Mentiras y represión en las prisiones españolas por el COVID19

Desde que se decretó el Estado de Emergencia la tensión va en aumento en las cárceles del estado español. En Picassent, Quatre Camins, Mas de Enric, Sangonera, Zuera o Puerto III ya ha habido intentos de motín, mientras que en la prisión de mujeres de Wad Ras las internas se han puesto en huelga de hambre.

Durante estos días hemos ido conociendo las medidas que se han tomado desde el Ministerio del Interior en el Estado de Emergencia y nos encontramos con que se han suspendido todas las comunicaciones presenciales, y, en contraposición se han ampliado de 10 a 15 las llamadas permitidas. Fuentes oficiales confirman dos fallecimientos (un trabajador y una reclusa de más de setenta años), pero desde el Grupo de Mujeres y Familiares de Presos de Toda España. Todas a Una, un grupo formado por más de 100 mujeres de lugares tan diversos como Oviedo, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona etc… nos llegan otras informaciones.

Desde fuentes oficiales nos hacen llegar una sensación de control y tranquilidad, incluso en declaraciones del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, llega a “agradecer la compresión de los presos” y aseguran que están trabajando para proveer de “los medios materiales, de prevención, sanitarios y farmacológicos necesarios y suficientes para atender cualquier problema de salud que pudiera surgir”. Quiénes tienen contacto directo con los internos nos desmienten estas afirmaciones. La situación en las cárceles españolas es tensa, no se ha dotado de EPIS a presos y que en muchos centros los funcionarios no hacen uso de ellos. Las pruebas, a pesar de estar catalogados como población de riesgo, brillan por su ausencia, por lo que es imposible mantener un control eficaz. En un sector de la población donde es imposible mantener la distancia social y en que muchos se encuentran inmunodeprimidos por diversas patologías, es prioritario dotarles de medios de intervención y contención.

Familias de presos informan de que hay tres reclusos fallecidos y no contabilizados, dos en la prisión de Quatre Camins y uno en Puerto I, que se sumaría a la reclusa de 78 años fallecida en Estremera. En Estremera hay ya tres módulos confinados al completo, en Aranjuez el módulo 15 se encuentra bajo confinamiento y el único remedio que se les suministra es Paracetamol. En Picassent tanto el módulo de mujeres 18, como el módulo 25 están en cuarentena, a fecha 7 de abril deberían haber recibido las pruebas pero no han llegado, mientras que 4 internos que regresaban de permiso se encuentran confinados en el módulo de ingresos. En Brians I el módulo 13 también se encuentra en confinamiento, al igual que la totalidad de Wad Ras. Una carta de un interno con iniciales A.E. de Tenerife II, a fecha de 2 de abril, relata que hay 18 internos con síntomas en un módulo de aislamiento, pero que en otros hay presos que presentan síntomas, fiebres altas y toses, y que no se ha tomado ninguna medida con ellos, con el riesgo de propagación que supone, lo mismo se repite en Puerto III. En Sevilla I un módulo se encuentra en cuarentena.

Vulnerabilidad económica fuera y dentro de las cárceles

Otro aspecto importante es la desprotección económica, ya que la mayoría de la población reclusa procede de sectores empobrecidos de la sociedad.

Hasta ahora, se aprovechaba las comunicaciones para realizar los ingresos a las cuentas de peculio de los presos, pero desde la privación de comunicaciones el único método que tienen es por transferencia bancaria, lo que presenta una serie de problemas. Gran parte de familiares de presos están pasando por apuros económicos, al igual que una parte importante de la población española, les es simplemente imposible ingresar dinero en el banco debido a impagos o embargos.

Esto provoca una mayor tensión entre los propios internos. Además de la que ya se promovía desde Instituciones Penitenciarias, buscando colaboradores a los que se les dan privilegios extra a cambio de convertirse en confidentes. Hay que añadir que los presos están generando deudas por cosas tan básicas como tomarse un café, comprarse un paquete de tabaco o realizar una llamada.

