Opinión • 11/10/2016

Opinión de Greenpeace ante la filtración de la declaración institucional que acompañará la aprobación del CETA

Greenpeace ha analizado el documento que se ha filtrado hoy de la declaración conjunta de la Unión Europea-Canadá destinada a tranquilizar a los críticos al acuerdo comercial polémico entre ambos. Greenpeace describe el contenido como un ejercicio de relaciones públicas desprovisto de cualquier contenido legal.

Después de analizar la filtración de la declaración, el analista legal de Greenpeace UE Andrea Carta ha dicho: “En su forma actual, esta declaración tiene el peso legal de un folleto de vacaciones. No hay nada en ella que proteja  contra la amenaza que supone el CETA a la naturaleza y a nuestros estándares de salud y trabajo. Un estudiante de primer año habría hecho un trabajo mejor ”.

La declaración filtrada no hace ninguna referencia ni establece ninguna guía sobre los mecanismos de arbitraje sobre las futuras disputas comerciales entre las multinacionales y los estados. El mero hecho de que la UE y Canadá se hayan sentido obligados a improvisar una declaración de última hora es un reconocimiento de que el acuerdo comercial es defectuoso. La declaración en sí misma es una torpe idea de último momento que no puede arreglar el CETA y que, además, hace caso omiso de las preocupaciones de la cuidadanía. Todo lo que hace es señalar una serie de zonas de riesgo y sensibles, que deben leerse como una advertencia contra la ratificación de este acuerdo comercial. En realidad la mejora del CETA habría significado renegociaciones reales y cambios en el propio texto del tratado».

Análisis de Greenpeace de la declaración conjunta filtrada:

  • Evaluación global: La fuga utiliza un texto no vinculante, impracticable y descriptivo, lo que permite una representación exageradamente optimista del CETA, sin abordar las deficiencias del acuerdo. No hay ningún nuevo compromiso o aclaración en el texto.

  • Derecho a regular: La filtración hace la declaración general de que “el CETA conserva la capacidad de la Unión Europea y sus Estados Miembros y Canadá para aplicar sus propias leyes y reglamentos que regulan la actividad económica en pos del interés público”, pero no tiene en cuenta el hecho de que el derecho de regular en los capítulos de CETA sobre inversiones, trabajo y medio ambiente no está claramente definida ni sujeta a limitaciones.

  • Cooperación regulatoria: La filtración dice que la cooperación regulatoria “será voluntaria”, pero no excluye que la Comisión Europea y el gobierno de Canadá pueden participar en la desregulación en beneficio de las corporaciones y en contra de los intereses de la UE y los ciudadanos canadienses – sin el escrutinio de parlamentos elegidos.

  • Servicios públicos: La filtración dice que “el CETA no requerirá que los gobiernos privaticen ningún servicio ni impedirá que los gobiernos amplíen la gama de servicios que suministran al público”. Sin embargo, aunque no hay ningún requisito explícito de privatización de los servicios públicos, esto no va a evitar que sean privatizados. De hecho, el CETA aumenta la presión sobre los gobiernos para realizar privatizaciones. Se permite el acceso a la contratación pública para todos los servicios públicos, incluyendo el agua, a las empresas canadienses. La filtración de la declaración conjunta tampoco aborda el hecho de que el CETA expone a las autoridades locales a las demandas de indemnización de los inversores canadienses, si las autoridades públicas deciden llevar los servicios públicos locales bajo su control.

  • Protección de la inversión: El texto filtrado afirma que, en virtud del CETA, “los gobiernos pueden cambiar sus leyes, independientemente de si esto puede afectar negativamente a la inversión o las expectativas del inversor en los resultados”. Sin embargo, la declaración no cambia el hecho de que las multinacionales todavía tendrán derecho a demandar a los gobiernos y a reclamar una indemnización ante un grupo especial de arbitraje, eludiendo la jurisdicción y el escrutinio de los tribunales nacionales. El texto también está destinado a asegurarnos que empresas fantasma o pantalla no puedan aprovecharse del CETA para demandar a los países de la UE, diciendo que “el CETA requiere un vínculo económico real con las economías de Canadá o la Unión Europea” pero la declaración no excluye a las filiales de las empresas no canadienses de tener que reconocer que la mayor parte de las 51.000 filiales canadienses de empresas estadounidenses son empresas legítimas que fácilmente podrían utilizar el CETA para demandar a los gobiernos.

  • Principio de precaución: La filtración no menciona el principio de precaución, que protege a la ciudadanía europea de los riesgos para la salud y los peligros para el medio ambiente. El texto dice que “el CETA compromete a la Unión Europea y sus estados miembros y a Canadá a proporcionar y estimular altos niveles de protección del medio ambiente”, cuando, en realidad, el CETA contiene una versión descafeinada del principio de precaución, que amenaza con debilitar las normas medioambientales europeas y allanar el camino para acabar con ellas. El texto filtrado también hace afirmaciones sobre los “compromisos para cooperar en cuestiones relacionadas con temas de comercio y medioambiente de interés común, como el cambio climático”, pero no están respaldados por el texto del CETA. El acuerdo no contiene, en este campo, nada más que vagas declaraciones y declaraciones de aspiraciones, desprovistas de todo valor jurídico vinculante. El texto de la filtración de la declaración conjunta no cambia en este aspecto.

  • Desarrollo sostenible: La filtración afirma que “el CETA vuelve a confirmar el compromiso de larga duración de Canadá y la Unión Europea y sus miembros con el desarrollo sostenible”, pero ignora el hecho de que el capítulo de desarrollo sostenible del CETA no contiene ninguna norma vinculante y es, a lo sumo, aspiracional.

Susan Cohen Joram, responsable de la campaña de Tratados Internacionales sobre Comercio de Greenpeace ha declarado: “Un acuerdo comercial genuinamente progresista requeriría un cambio radical de mentalidad entre los políticos. Los acuerdos comerciales deben beneficiar a las personas en primer lugar, no sólo a las empresas. Nuestros gobiernos y el Parlamento Europeo deben rechazar el CETA. Esta declaración que hoy hemos conocido, no es la solución”.

Los ministros de comercio de la UE se reunirán en Luxemburgo el próximo 18 de octubre para decidir si apoyar el CETA, en vista de esta declaración conjunta. Si lo hacen, el acuerdo será firmado simbólicamente en una cumbre UE-Canadá en Bruselas los días 27 y 28 de octubre. A continuación se espera que el Parlamento Europeo vote la ratificación a finales de 2016 o principios de 2017. Después de eso, el CETA tendrá que ser ratificado por los Parlamentos nacionales de todos los países de la UE.

Si el Parlamento Europeo ratifica el CETA, grandes partes del acuerdo entrarán ‘provisionalmente’ en vigor, incluso antes de que los parlamentos nacionales hayan dado su opinión sobre el tratado. El sistema judicial de inversión (ICS), un sistema de arbitraje polémico de diferencias relativas a inversiones entre las multinacionales y los estados, en gran medida podría ser excluido de la aplicación provisional. Esto significa que el ICS todavía puede ser rechazado por los parlamentos nacionales.


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