado.ⁱ

Ante el descarado expolio de sus recursos naturales, los saharauis no se callan. Las continuas protestas de la población saharaui son sistemática y violentamente reprimidas por las fuerzas de ocupación marroquíes. Recientemente, varias asociaciones saharauis de derechos humanos han enviado una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para pedirle que use su influencia y acabe con las injusticias perpetradas por Marruecos en los territorios del Sáhara Occidental. En su carta recuerdan que, conforme al plan de paz aprobado por la ONU y la Unión Africana, estaba previsto un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, pero después de 25 años no se ha celebrado, y las manifestaciones que reivindican este derecho «son sistemáticamente reprimidas con violencia»; las autoridades marroquíes privan al pueblo saharaui de su derecho de asociación; «cientos de ciudadanos saharauis, activistas, periodistas, blogueros y sindicalistas han sido arrestados, encarcelados, torturados y humillados en público y en los locales de las administraciones policiales y judiciales», indica el escrito. Asimismo, recuerdan que las autoridades marroquíes prohíben el acceso de los observadores internacionales al territorio del Sáhara Occidental que intentan documentar las violaciones de derechos humanos, y que sólo en 2014 Marruecos expulsó a 120 observadores de diferentes nacionalidades. Además, la carta denuncia que Rabat no respeta el derecho de los saharauis a una justicia equitativa, y cita como ejemplo el caso de los detenidos tras los disturbios de Gdeim Izik en El Aaiún, en 2010. Añade que ciudadanos saharauis son despedidos de forma arbitraria de su trabajo por su activismo, lo que constituye una violación del derecho al trabajo. Y subraya que el Estado marroquí persiste en su política de agotar los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado, en particular los fosfatos, con una producción de hasta 3 millones de toneladas por año, empleando a trabajadores marroquíes, en el lugar de a saharauis.ⁱⁱ

Al respecto, el Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (Western Sahara Resource Watch, WSRW) ha publicado un nuevo y documentado informe monográfico, por cuarto año consecutivo, sobre el saqueo que está perpetrando Marruecos mediante la exportación a todo el mundo de los fosfatos del Sáhara Occidental ocupado. Nos referimos al informe titulado “P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara” (“Fosfatos para el saqueo. La exportación marroquí de fosfatos del Sáhara Occidental ocupado”), que está disponible en Internet, en el sitio web de WSRW (www.wsrw.org), y del que hemos extraído los datos y traducido buena parte del texto del presente artículo.ⁱⁱⁱ

WSRW es una organización internacional no gubernamental totalmente independiente, con sede en Bruselas, que trabaja en el terreno de la solidaridad con el pueblo del Sáhara Occidental realizando tareas de investigación y campañas contra el saqueo de los recursos naturales del territorio saharaui por parte de Marruecos.

Con dicho saqueo, Marruecos contraviene, una vez más, la doctrina de la ONU sobre la utilización de los recursos naturales de los Territorios No Autónomos (TNA), el dictamen Corell^iv, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, de 21 de diciembre de 2016 (reconociendo y dictaminando que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos), por no referirnos ya al dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, de 1975, que declaraba la inexistencia de vínculos de soberanía territorial de Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental.^v Y por si fuera poco, muy recientemente (10 de enero de 2018) la Justicia europea ha puesto en entredicho la validez del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, por afectar al saqueo de los recursos pesqueros del Sáhara Occidental y vulnerar el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación.^vi

Pero ni siquiera haría falta señalar todo lo anterior, pues bastaría con hacer referencia al simple incumplimiento, por Marruecos, de los mismísimos Acuerdos tripartitos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975, en las postrimerías de la dictadura franquista, y considerados nulos, inmorales e ilegales por expertos en Derecho Internacional. En efecto, la monarquía alauita no sólo engañó a su pueblo (sus “súbditos”) haciéndole creer que el TIJ había reconocido las reivindicaciones de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental (cuando precisamente el TIJ dictaminó todo lo contrario), sino que además se apoderó también de la parte del territorio saharaui abandonado por Mauritania en 1979 después de que el Gobierno mauritano firmara la paz con el Frente POLISARIO, reconociera a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y desistiera de cualquier reivindicación sobre el territorio.

