Rodrigo Bernardo Ortega • Opinión • 09/03/2025

El incierto futuro de los MI-17 podría revelar una trama de corrupción

Con más de 12,000 unidades fabricadas y vendidas a más de 100 países, los helicópteros rusos MI-17 se destacan como uno de los modelos más populares y versátiles del mundo. Su alta fiabilidad y maniobrabilidad les permiten operar en una amplia variedad de condiciones y temperaturas, transportando hasta 4 toneladas de carga y hasta 26 personas, por tanto, no es extraño que esta serie sea la de mayor demanda militar en Sudamérica.

Desde hace 27 años, Colombia es dueña de al menos 24 de esos aparatos, y debido a su difícil geografía, han sido indispensables en la estrategia de seguridad del país, la cual recientemente se ha tornado muy precaria. Resulta sorprendente que, en medio de la reciente escalada de violencia en el Catatumbo, estos útiles aparatos se encuentren aparcados en hangares.

Desde el 15 de enero de 2025, enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han dejado al menos 80 muertos y más de 30,000 desplazados. El gobierno ha decretado el estado de conmoción interior en la región. La situación en el Catatumbo es un obstáculo significativo para la paz en Colombia. La influencia del ELN y la cercanía a la frontera con Venezuela complican aún más cualquier resolución del conflicto.

Mientras tanto, y por no tener suficiente flota, se ha restringido severamente la capacidad del Ejército para realizar operaciones simultáneas, obligándolos a ejecutar operaciones secuenciales. Recordemos que la movilidad aérea es crucial para el envío de tropas y la realización de labores de rescate en zonas afectadas en el Catatumbo. Tal es la situación que el Ejército se ha visto obligado a alquilar aeronaves a costos exorbitantes a privados, hablamos de USD$10.000 por hora de uso; se estima que el Ejército gastará casi 3 millones de dólares en pocas semanas en este rubro.

¿Qué explica la paradoja que, teniendo helicópteros funcionales se opte por tamaño desperdicio del erario?

Para comenzar a desenredar la cuestión es importante indagar el efecto que la guerra entre Ucrania y Rusia ha tenido en el calendario de mantenimiento de las aeronaves. Inicialmente el Gobierno colombiano dijo que el mantenimiento preventivo de los aparatos debía hacerse en Rusia (un riesgo de seguridad muy alto para las aeronaves), y las empresas encargadas (ROSOBORONEXPORT y NASC) hacían parte de la lista Clinton (como parte de las sanciones económicas a Rusia que impone EEUU), por lo cual Colombia no podría aplicar los convenios de mantenimiento de helicópteros.

Sin embargo, en mayo del año 2024, la embajada rusa desmintió estas versiones. En respuesta a un derecho de petición, quedó en evidencia que Rusia había ofrecido tres alternativas para hacer la revisión de las aeronaves en el territorio colombiano. También se reveló que había siete compañías no incluidas en la lista Clinton con capacidad de realizar dicho mantenimiento preventivo e interesadas en el negocio.

Aún así, y casi un año después, los mantenimientos no han sido realizados, incluso la firma colombiana Centro de Mantenimiento y Reparación de Helicópteros Rusos CRM S.A.S -una compañía con probada experiencia en MI-17- se ha tenido que declarar en bancarrota en espera que le fuese otorgado el contrato… que nunca llegó.

Dada la extrañísima situación, se han iniciado en una serie de investigaciones por parte de los organismos de control colombiano.

La Procuraduría General de la Nación, había advertido que para diciembre no había ningún proceso de selección de proveedor, pero en enero se firmó de manera exprés un contrato con la firma estadounidense Vertol Systems y su taller MI Series Personnel por 50 millones de dólares. No hay indicio alguno que dicha empresa sea idónea para hacer este tipo de trabajos, y la extrema celeridad en su contratación enciende las alertas sobre un posible tráfico de influencias por parte de elementos dentro del Gobierno.

El ente de control encontró que, presuntamente, el mismísimo viceministro de defensa, Edmundo Suárez, estaría presionando para favorecer a la polémica empresa. Suárez, presuntamente, utilizó su poder para gestionar un viaje de funcionarios al taller en Miami de la Aerocivil en 4 horas, cuando los protocolos dictaminan que debe hacerse con al menos 30 días. Para rematar, esta comisión avaló la idoneidad de la empresa americana en tan sólo 3 días: todo un récord para la siempre paquidérmica burocracia del Estado.

Sumado a lo anterior, durante la revisión realizada por la Contraloría, se descubrió que se han retirado piezas de las aeronaves que están en tierra para utilizarlas en el mantenimiento de los helicópteros que están en vuelo, en un proceso conocido como “intercambio controlado”. Estos procedimientos preocupan a la entidad, ya que consideran que estas acciones podrían llevar a la inutilización total de los helicópteros que permanecen en tierra.

Lo anterior es particularmente preocupante cuando se sabe que, en marzo de 2024, los Estados Unidos habían ofrecido 300 millones de dólares a Colombia por los helicópteros, con el fin de reforzar el frente de guerra ucraniano. Recordemos que Ucrania, al haber sido parte del Pacto de Varsovia, tiene un ejército entrenado en las tecnologías rusas y le es más costo eficiente enviar equipo y armamento de este origen que de fabricación occidental. En febrero del año pasado ya habíamos advertido sobre una treta similar en Ecuador (Ecuador es víctima de la encrucijada de Biden). Este mismo pedido fue hecho a Brasil, México y Argentina, de los cuales sólo la Argentina de Milei ha accedido a la cesión de las aeronaves.

Con todo lo anterior, y dada la particular situación en la que se encuentran los aparatos colombianos, debemos decir que están en un serio riesgo (si es que no es un hecho consumado) que, aduciendo falsas excusas, se postergue el necesario mantenimiento de los helicópteros para en el entretanto y mediante el Intercambio Controlado se estén desvalijando los más que necesarios helicópteros. Y de paso, alimentar un conflicto foráneo, mientras se enriquecen los bolsillos de unos cuantos. El mismo jefe del ejecutivo, el presidente Petro, ha manifestado que teme que elementos internos de su gobierno estén implicados en hechos de corrupción.

Desde esta tribuna pedimos a la prensa, a la sociedad civil y a los entes de control poner especial atención al destino de los MI-17.

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