9 de Junio, hacia una distopía murciana

Tengo por costumbre pasear por el litoral del Mar Menor para disfrutar de sus valores paisajísticos y naturales. Hasta que aparecen, una vez más, la sopa verde y los malos olores. Entonces se apodera de uno un sentimiento de frustración e impotencia, porque no acierta a comprender que en una sociedad desarrollada, civilizada y presuntamente preocupada por el medio ambiente y la calidad de vida, no haya manera de poner freno a esta destrucción de uno de los espacios protegidos más relevantes de Europa. Claro que cuando se indaga en los motivos de la impunidad que envuelve esta agresión ambiental, abiertamente delictiva, hay que hacer un verdadero esfuerzo para que la indignación y la ira se canalicen por vías civilizadas. Y es que cuesta mucho asimilar que en la Región de Murcia del siglo XXI un poderoso lobby, la agroindustria intensiva, tenga licencia fáctica para acabar con un bien público de tamaño calibre, provocando con ello no sólo un daño ecológico de consecuencias imprevisibles, sino también la ruina de las actividades económicas vinculadas a la costa perjudicada. Y esta tropelía sólo es posible porque una clase política, la derecha regional, lo permite. 

Como sigue tolerando que persistan en el Campo de Cartagena más de ocho mil hectáreas de regadíos ilegales, responsables en buena medida de los vertidos a la laguna, y cuya restitución a su estado original la Comunidad Autónoma dilata indefinidamente endosando esta responsabilidad, modificación veraniega de la Ley del Mar Menor mediante, a la Confederación Hidrográfica del Segura.  Y se llega al delirio cuando el ejecutivo de López Miras desobedece la orden judicial concreta de actuar sobre los vertidos de la balsa minera Jenny, en Llano del Beal, que causan un daño irreparable tanto al medio(suelo, aire y aguas) como a la salud de las personas que habitan en sus proximidades. La Justicia también pone de su parte en este desaguisado cuando la Audiencia Provincial disemina entre varios juzgados de otras tantas poblaciones la causa abierta contra decenas de firmas agrícolas responsables de la contaminación del Mar Menor, en una clara maniobra para desarticular esta causa judicial, según denuncia Greenpeace. Para rematar esta deriva enloquecida, entran en escena cuatro Ayuntamientos de la ribera marmenorense retomando una fiebre urbanizadora, que abunda en la degradación acelerada de la zona, incompatible con una concepción sostenible del desarrollo turístico.

Si nos adentramos en el ámbito de la sanidad murciana, el panorama resulta igualmente desolador. Han coincidido estos días dos informes al respecto, uno del Sindicato Médico de la Región Murciana y otro de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. El primero advierte de un inminente colapso de la cobertura sanitaria por la carencia absoluta tanto de profesionales como de infraestructuras. El segundo, tras un exhaustivo estudio, sitúa a nuestra región en último lugar, en lo que hace a la calidad del servicio sanitario, de entre el conjunto de autonomías, habiendo ido descendiendo desde 2010 en este aspecto hasta alcanzar aquel puesto de honor: el esfuerzo inversor brilla por su ausencia y tenemos la más baja cifra de médicos por mil habitantes.

La educación, por su parte, no presenta mejor aspecto. Investigadores de varias universidades españolas, entre ellas la UMU, han desarrollado un trabajo que llega a una conclusión sumamente inquietante: el proyecto educativo que el PP murciano está poniendo en pie conduce a un sistema de segregación escolar en base al origen étnico y/o nivel de ingresos del alumnado. Eso se hace desinvirtiendo en los centros públicos y estableciendo una política de admisión de alumnos basada en el distrito único; facilitando que las familias de rentas medias y altas matriculen a sus hijos en centros alejados de la vivienda familiar; tolerando la segregación por sexos en colegios concertados y el cobro en éstos de cuotas voluntarias a los padres; financiando los centros religiosos con ideología excluyente y subvencionando el Bachillerato en los concertados. El resultado de todas estas medidas es la configuración de centros gueto, públicos, donde se concentran los niños y niñas más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Esta segregación educativa conduce directamente a la sociopolítica en la medida que quiebra el principio de igualdad de oportunidades y atasca el ascensor social, conformando una sociedad dual, fracturada y, sobre todo, muy desigual. Y llegados a cierto nivel de desigualdad, la democracia sucumbe.

En lo tocante al mercado de trabajo, esta tierra siempre ha sido históricamente campeona en lo que respecta a la precariedad y los bajos salarios. Y ello es así porque dispone de una fuerza de trabajo muy concentrada en dos sectores, hostelería y campo, donde predominan la economía sumergida y las situaciones de abuso y sobreexplotación. Ello configura un cuerpo social muy desvertebrado, en el contexto de una economía poco productiva y escasamente diversificada. Si nos remitimos a las pensiones, registramos un triste récord: ‘disfrutamos’ de las más bajas del país. Todo lo cual redunda en una carencia total de algo que se parezca a la justicia social, rematada por una fiscalidad crecientemente regresiva que descapitaliza los servicios públicos y favorece a las rentas altas.

Con todo, las derechas que nos gobiernan(soportadas en la corrupción y el transfuguismo) presumirán, este próximo 9 de Junio, de la región que construyen desde que hace décadas ocupan San Esteban. Alguien debiera aconsejarles que se asomen a las ventanas de palacio y observen cómo esos valores de libertad, justicia, igualdad y calidad de vida que se mencionan en nuestro Estatuto autonómico están dejando paso, progresivamente, a una distopía murciana.

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