Recientemente, la organización francesa ACAT (Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura) ha denunciado públicamente los crímenes de guerra cometidos por Marruecos en el Sáhara Occidental –la última colonia en África-, que Marruecos lleva ocupando ilegalmente durante más de 40 años: el asentamiento masivo de colonos, el saqueo de los recursos naturales y la tortura de militantes saharauis. Y critica también la posición “parcial” de Francia en este conflicto.^vii

Resumen del Informe de WSRW

La vida en nuestro planeta, al igual que la producción agrícola, depende del fósforo (P). Este elemento se encuentra en la roca de fosfato, que es transformada en fertilizantes. El fosfato es un componente esencial, junto con el nitrógeno y el potasio, de los fertilizantes, de los cuales depende gran parte de la producción de alimentos y la seguridad alimentaria mundial. No hay ningún sustituto del fosfato para la agricultura.^viii Pero para el pueblo saharaui, los fosfatos (esa “P” del informe en inglés de WSRW) no se ha traducido en beneficios, sino en todo lo contrario, asegura WSRW.

Esta es la cuarta vez que WSRW publica un detallado análisis (sólo parcialmente recogido en el presente artículo) de las empresas implicadas en la compra de fosfato procedente del Sáhara Occidental ocupado. Este mineral de fosfato ilegalmente explotado es la principal fuente de ingresos que el Gobierno marroquí obtiene del territorio que ocupa contraviniendo el Derecho Internacional. Los representantes del pueblo saharaui se han manifestado claramente en contra de ese comercio, tanto ante Naciones Unidas en general como dirigiéndose a empresas concretas.

WSRW presenta en su informe un listado completo (véase el Anexo, al final de este artículo), para el año 2016, que recoge todos los envíos de fosfato procedente del Sáhara Occidental ocupado e imputa la compra de la producción marroquí en el Sáhara Occidental en ese año a ocho empresas importadoras identificadas de otros tantos países (hay otra empresa más sin identificar).^ix

El volumen total de fosfato exportado del Sáhara Occidental, en 2016, alcanzó la cifra de 1,86 millones de toneladas (Tm.), con un valor estimado de 213,7 millones de dólares, siendo transportado en barcos. El principal importador fue la compañía canadiense “Agrium Inc”.

En ese año, varias empresas internacionales dejaron de realizar esas controvertidas importaciones (aspecto éste no tratado en el presente artículo). Un hecho reseñable de ese mismo año es la entrada en el negocio de una filial de la matriz marroquí Office Chérifien des Phosphates S.A. (OCP) en India. La OCP exportó a su propia empresa en India un volumen de 334.000 Tm de mineral de fosfato, por un valor de 39,6 millones de dólares, lo que convierte a esa empresa mixta india de la OCP en el segundo mayor importador de las exportaciones de la OCP procedentes del Sáhara Occidental.

De las nueve empresas importadoras mencionadas, tres cotizan en Bolsa o son propiedad mayoritaria de empresas registradas en Bolsas internacionales. Todas ellas están en la lista negra de inversores éticos por realizar ese comercio.^x

De las otras seis empresas no registradas en Bolsa alguna, dos son cooperativas agrícolas neozelandesas, otras dos son propiedad total o parcial del gobierno de Venezuela, otra es propiedad parcial del gobierno de India y otra es de propiedad privada.

WSRW pide a todas las empresas implicadas en ese comercio el cese inmediato de todas las compras de fosfato del Sáhara Occidental, hasta que se encuentre una solución al conflicto. E igualmente, solicita a los inversores que se comprometan y desinviertan, a menos que se adopten las medidas pertinentes.

El Derecho Internacional y los recursos naturales de los territorios no autónomos

La pretensión marroquí de soberanía sobre el Sáhara Occidental no es reconocida ni por Naciones Unidas ni por ningún país del mundo. Los argumentos marroquíes para reivindicar ese territorio fueron rechazados por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ)^xi, como ya se dijo más arriba.

El Departamento de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas estudió la cuestión de la legalidad de la prospección y explotación petrolífera en el Sáhara Occidental, esto es, una actividad de extracción de recursos naturales –actualmente en fase de prospección- similar a la extracción de fosfatos. Y dictaminó que “si fueran a llevarse a cabo nuevas actividades de prospección y explotación sin tener en cuenta los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, ello constituiría una violación de los principios del Derecho Internacional aplicables a las actividades mineras en los Territorios No Autónomos”.

Sobre la base de las sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en el dictamen del Departamento de Asesoría Jurídica de la Unión Africana (UA), el Derecho Internacional considera que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental es un requisito previo para cualquier actividad relativa al territorio ocupado, incluso sin que sea necesario determinar si tal actividad fuera a perjudicar o beneficiar a dicho pueblo. ^xii

Sin embargo, tan solo unas semanas después de que Marruecos invadiera el territorio en 1975, el fosfato del yacimiento de Bu Craa, en el Sáhara Occidental, ya estaba siendo exportado a empresas de fertilizantes de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Australasia. El yacimiento minero de Bu Craa está controlado por la Office Chérifien des Phosphates S.A. (OCP), la empresa nacional marroquí de fosfatos, actualmente responsable de la principal fuente de ingresos de Marruecos procedentes del Sáhara Occidental.

