Reino Unido financia a medios y ONG antigubernamentales en Venezuela
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Londres nuevamente se ve implicado en el financiamiento de planes encubiertos para desestabilizar al Gobierno de Venezuela. Esta vez se trata de dos proyectos separados que tienen en común estar recibiendo cientos de miles de libras esterlinas por parte del Reino Unido.
El primero es un programa que propone la cobertura de hasta 250 mil libras esterlinas (unos 340 mil dólares, aproximadamente) a sectores del periodismo para «influenciar las agendas mediáticas locales y nacionales» venezolanas.
El otro es un programa de «promoción a la democracia» que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido está financiando a través de la Fundación Westminster para la Democracia. Desde 2016, se han desembolsado 750 mil libras esterlinas o su equivalente en dólares, más de 1 millón, en operaciones discretas enmarcadas en ese programa.
Los detalles de las actividades han sido publicados por los periodistas de Declassified UK, Matt Kennard y John McEvoy, colaborador de The Canary y Brasil Wire. Su investigación forma parte de una serie de trabajos publicados para Declassified UK en que expone los esfuerzos fallidos del Reino Unido de promover un cambio de régimen contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Influencia en los medios venezolanos
El proyecto para influenciar la agenda mediática en Venezuela está siendo impulsado a través del Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad (CSSF, por sus siglas en inglés). En su estatuto, el gobierno británico describe al Fondo como un instrumento que apoya proyectos en extranjero configurados «para abordar el conflicto y la inestabilidad que amenazan los intereses del Reino Unido».
Anteriormente, Declassified UK había revelado que el CSSF entregó casi medio millón de libras esterlinas a la ONG Transparencia Venezuela para crear una coalición antigubernamental bajo la excusa de la lucha anticorrupción. Del mismo modo, mostró que los encargados de recibir los recursos tenían vinculación con el ex diputado Juan Guaidó y los grupos antichavistas a cargo del plan de «gobierno paralelo».
En esta ocasión, el plan se ha disimulado en una supuesta convocatoria lanzada a mediados del año pasado para promover el «periodismo de investigación» en América Latina.
Su objetivo, cita Declassified UK, es crear una «nueva plataforma que fortalezca la organización de los medios de comunicación en toda la región y proporcione a los periodistas una plataforma en la que puedan colaborar y construir historias regionales».
El documento del programa señala que los aspirantes a financiamiento deben cumplir con «una capacidad de vincularse con los programas de los medios de comunicación locales y nacionales y, en última instancia, de influir en ellos». Se aconseja que los presupuestos de sus proyectos oscilen entre 200 mil y 250 mil libras esterlinas.
En la convocatoria, el programa dice que «no busca ningún control editorial» sobre los trabajos que se publiquen y pide que en estos no se haga referencia ni al gobierno británico ni a los recursos dotados.
La embajada británica en Colombia está a cargo de la conducción del plan en la región y en un primer momento el llamado era para «periodistas que quisieran cubrir el crimen y la corrupción en Colombia, Perú y Panamá», con el adicional de que había «potencial para cubrir eventos vinculados en otros países vecinos». Esto cambió tres días antes del anuncio oficial del programa, cuando se añadió el nombre de Venezuela en su título.
Declassified UK interrogó a los coordinadores del programa en Bogotá sobre los objetivos con respecto a la inclusión de Venezuela sin recibir respuesta, pero un representante de la Cancillería británica les contestó que era «inexacto mezclar este llamado a licitación con la posición del Reino Unido sobre Venezuela, que no ha cambiado. Queremos ver una transición democrática con elecciones libres y justas en Venezuela».
Teniendo su base operacional en Bogotá, dejando hasta último momento la inclusión de Venezuela y buscando que sean cubiertos los temas de «corrupción, crimen organizado y economías ilícitas», es factible concluir que el Gobierno británico esté buscando que el grueso del proyecto regional esté enfocado en elaborar piezas periodísticas en contra de las instituciones venezolanas.
Uno de los nombres que aparece para contactar al programa es el de Claudia Castilla, mujer colombiana que entre 2017 y 2018 recibió una beca del gobierno británico para realizar estudios en el Reino Unido, a través de la Beca Chevening.
En 2014, Castilla mostró su apoyo al intento golpista conducido por Leopoldo López denominado «La Salida». También, en ese año y hasta 2015, Castilla fue asistente de investigación para el capítulo colombiano de Transparencia Internacional, ONG que en su capítulo venezolano estuvo a cargo de conformar la coalición «anticorrupción» mencionada anteriormente.
En otro programa del CSSF, expone Declassified UK, también gestionado desde Colombia, se recomienda a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores comprometerse «acerca de las opciones para desarrollar programas de la CSSF en Venezuela».
En septiembre de 2019, cuando se anunció una vacante para el puesto de director de programa de la CSSF en Lima, Perú, el fondo detalló que el solicitante trabajaría «con colegas de Colombia, Panamá y, potencialmente, Venezuela».
El sitio británico recuerda procedimientos similares que el Reino Unido ha ejecutado para perjudicar al Gobierno venezolano en otros momentos.
