Chile. Pablo San Martín, hijo de Julia Chuñil: «Tememos que como familia nos están haciendo un montaje»

5 meses han transcurrido desde la desaparición de Julia Chuñil. Y mientras los medios masivos de comunicación intentan convertir el caso en un vulgar incidente de la página roja, sin pruebas y mañosamente, en la realidad la situación implica territorios mapuche, discriminación social y étnica, debido a lo cual este 8 de abril se realizó una gran movilización tanto en Santiago, como a lo largo del país y en el extranjero, para exigir al Estado chileno la aparición con vida de la líder mapuche y protectora de la naturaleza, oriunda de Máfil, región de Los Lagos.

Mediante un punto de prensa en la capital chilena (donde participaron Mariana Santana, jefa jurídica de Codepu; Lissette Sánchez, nieta de Julia; Lucía Sepúlveda, defensora de DDHH y ambientalista; y Juana Aguilera de la Comisión Ética Contra la Tortura), el hijo mayor de Julia Chuñil, Pablo San Martín Chuñil, expuso que «Las policías han allanado 7 veces a nuestra familia. En una de esas ocasiones le dije a funcionarios judiciales y policiales que estábamos absolutamente dispuestos a colaborar con la investigación de la búsqueda de mi madre para que aparezca lo más pronto posible, pero que vemos mucho hostigamiento en nuestro contra. Les manifestamos que esperábamos que los principales sospechosos también tuvieran el mismo tratamiento».

– ¿Qué sospechosos?

«Nosotros dejamos una constancia el 13 de noviembre del año pasado, en Los Lagos, sobre quien consideramos el sospechoso principal de la desaparición de Julia. En la carpeta investigativa esperamos encontrar las declaraciones y allanamientos de esta persona.

La verdad, todo esto nos parece muy sospechoso. Por el caso de mi madre han pasado 3 fiscales en 5 meses. Y cada fiscal llega con sus ideas particulares sobre las indagaciones.

La carpeta investigativa debió abrirse el 20 de enero de 2025, pero se aplazó 40 días. Su apertura cayó el lunes 3 de marzo, sin embargo, el fiscal a cargo se fue de vacaciones ese mismo día. Entonces llegó la fiscal Claudia Baeza y dio 10 días más para que se allanaran las casas de mis hermanos, lo que nosotros entendemos como amedrentamientos contra nuestra familia, porque esta vez las policías aparecieron hasta con ametralladoras, cuando jamás hemos puesto resistencia a los allanamientos, por el contrario.»

– ¿Sus sospechas se han confirmado?

«El 1 de marzo, una serie de vehículos policiales blindados de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, PDI, se apostaron en el sitio donde mi mamá fue vista por última vez, que corresponde a una recuperación de tierras mapuche y que ahora se convirtió en un recinto privado de Juan Carlos Morstadt, un terrateniente y empresario forestal, descendiente de colonos alemanes y que vive en el terreno aledaño. Lo de su condición de ‘propietario’ de esas tierras fue lo que nos comunicó el fiscal a carga en ese momento, cuando nosotros tratamos de observar lo que allí indagaban. El que sí estuvo presente en las pericias, sin que nadie nunca nos explicara por qué, fue el propio Juan Carlos Morstadt, que vive a más de 5 kilómetros del lugar investigado.»

– ¿Y qué hay de la carpeta investigativa del caso?

«Sobre la carpeta investigativa, no puedo decir nada porque la abogada de la Ong Escazú se la quedó en condiciones de «reserva» desde el pasado 3 de abril. Se supone que ella tiene que estudiar su contenido y posteriormente nos va a explicar qué elementos significativos existen en el archivo, como por ejemplo qué línea investigativa sigue la fiscalía. En la carpeta deberían estar las declaraciones de 5 personas que nosotros estimamos son los principales sospechosos.»

– Como familia, ¿qué piensan que hay tras la desaparición de Julia?