Phosphates de Boucraa S.A. (Phosboucraa, Fosbucraa) es una filial de la OCP. Sus principales actividades son la extracción, beneficio, transporte y comercialización del mineral de fosfato del yacimiento de Bu Craa, incluyendo la explotación de un muelle de carga y una planta de tratamiento ubicada en la costa atlántica de El Aaiún. La OCP estima la capacidad de producción en el Sáhara Occidental en 2,6 millones de Tm. al año.^xiii Aunque la OCP asegura que la mina de Bu Craa representa solamente el 1 por ciento de las reservas totales de fosfato explotadas por Marruecos, lo cierto es que no menos del 25 por ciento de sus exportaciones de mineral de fosfato procede de El Aaiún.^xiv La excepcionalmente alta calidad del fosfato del Sáhara Occidental hace que sea una materia prima muy codiciada por los fabricantes de fertilizantes.

Sin embargo, es posible que esa situación esté llegando a su fin. En efecto, el yacimiento de Bu Craa consta de dos capas o estratos. Hasta 2014 sólo había sido explotado el primer estrato o capa superior. Esta primera capa contenía roca fosfórica de la máxima calidad de todas las reservas controladas por la OCP. Pero en 2014 se procedió ya a extraer mineral de la segunda capa, que es de menor calidad. Así pues, según WSRW, Marruecos ha vendido todo el fosfato de alta calidad que debería haber estado a disposición del pueblo saharaui una vez materializado su derecho a la autodeterminación.

La OCP afirma que Fosbucraa es el principal empleador privado de la zona, con unos 2.100 trabajadores^xv, más de la mitad de ellos –asegura- reclutados localmente. También alega que Fosbucraa proporciona una importante viabilidad económica y bienestar a los habitantes de la región. OCP también alardea del impacto social de Fosbucraa, proporcionando pensiones a los jubilados, atención médica y prestaciones sociales a sus empleados y a sus familiares.^xvi

En definitiva, la OCP presenta los supuestos beneficios económicos y sociales para intentar justificar su explotación de los yacimientos de fosfato en el territorio del Sáhara Occidental, más allá de la frontera internacionalmente reconocida de Marruecos.^xvii

Marruecos también utiliza el fosfato de Bu Craa para su cabildeo político dirigido a conseguir el apoyo de terceros países a su ocupación ilegal. De hecho, un documento oficial del Gobierno marroquí filtrado en 2014 manifiesta literalmente que los recursos naturales del Sáhara Occidental, incluyendo los fosfatos, deben ser utilizados “para involucrar a Rusia en actividades en el Sáhara [Occidental]”. Y añade que “a cambio, Rusia podría garantizar la congelación del dossier del Sáhara en la ONU”.^xviii

Conviene recordar que, además de los fosfatos, el territorio del Sáhara Occidental cuenta con otros muchos recursos naturales, terrestres y marinos: hierro, cobre, uranio (3 millones de toneladas potenciales), amoníaco, plomo, cemento, yeso, metanol, nitrato, arena de sílice, sulfuro, zinc, helio, calcita, arcilla, metal argentado, mármol, puzolanas y, por supuesto, todos los productos pesqueros.^xix

La toma de los yacimientos de Bu Craa por Marruecos (cronología)

1947.- Se descubren los yacimientos del Sáhara Occidental (en aquel entonces Sáhara Español), a 130 Km. al sureste de El Aaiún, en el lugar llamado Bu Craa. El descubrimiento de esas reservas de fosfato constituiría la primera fuente potencial de ingresos procedentes de recursos minerales para la potencia colonial, España.^xx

1962.- Para explotar dichos yacimientos, se crea la Empresa Nacional Minera del Sahara (ENMINSA), propiedad del entonces Instituto Nacional de Industria (INI), corporación pública industrial española.

1968.- La empresa pasa a denominarse “Fosfatos de Bu Craa, S.A.”, también conocida como “Fosbucraa”.

1972.- España empieza a explotar los yacimientos. Muchos españoles encuentran trabajo en ella, al igual que los saharauis, la población nativa del entonces Sáhara Español, como se conoce el territorio en aquella época.