Comprensiblemente, el malestar entre los reos crece, el precio por minuto de una llamada en prisión es desorbitado.

El Ministerio del Interior anunciaba que se distribuían 205 teléfonos móviles para que pudieran realizar videollamadas, eso sí, manifestó que para acceder a esta medida habría que cumplir una serie de requisitos., Tan solo podrán acceder a ellos los que tuvieran
derecho a permisos extraordinarios: defunción o enfermedad grave de padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas vinculadas íntimamente al recluso (no sabemos con qué criterio se cataloga si pareja o compañeros están “íntimamente vinculados”). Alumbramiento de esposa o persona con la que el interno tenga similar relación de afectividad, así como por importantes motivos de análoga naturaleza. Y luego hay un ambiguo caso que sería el de otras situaciones valoradas por el Equipo de Dirección del centro. (De nuevo, el recluso queda a merced de la arbitrariedad de Instituciones Penitenciarias.

La represión y la violencia no pueden controlar al COVID19

Ante la creciente tensión en los patios de las prisiones, los funcionarios toman medidas represivas como el aislamiento y las sujeciones mecánicas e incluso las conducciones fantasma, traslados no autorizados ni comunicados.

En Zuera el día que se decretaba el Estado de Alarma ante la negativa de un grupo de volver a las celdas, los funcionarios volvieron a recurrir a las agresiones, A un interno que acató y regresó a su celda, un funcionario se dirigió a él de forma chulesca, ante lo cual el interno solicitó el número de placa del funcionario tan solo para que volviera con otros seis compañeros y recibiera una brutal paliza, ocasionándole diversas contusiones en la cara y la mano, especialmente hinchada, y probablemente con un dedo roto. Al acudir al médico, que cataloga las lesiones como leves y tras pedir el preso que revise más exhaustivamente su mano por el dolor que sufre, el médico le contesta “Mira, me tienes hasta los cojones, tira para el módulo o volverás a recibir”. En esta misma cárcel los funcionarios aseguran que la directora les ha autorizado a tirar a matar.

Además, desde el Grupo Todas a Una nos comunican que los funcionarios no paran de repetir a los internos que no comuniquen la falta de protección sanitaria, los abusos cometidos, los confinamientos de módulos y los aislamientos con amenazas veladas, en Aranjuez, a la mujer de una de las caras visibles del grupo Todas a Una, con siglas F.C.R. le cogen instancias mientras que a sus compañeros y en Foncalent, directamente no se están recogiendo instancias, lo que implica que no es posible ni siquiera acceder al Servicio de Orientación Jurídica.

Los presos también son personas

La OMS y la ONU, lanzaron una serie de recomendaciones haciendo especial hincapié en que en se debe preservar la seguridad de la salud de los internos sin excepción, y que las medidas alternativas y de excarcelación para presos de bajo riesgo son prioritarias.  Así se está llevando a cabo en Noruega, que planea liberar a 126 reclusos, o Reino Unido que ya planea la liberación de 4.000 reclusos. En Irlanda del Norte se ya se ha excarcelado a 200 personas.

En otros regímenes, que están muy lejos del concepto de ser considerados como democráticos, las medidas de liberación de presos son mucho más altas. Irán, que ha liberado de forma temporal a 185.000 reclusos y Turquía que plantea la liberación de unos 100.000 reclusos, sobre todo mayores de 70 años, aunque excluyendo de esta ley a toda disidencia política. Hay que tener en cuenta que en estos países las cárceles están sobresaturadas. Por su parte, marruecos ha indultado a 5.654 presos.

En España ya son más de 60 las asociaciones que reclaman al Ministerio del Interior que se tomen medidas urgentes frente a la crisis del COVID-19 en prisión, como la excarcelación de los mayores de 70 años o enfermos graves, la alternativa a la condena por una sustitutiva de arresto domiciliario, aunque sea con dispositivos de control telemático, la revisión de los condenados de corta duración, pasando a un tercer grado o que el cumplimiento del tiempo de confinamiento se pase en instalaciones médicas y no en celdas de aislamiento.