Mientras recibía fondos del gobierno británico, Efecto Cocuyo se asoció con dos organizaciones británicas -Bellingcat y Forensic Architecture- para «pedir más pruebas» sobre «el asesinato» de Óscar Pérez a manos de la policía venezolana. Pérez, un ex-oficial de policía, había secuestrado un helicóptero y, el 27 de junio de 2017, lo utilizó para atacar varios edificios gubernamentales en el centro de Caracas.
En julio de 2019, la editora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, habló en el evento del gobierno británico «Conferencia Global para la Libertad de los Medios» en Londres. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, dirigiéndose a la conferencia, dijo que Reyes «ha desafiado al régimen de Maduro al cofundar un sitio web de noticias independiente, Efecto Cocuyo«, sin mencionar los enlaces del sitio web con el gobierno británico.
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En febrero de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico admitió que financió varias organizaciones no gubernamentales y medios en Venezuela, entre ellas a Efecto Cocuyo, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Fundación Westminster para la Democracia, que está a cargo del otro proyecto encubierto del Reino Unido al que hace referencia la investigación de Declassified UK.
Las 750 mil libras para «promover la democracia»
Desde hace cuatro años, una fundación británica equivalente a la NED ha entregado 760 mil 680 libras esterlinas a la «promoción de la democracia» en Venezuela.
La Fundación Westminster para la Democracia (WFD, por sus siglas en inglés) se describe a sí misma como una organización pública del Reino Unido que funciona de manera «independiente» a través de una red de oficinas en 33 países.
Su objetivo es «apoyar el desarrollo de la democracia en todo el mundo, independientemente del gobierno y de manera transparente». Actualmente, conciben y subvencionan «programas a largo plazo directamente en todo el mundo, utilizando expertos del Reino Unido e internacionales».
En la región latinoamericana, Venezuela es el único país que tiene una oficina permanente de la WFD y el que alberga el único programa a gran escala de la fundación. Al ser cuestionada por la excepcionalidad con Venezuela en la región, respondió a Declassified UK que tienen otros programas activos en Latinoamérica y que están «preparados para lanzar nuevos programas y oficinas de país cuando surja la oportunidad».
Trabajaron con la anterior Asamblea Nacional, realizando «sesiones» y «talleres» con los legisladores y «organizaciones de la sociedad civil local», según los datos que publica el reporte anual del periodo 2019-2020. La fundación reafirmó estos nexos a Declassified UK, pero sin revelar la identidad de los diputados y «miembros de la sociedad civil» con los que colaboran, supuestamente para proteger su seguridad.
El mayor despliegue de recursos de la WFD fue de 248 mil 725 libras esterlinas, realizado entre 2017 y 2018, justamente en el periodo en que la Unión Europea secundó la estrategia de bloqueo y sanciones de Estados Unidos, mientras que a nivel nacional los voceros del antichavismo la promovía a través del Parlamento venezolano.
«El año pasado, la DMA gastó £113 mil 193 en sus operaciones en Venezuela, mientras que Declassified UK entiende que una oferta de financiamiento de poco más de £27 mil 500 para el próximo año está a la espera de aprobación. La WFD tiene dos empleados a tiempo completo en Venezuela», agrega Declassified UK.
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La fundación defiende su programa de injerencia hacia gobiernos que entorpecen los intereses trasnacionales del Reino Unido, diciendo que son «operacionalmente independientes» y que también reciben dinero de otros gobiernos como el de Canadá, Noruega y Suiza.
Sin embargo, como lo señala Declassified UK, los fondos de la WFD son cubiertos en su mayoría por el gobierno británico. Hasta marzo de 2020, Londres le entregó 11,4 millones de libras esterlinas a la fundación, «mientras que todas las demás fuentes de ingresos sumaron 1,5 millones de libras esterlinas».
El medio británico hace referencia a un anuncio publicado por la fundación en 2018 para un puesto de trabajo en Caracas, que evidencia que las intensiones de la fundación van más allá de la «promoción de la democracia». La solicitud detallaba que el aspirante al cargo trabajaría con la embajada británica y debía «contribuir al desarrollo de futuras oportunidades comerciales en Venezuela».
La divulgada intensión de trabajar involucrando «a todos los lados de la división política mientras se apoyan las instituciones democráticas» en Venezuela, es refutada por Declassified UK al mostrar el apoyo que la WFD dio a algunos episodios del intento de golpe de Estado prolongado en los últimos dos años por el falso interinato de Juan Guaidó.
«En enero de 2019, poco después de que Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela, el representante del país de la WFD escribió que ‘las elecciones del año pasado [sic] fueron una farsa y por lo tanto Maduro es un usurpador’. Al mes siguiente, luego de que camiones de la USAID intentaran ingresar a territorio venezolano de manera ilegal, dijo: ‘La no intervención no puede ser un principio absoluto que no considere otros factores'», escriben los periodistas de Declassified UK.
El Reino Unido ha intentado pasar subrepticiamente este tipo de operaciones irregulares contra Venezuela. Aparentemente aboga por las vías democráticas para solucionar el conflicto político-institucional del país, cuando en realidad ha ido pagando dosificadamente y en distintos programas en simultáneo a los que fabrican el conflicto, a cambio de falsos argumentos para fomentar el relato de Estado fallido en Venezuela y así arremeter contra sus instituciones.
Fuente: Misión Verdad