1975.- La creciente presión internacional en favor de la descolonización forzó a España a preparar una estrategia para retirarse del Sáhara Español. La misión de la ONU enviada al territorio ante el referéndum previsto señala que el Sáhara Occidental muy bien podría convertirse en el segundo mayor exportador mundial de fosfatos, detrás de Marruecos.^xxi El entonces rey de Marruecos, Hassan II, una vez recuperada su autoridad tras dos fallidos intentos de golpe de Estado, ordena al Ejército marroquí invadir el Sáhara Occidental. Al parecer, Hassan II esperaba que eso proporcionaría a Marruecos la misma capacidad para determinar los precios mundiales del fosfato que la que tenía la OPEP sobre los precios del petróleo.^xxii Para la potencia colonial, España, era fundamental mantener su participación en los yacimientos de fosfatos. Al no haber llevado a cabo la descolonización del territorio, permitiendo a la población del Sáhara Occidental ejercer su derecho a la autodeterminación, el Gobierno español negoció un pacto: mediante los Acuerdos de Madrid, transfirió ilegalmente la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, al tiempo que mantenía una participación del 35 por ciento en los yacimientos de Bu Craa. Ningún país del mundo –como tampoco la ONU ni, por supuesto, el pueblo del Sáhara Occidental- reconoce esa transferencia de la potestad de España a esos dos países. Mauritania, no obstante, se retiró del territorio en 1979, reconociendo su error de haberlo reivindicado y ocupado. Como ya se ha dicho antes, Marruecos invadió también la “parte mauritana”…

1976.- El 1 de enero entraron en vigor los Acuerdos de Madrid y, tras un periodo transitorio de 16 meses, la OCP tomaría el control de la explotación de los yacimientos de fosfato.^xxiii

2002.- España vende su participación del 35 por ciento en Bu Craa.

2014.- La OCP registra en la Bolsa de Irlanda, para suscripción pública, una emisión inaugural de bonos de 1,55 mil millones de dólares.^xxiv Y un año después, registra en la Bolsa un folleto de financiamiento de deuda similar.^xxv

2017.- Marruecos continúa explotando los yacimientos de fosfato en el Sáhara Occidental ocupado. Entre los planes de la OCP está la inversión en nueva infraestructura para explotar estratos más profundos de fosfatos^xxvi y la ampliación de la capacidad industrial de Phosboucraa.^xxvii

La exportación de fosfatos de Bu Craa

Fuente: WSRW, New report on global phosphate trade from occupied Western Sahara …, 24/04/2017

“P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara”, p. 10 – Descargar aquí

WSRW ha elaborado su informe con datos obtenidos mediante el rastreo sistemático de los buques; y considera que ha detectado, rastreado y contabilizado todos los barcos que salieron del puerto de El Aaiún en 2016, aunque no excluye la posibilidad de que alguno haya pasado inadvertido.

En general, los cálculos de WSRW para el año 2016 han sido confirmados por los propios informes de la OCP.^xxix Hasta 2006, la exportación de mineral de fosfato alcanzaba un promedio de 1,1 millones de Tm al año, considerablemente menos que la capacidad de producción.^xxx En los últimos años de la década de 1970 la producción quedó paralizada tres años durante el conflicto bélico en el territorio, para ir alcanzando después, gradualmente, 2 millones de Tm a finales de la década de 1990. WSRW inició su trabajo diario de seguimiento en 2011. Su primer informe situaba las exportaciones de la OCP de fosfato extraído de Bu Craa en 1,8 millones de Tm en 2012 y 2,2 millones de Tm en 2013. La previsión de WSRW, de 2,1 millones de Tm de mineral de fosfato exportado de Bu Craa en 2014, fue confirmada en el volumen de fosfato “procesado” indicado en el Folleto de la OCP registrado en la Bolsa irlandesa.^xxxi Y tras el inusual bajo nivel de exportación en 2015, el volumen de 2016 está más en sintonía con los niveles observados en el pasado.

La producción de Bu Craa representa alrededor del 7 por ciento del volumen total extraído por la OCP^xxxii y en torno al 25% de sus ventas totales de mineral de fosfato.^xxxiii La OCP estima las reservas de Bu Craa en 500 millones de Tm.^xxxiv

Principales Países Importadores

(Miles de Tm.)

(*) Australia, Venezuela y Ucrania.

Fuente: “P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara”, p. 11.

Principales clientes, por nacionalidad de la empresa matriz

(Miles de Tm.)

(*) Suiza, Rusia, Australia y otros

Fuente: “P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara”, p. 11.

Valor de las Importaciones, por países

(Millones de dólares)

(*) Australia, Venezuela, Colombia y Ucrania.

Fuente: “P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara”, p. 11.

Empresas Importadoras, 2016

Fuente: “P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara”, p. 12.

