La vivienda tumbará al gobierno

El pasado agosto, el Consejo de la Juventud publicó unos datos estremecedores: mientras que el salario mediano de la gente joven roza los 1051 euros, los alquileres y demás gastos de vivienda alcanzan los 1.131 euros. Quizá eso explique que siete de cada diez jóvenes empleados sigan en casa de sus padres. Es muy probable que los otros tres malvivan, junto a otras víctimas de esta situación, hacinados en pisos pagando no menos de 500 euros por una habitación.

Esta combinación dramática de precariedad laboral e imposibilidad de emancipación que afecta a la juventud, se da en un contexto de crecimiento económico del que presume continuamente el gobierno de coalición. Algo debe estar fallando para que en los intersticios de nuestro pequeño y opulento universo esté creciendo una gigantesca bola purulenta que se llevará por delante, si no ponemos remedio, la salud de esta sociedad. En mi opinión, esa tumoración que amenaza metástasis tiene un nombre: codicia. Que si asimilamos a la avaricia, es un pecado capital del que no han podido sustraerse, desde finales del siglo XX, muchos gobiernos(de entre los que los españoles han sido campeones de la clase)que, convenientemente tentados por el capital, abandonaron la construcción de viviendas públicas y, además, vendieron a precio de saldo buena parte de aquéllas al sector privado, dejando exclusivamente en manos de los mercaderes la oferta habitacional para la población. Y los negociantes hacen lo único que saben hacer cuando se zafan de cualquier control administrativo: buscar la mayor y más inmediata rentabilidad, caiga quien caiga. 

Así, en esta nueva era neoliberal, la gente con dinero y los fondos buitre, en lugar de comprar las ‘matildes’ de Telefónica, se lanzan a adquirir inmuebles como si no hubiera un mañana. Esa demanda compulsiva, con fines especulativos, inicia una escalada de precios(tanto de alquiler como de compra)que viene a consolidar un oligopolio de facto conformado por el conjunto de los propietarios, de entre los que los fondos buitre están adquiriendo un peso creciente: se están haciendo con el 80% de los edificios residenciales en venta, a cuyos moradores imponen unos nuevas rentas abusivas que no pueden pagar. De esta manera, son los alquileres temporales(sobre todo, turísticos) y de lujo los que se adueñan del paisaje urbano, desestructurando los barrios y convirtiendo la consecución de un sitio donde vivir en una quimera. Por su parte, las promotoras no construyen vivienda nueva de precios reducidos porque ello no les garantiza las plusvalías esperadas.

Así las cosas, la actitud que mantienen las dos grandes fuerzas políticas de este país, PSOE y PP, abunda en el agravamiento del problema. La derecha se resiste a aplicar en los territorios que gobierna la manifiestamente insuficiente Ley de Vivienda(no contempla el crecimiento de la oferta pública),  negándose a topar los alquileres en zonas tensionadas. Aduciendo para justificar tal comportamiento que estamos ante la ley de la oferta y la demanda y donde ha de primar el derecho de propiedad. Se olvidan, con este argumento, de la Constitución. Tanto del artículo 128, donde se recoge que toda la riqueza del país, en sus distintas formas e independientemente de su titularidad, está subordinada al interés general, como del 47, que expresa la obligación de los poderes de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna para todos y todas, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación. 

Tampoco los socialistas parecen haberse leído nuestra ley de leyes(salvo, al parecer, en lo de la monarquía), cuando la ministra de vivienda aseguró, hace un par de semanas, que apelaba a la ‘solidaridad’ de los caseros para bajar los alquileres. Con esta sorprendente y pueril declaración, que ignora tanto la lógica que mueve a los propietarios como la obligación regulatoria que tiene el Estado, el PSOE viene a coincidir con el PP en que, en última instancia, es el mercado el responsable de proveer de este bien de primera necesidad. La respuesta de Patxi López(‘eso es muy extremo’)a la propuesta de Sumar en el sentido de que se prohíba en zonas tensionadas la compra de viviendas si no es con la finalidad de habitarlas, evidencia que los dirigentes socialistas tampoco entienden el citado mandato constitucional de impedir la especulación para garantizar un derecho.

Esta ideología inmobiliaria del bipartidismo, que en el caso de los de Feijoo llega al delirio de sugerir facilitar los desahucios para liberar vivienda, sumada a la incomparecencia de la izquierda  para exigir(y movilizar por ello) la puesta en pie de un parque público millonario de casas asequibles, inducen tanto una fuerte desafección hacia la política, para mayor gloria del fascismo, como un riesgo real de quiebra social y económica. Si el gobierno de coalición no se pone las pilas, acabará mal. Y la principal damnificada será una izquierda, subsumida en la inercia conservadora que marcan los de Sánchez, que se regodea en su invisibilidad.

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