«Al comienzo, en cuanto desapareció nuestra madre, quienes nos ayudaron fueron los vecinos, campesinos de la zona y los Bomberos. Y después, a través de un familiar que vive en Santiago, nos contactó la abogada de la Ong Escazú.

Nosotros tememos que como familia nos están haciendo un montaje, de acuerdo a cómo se ha llevado la investigación hasta ahora por la fiscalía y las policías.»

Por su parte, Mariana Santana, jefa jurídica de la no gubernamental Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, precisó que «tenemos la certeza de que la desaparición de la señora Chuñil no es un hecho casual y tras 5 meses todavía no tenemos responsables. Sólo diligencias de la Fiscalía de Los Lagos que no permiten a la familia conocer cuál es la línea investigativa. Estamos ante una indagación que no ha reconocido en la familia de Julia Chuñil su condición de víctimas; ellos sólo han sido estigmatizados y marginados del proceso. Hace poco, pusimos una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; e hicimos gestiones en la Comisión de Desapariciones Forzadas de Ginebra (ONU), pero el Estado chileno, luego de ser emplazado por estas entidades internacionales, respondió que el caso no tiene carácter urgente, y ni siquiera accedió a las medidas que solicitamos».

La abogada Santana detalló que «Antes de su desaparición, la señora Chuñil fue presa de constantes hostigamientos por parte del terrateniente, descendiente alemán, y dueño de bosques, Juan Carlos Morstadt Anwanter. Las amenazas se acentuaron desde el año 2018 para que la señora Chuñil abandonara el predio donde hizo su vida. Sabemos que existió un contrato con la estatal Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, donde se le retornaron las tierras a Juan Carlos Morstadt Anwanter, toda vez que él nunca las pagó. Y el terreno donde vivía Julia Chuñil era el único predio que le faltaba a este terrateniente para completar la titularidad de todo el paño. Por eso él necesitaba sacar a la señora Julia. Hasta ahora, la Conadi no ha dicho nada», y agregó que «La relatora de las Naciones Unidas que evalúa la independencia de los magistrados, en una completa visita al país que hizo el año pasado concluyó que en Chile existe una justicia de clase, no hay un acceso a la justicia eficaz ni en la línea de los Derechos Humanos para los pobres».

La integrante del movimiento Día a Día por Julia Chuñil, periodista, líder de Derechos Humanos y ambientalista, Lucía Sepúlveda, informó que «Consultamos, vía ley de transparencia, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, que es un actor relevante en este caso, si el terrateniente Juan Carlos Morstadt pagó o no pagó por el terreno que reclama como propio, y si lo hizo o no, qué medidas tomó Conadi al respecto. La entidad contestó que Morstadt no había pagado, pero que como Conadi le interpusieron 2 querellas, además de informarnos que el Consejo de Defensa del Estado, CDE, también realizó acciones. El problema es que una de las querellas es por un caso nada que ver con el consultado; la otra está concluida mediante un sobreseimiento a Morstadt; ya su turno, el CDE nos respondió que no tiene nada del caso en sus registros, salvo la notificación de sobreseimiento de Juan Carlos Morstadt, lo que quiere decir que Conadi nos mintió», y añadió que, «El terrateniente en cuestión se siente dueño de un terreno que no le pertenece porque ha contado con la Conadi. Aquí estamos frente a un nuevo caso de corrupción de la justicia, esta vez entre la Conadi y los tribunales».

Mientras atardecía, frente a La Moneda en Santiago, se llevó a cabo un acto político y cultural que contó con la asistencia del cantautor Mauricio Redolés. Inmediatamente, las comunidades mapuche efectuaron una actividad propia y conforme a su cosmovisión.

Hacia el final de la jornada, también por los 5 meses de la desaparición de Julia Chuñil, a la altura del metro Los Héroes de la Alameda, los manifestantes protestaron, siendo brutalmente reprimidos por las Fuerzas Especiales de Carabineros y sus carros bélicos desde donde dispersaron el mitin mediante gases y agua altamente tóxica. 10 personas fueron detenidas por los agentes, mismas que fueron liberadas varias horas después de su reclusión en la comisaría de la zona.