Empresas que ayudan a la OCP en la explotación de los yacimientos de Bu Craa

SIEMENS

La multinacional alemana SIEMENS construyó el parque eólico Fum el-Uad en el Sáhara Occidental ocupado en 2013, por encargo de la empresa nacional marroquí de electricidad, ONEE. Siemens trabajó en colaboración con la empresa marroquí de energía eólica NAREVA, propiedad del rey de Marruecos. El parque eólico de Fum el-Uad, con 22 molinos de viento, suministra actualmente el 95 por ciento de la electricidad que precisa Phosboucraa; es decir, prácticamente la totalidad de la energía requerida para la explotación y transporte del mineral de fosfato en el Sáhara Occidental es generada por los molinos eólicos suministrados por Siemens. De manera que la producción de “energía verde” está haciendo que el saqueo del territorio por Marruecos sea aún más lucrativo.^xxxv

ATLAS COPCO

En 2008, la empresa industrial sueca Atlas Copco vendió a la OCP grandes plataformas de perforación para su utilización en los yacimientos de Bu Craa, comprometiéndose también a su mantenimiento y al suministro de repuestos para esos equipos. WSRW desconoce por cuántos años Atlas Copco está obligada por ese contrato. En mayo de 2013 WSRW interpeló por primera vez a Atlas Copco sobre esos suministros.^xxxvi Aunque al principio pareció que la empresa estaba dispuesta a tratar el asunto con WSRW, luego se negó. WSRW se dirigió nuevamente a dicha empresa, por carta, el 21 de marzo de 2017, detallando sus preocupaciones y preguntas, pero la empresa se negó a responder.^xxxvii

CONTINENTAL

Una filial de la empresa alemana Continental, ContiTech, tiene un papel clave en el mantenimiento de la larga cinta de la OCP que transporta el mineral de fosfato desde la mina hasta la costa. Dicha empresa afirma haber suministrado a la OCP sistemas que permiten una carga en la cinta de “2.000 Tm. por hora y una velocidad de más de cuatro metros por segundo».^xxxviii En una carta a WSRW, de fecha 10 de abril de 2017, Continental explica que recibe pedidos continuos para la cinta transportadora de Bu Craa. Y en ese mismo mes, la empresa comenzó a producir componentes para la cinta en una planta propia en Marruecos.^xxxix

En resumen, la mayor cinta transportadora del mundo lleva el mineral desde los yacimientos, en el interior del Sáhara Occidental, hasta la costa atlántica, en el puerto de El Aaiún. Las empresas “Continental” y “Siemens” son los socios clave en dicha infraestructura de transporte del mineral. Los molinos de viento instalados por “Siemens” en 2013 proporcionan toda la electricidad que precisa el complejo de la cinta.

No obstante, el Gobierno alemán ha dejado claro muy recientemente (en la sesión del Bundestag del 18 de diciembre de 2017) que no apoya los proyectos de empresas alemanas en el Sáhara Occidental: «El Gobierno Federal no apoya las actividades económicas de las empresas alemanas en el Sáhara Occidental y no garantiza sus negocios mediante crédito a la exportación y garantías de inversión», afirmó al respecto el Secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía, Matthias Machnig.^xl

Bufetes de abogados que hacen lobby para Marruecos

En defensa de sus importaciones de fosfatos del Sáhara Occidental, varias empresas remiten a los informes (legal opinions) de diversos bufetes de abogados contratados por la propia Office Chérifien des Phosphates S.A. (OCP).

Esas opiniones jurídicas son sistemáticamente utilizadas por los importadores internacionales de fosfato para legitimar sus importaciones ante sus accionistas. Al parecer, esos informes confidenciales sostienen que la población autóctona –los saharauis- se beneficia de esa actividad productiva. Sin embargo, a la población autóctona –los verdaderos propietarios de los yacimientos de fosfato- no se le permite ver esos informes y, por consiguiente, no pueden evaluar su veracidad. De manera que los saharauis tampoco pueden cuestionar ningún aspecto relativo a los términos de referencia, metodología o conclusiones.

Dado que esos dictámenes jurídicos presuntamente concluyen que la explotación de los recursos naturales del pueblo saharaui por Marruecos es legal, WSRW considera que no hay razón alguna para que oculten esos documentos a los saharauis.

Detrás de esos informes secretos hay cuatro bufetes de abogados que se dedican a hacer lobby internacional:

Covington & Burling LLP es un bufete internacional de abogados, con despacho en Europa, Estados Unidos y China, que asesora a corporaciones internacionales. Entre sus clientes está la OCP.

Tanto la empresa importadora belga BASF como la española FMC Foret remiten al mencionado dictamen jurídico elaborado por Covington & Burling para la OCP, pero ninguna de las dos ha querido desvelar ese informe. En su momento (noviembre de 2008), BASF sugirió a WSRW que contactara con Covington & Burling para más información. WSRW ya se había puesto en contacto con la empresa en febrero de 2008, pero no recibió respuesta. Cuando WSRW telefoneó al bufete de abogados para solicitarles una cita, desde Covington & Burling respondieron así: «No tenemos nada en absoluto que tratar con ustedes respecto a ninguna cuestión. Ustedes no son clientes nuestros y, por lo que podemos ver, tampoco tienen ningún interés ni participación en nuestra empresa«.^xli

Hay que señalar que Covington & Burling se desplaza a cualquier parte del mundo para defender ese comercio no ético ante los accionistas dispuestos a desinvertir de cualquiera de las empresas que importan fosfato del Sáhara Occidental.^xlii

Más recientemente, el bufete DLA Piper se asoció con el bufete Palacio y Asociados para proporcionar a la OCP un dictamen jurídico más con el que justificar ese negocio. Basada en manifestaciones de las empresas importadoras, esta segunda opinión jurídica parece seguir el razonamiento del dictamen de Covington & Burling, citando posibles beneficios a la «población local» como justificación para la explotación y posterior comercio.

DLA Piper es una firma internacional de abogados que tiene oficinas en unos 30 países de América, Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio. Por su parte, el bufete Palacio y Asociados está dirigido por la ex ministra de Asuntos Exteriores y ex eurodiputada Ana Palacio, y tiene oficinas en Madrid, Bruselas y Washington.

WSRW contactó a ambas empresas solicitándoles compartieran su dictamen con el pueblo saharaui. DLA Piper respondió que no podía compartir esa opinión jurídica, que «fue redactada para beneficio de Phosphates de Boucraa S.A. y su empresa matriz, Office Chérifien des Phosphates S.A.», debido al secreto profesional.^xliii Y Ana Palacio, directora de Palacio y Asociados, contestó manifestando su desacuerdo con el análisis de WSRW y remitiendo igualmente al citado secreto profesional.^xliv

En noviembre de 2015, PotashCorp designó a las firma Dechert LLP y Palacio y Asociados como coautores de un dictamen jurídico. Dechert LLP es un bufete internacional de abogados, con sede en Filadelfia, Estados Unidos, y con oficinas en 14 países. Hasta agosto de 2014, PotashCorp había designado a DLA Piper como socio de Palacio y Asociados. No está claro si el dictamen de Dechert-Palacio es diferente del dictamen de DLA Piper-Palacio. La conexión entre ambos podría ser Myriam González Durántez, esposa del ex Viceprimer Ministro británico Nick Clegg, quien representó a la OCP cuando trabajaba en DLA Piper, pero de quien se dice que firmó el contrato con la OCP cuando se pasó a Dechert. Según la información disponible, la OCP habría pagado 1,5 millones de dólares por el trabajo realizado por Dechert y DLA Piper.^xlv

Dechert respondió a la carta de WSRW, de fecha 8 de febrero de 2016, diciendo que no podía desvelar el dictamen elaborado para la OCP por la confidencialidad debida a su cliente.^xlvi WSRW preguntó a Dechert y a Palacio y Asociados si su cliente consentiría renunciar a ese privilegio legal, dado que la confidencialidad de esos informes jurídicos ya se había levantado al haberse hecho pública su existencia. WSRW nunca recibió una respuesta a esa petición. Por su parte. la OCP tampoco se ha dignado contestar a las peticiones de los saharauis en el sentido de que les facilitara copia de esos informes jurídicos.

Cabildeo marroquí en las instituciones de la UE

El Informe de WSRW señala también las presiones de Marruecos para favorecer sus exportaciones de fosfatos a la UE. Lo que implicaba aumentar la toxicidad en las agricultura de la Comunidad. En efecto, uno de los bufetes de abogados contratado por la OCP, Dechert LLP, recibió instrucciones para que presionara en contra de la propuesta de Reglamento sobre el cadmio de la Comisión Europea. Basándose en varios estudios de evaluación de riesgo, la Comisión Europea quiere limitar la exposición de la población de la UE a este metal pesado, debido a sus efectos adversos para la salud, en particular por ser causa de varios tipos de cáncer. En 2016, la Comisión propuso un Reglamento para los abonos producidos con roca de fosfato, previendo la reducción por etapas del contenido de cadmio a 20 mg/kg en un período de 12 años.^xlvii

Actualmente, los fertilizantes fosfatados son responsables del 60 por ciento de las emisiones de cadmio al suelo y a los cultivos en la Unión Europea, según se documenta en el estudio del Departamento de Política del Parlamento Europeo (PE), de febrero de 2017.^xlviii

La roca de fosfato bajo control de la OCP –incluyendo, por tanto, la roca del Sáhara Occidental- contiene en promedio entre 29,5 y 72,7 mg/kg.^xlix Y el Departamento de Políticas del PE pinta un cuadro aún más sombrío, citando niveles de 38-200 mg Cd/kg P2O5 [contenido de fósforo de los fertilizantes].

La OCP vende un 32 por ciento de su producción en Europa. Puesto que la regulación propuesta resultaría en la reducción paulatina de esa cifra de ventas, la OCP puso en marcha una intensa campaña para presionar en contra de esa regulación. La OCP argumenta que no hay suficiente evidencia científica para sustentar la idea de limitar los niveles de cadmio, e incluso sugiere que la UE eleve los niveles de cadmio a 80 mg/kg, mucho más altos que la propuesta de la Comisión de la UE.

El 11 de mayo de 2016, la OCP envió una carta a la Comisión indicando que no estaba de acuerdo con su propuesta. Y también se quejaba de que «los principales productores de fertilizantes […] no habían sido consultados».^l Y eso lo decía la propia OCP, que se niega a buscar el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental y saquea el mineral de fosfato de su propio territorio. ¡Qué sarcasmo!^li

El Gobierno de la RASD advierte…, y actúa

El pueblo saharaui y sus organizaciones representativas, empezando por el propio Gobierno de la RASD, han venido protestando desde el principio por la extracción y exportación ilegal de roca de fosfato de la zona ocupada militarmente por Marruecos. La población saharaui continúa manifestándose incansable y heroicamente en las zonas ocupadas contra el expolio de los recursos naturales de un territorio que le pertenece. Pero la represión de las fuerzas de ocupación es sistemática, brutal y cotidiana, e intenta apagar y ocultar cualquier foco de resistencia, muchas veces con graves consecuencias para quienes osan resistirse a la ocupación y al saqueo, castigados a veces ¡hasta con cadena perpetua! (Gdeim Izik). El ocupante marroquí intenta mantener el silencio y el desconocimiento de la situación, prohibiendo la entrada en el territorio a periodistas y medios de comunicación, diputados europeos y nacionales, observadores internacionales, enseñantes, sindicalistas, miembros de organizaciones solidarias…, a quienes frecuentemente ni siquiera se les permite bajar del avión, siendo devueltos a su lugar de origen, sin contemplaciones. Y el comercio ilegal continúa al día de hoy, con un puñado de empresas implicadas en el mismo, a pesar del compromiso de Naciones Unidas, en 1991, de garantizar al pueblo del Sáhara Occidental un proceso de autodeterminación, al igual que el realizado en el resto de África. Pero el pueblo saharaui sigue resistiendo y avanzando hacia su liberación con el exclusivo recurso a la justicia, la legalidad y la solidaridad internacional.^lii

La “gran prensa” calla y Marruecos chantajea a España y a Europa, cuando le conviene, con las pateras de inmigrantes, el narcotráfico, el terrorismo o los negocios. La ocupación militar del Sáhara Occidental ha llevado a Marruecos a convertirse, de hecho, en un Estado chantajista. Como señala un reputado diario español: “El Gobierno marroquí ha utilizado tradicionalmente los acuerdos con la UE para lograr el reconocimiento de su presencia en la antigua colonia española, forzando las cosas para obligar a los juristas europeos a rozar los límites de la jurisprudencia internacional”.^liii

El Gobierno saharaui ha advertido a empresas importadoras, compañías navieras y otros operadores económicos de los riesgos legales y de reputación que conlleva comerciar con recursos naturales robados del territorio saharaui ocupado, en este caso concreto, los fosfatos de Bu Craa.^liv La advertencia es un auténtico aviso a navegantes, saqueadores y traficantes, incluidas las compañías aseguradoras. Los daños que puede sufrir la reputación de los implicados en dicho expolio se presentan al desvelarse públicamente su participación en la exportación de los recursos, renovables o no, de un territorio ampliamente conocido como la última colonia en África. El conocimiento de estos hechos por la opinión pública puede afectar negativamente a los negocios y proyectos de las empresas e inversores implicados, e incluso a las relaciones comerciales entre gobiernos o países, como ya sucedió con el régimen del apartheid en Sudáfrica. En cuanto a los riesgos legales, ya ha habido casos recientes de presentación de demandas ante tribunales nacionales, para interceptar, detener, embargar y/o recuperar cargamentos de recursos saharauis exportados ilegalmente; demandas extensibles, en su caso, a la reparación de los daños causados.^lv Baste con citar aquí la interceptación judicial, en Sudáfrica y Panamá, de sendos buques, en mayo de 2017, cargados de fosfatos del Sáhara Occidental ocupado.^lvi Dirigentes saharauis lo explicaban así a la prensa: «El pueblo saharaui quería que su Gobierno actuara. No podíamos seguir tolerando el mito de que la extracción y exportación de roca fosfórica suponía de algún modo un beneficio para esa parte de nuestro pueblo que vive en el Sáhara Occidental ocupado. Y nuestra gente en los campos de refugiados tampoco ha visto nada de ese comercio. La venta de roca de fosfato de alta calidad para fertilizantes agrícolas produce beneficios, y beneficia la nutrición de los niños en países como Canadá y Nueva Zelanda. Mientras tanto, los legítimos propietarios de ese recurso natural, incluidos los niños saharauis, se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria en los campos de refugiados. La injusticia de esta situación no podría ser más evidente (…)”. “Después de años de pedir el fin de ese comercio y la supervisión de nuestros recursos por las Naciones Unidas, hasta que se cumpla su compromiso de proporcionar un referéndum de autodeterminación al pueblo saharaui, ya era hora de recurrir al Estado de Derecho en el orden internacional.» ^lvii

Tras esos precedentes legales a nivel internacional, el Frente POLISARIO y el Gobierno de la RASD han querido dejar las cosas muy claras, con la Declaración Política citada al inicio de este artículo (véase la Nota 1). Teniendo en cuenta los riesgos arriba mencionados, el Gobierno saharaui insta a los diferentes operadores económicos a no implicarse en la exportación y/o transporte de los recursos saharauis, recordándoles que, además de los mencionados riesgos legales y de reputación en el ámbito internacional, la exportación y el comercio ilegal de los recursos naturales saharauis también están penados conforme a la legislación nacional. Los trabajadores europeos, sin embargo, no tienen por qué verse perjudicados si cumplen una única condición: reclamar el consentimiento de las autoridades saharauis.^lviii

Por su parte, el Informe de WSRW sobre el saqueo de los fosfatos saharauis concluye con las siguientes RECOMENDACIONES:

Al Gobierno de Marruecos:

– Respetar el derecho internacional y cesar de inmediato la producción y exportación de fosfatos en y del Sáhara Occidental ocupado hasta que se encuentre una solución al conflicto.

– Respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, mediante la cooperación con la ONU para realizar un referéndum para los nativos del territorio.

– Compensar al pueblo saharaui por los beneficios obtenidos de las ventas de roca de fosfato del territorio ocupado ilegalmente.

– Respetar el dictamen de la Unión Africana sobre el Sáhara Occidental, publicado en octubre de 2015, que señala, entre otras cosas, que cualquier prospección o explotación de los recursos naturales del territorio es ilegal, porque viola el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la soberanía permanente sobre sus recursos.

A los compradores de fosfatos de los yacimientos de Bu Craa:

– Cesar de inmediato todas las compras de fosfatos exportados ilegalmente del Sáhara Occidental ocupado.

A los Gobiernos de Venezuela e India:

– Abstenerse de realizar nuevas compras de roca de fosfato del Sáhara Occidental.

A los gobiernos de Australia, Canadá, Colombia, Lituania, Nueva Zelanda y EE. UU.:

– Cuantificar el comercio de fosfato originario del Sáhara Occidental y comprometerse con las empresas implicadas a poner fin a ese comercio.

A los inversores:

– Comprometerse con las empresas mencionadas y desinvertir a menos que emprendan acciones para detener esas compras.

– Abstenerse de comprar bonos de la Office Chérifien des Phosphates (OCP).

A los bufetes Covington & Burling, Dechert, DLA Piper, KPMG y Palacio y Asociados:

– Hacer públicos los informes elaborados para la OCP con la finalidad de justificar
las actividades de la OCP en el Sáhara Occidental ocupado y la exportación ilegal de los fosfatos saharauis.

– Abstenerse de defender el saqueo del territorio por Marruecos y dejar de realizar encargos para legitimar la continuación del saqueo.

A la Unión Europea y sus Estados Miembros:

– Cuantificar el comercio de productos originarios del Sáhara Occidental y adoptar
políticas que garanticen que dicho comercio sea compatible con la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 y con la obligación de los Estados, en virtud del derecho internacional, de no reconocer la soberanía de Marruecos
sobre el Sáhara Occidental ocupado.

– Desarrollar directrices de asesoramiento empresarial que adviertan de los riesgos legales y de reputación que comporta el hacer negocios con los intereses marroquíes en el territorio.

– Asegurarse de que las empresas europeas cumplan los principios establecidos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 21 de diciembre de 2016, garantizando que las empresas de la UE no compren fosfatos del Sáhara Occidental.

A las Naciones Unidas:

– Crear una administración de la ONU para supervisar o, en su caso, administrar
los recursos naturales del Sáhara Occidental y los ingresos procedentes de los mismos, hasta que tenga lugar la autodeterminación del pueblo saharaui.

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