Las noticias falsas como pretexto para imponer la dictadura mediática global
Resulta realmente enternecedor ver cómo los estados occidentales se están preocupando, de un tiempo a esta parte, por la calidad de la información que recibe la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Al parecer —eso dicen— estamos siendo víctimas de una conspiración de un grupo de países malvados que tienen planeado, a través de sus propios aparatos propagandísticos, lavarnos el cerebro y socavar los cimientos del modo de vida occidental, acabar con las libertades y con nuestro sistema político. Pero lo peor de todo es que, como víctimas incapaces de darnos cuenta del plan maquiavélico que se cierne sobre nuestras cabezas, se hace necesaria la intervención paternalista del estado para protegernos de los países y medios mentirosos y difusores de bulos y rumores infundados.
Ese es, grosso y jocoso modo, el argumentario que se destila de multitud de noticias, de editoriales de prensa y de declaraciones de responsables políticos de Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos tiempos. Como en tantas otras ocasiones, el poder trata de ir creando los consensos necesarios entre la opinión pública para justificar unas decisiones que aparecerán como liberticidas e impopulares, a poco que se posean los suficientes elementos de juicio para analizarlas racionalmente.
Y es que, lo que se nos viene encima no es baladí, es el fin de la libertad y neutralidad de internet, la manipulación de las búsquedas, el bloqueo de canales vía satélite, la eliminación de cuentas en redes sociales o la prohibición de trabajo de determinadas televisiones en muchos países que se precian de ser los adláteres de la libertad de expresión y comunicación en el mundo.
No se trata de futuribles, de anuncios más o menos agoreros, desafortunadamente hablamos de hechos constatables, de la triste realidad cotidiana. Se poner muchos ejemplos de ello:
• La aprobación a finales del pasado año por la Comisión Federal de Comunicaciones del fin de la neutralidad y equidad en el acceso a Internet. Es decir que la velocidad de la red podrá variar dependiendo de cuánto se pague, de quién se trate o de los intereses de las operadoras, lo que abre la puerta a expulsar a determinadas páginas, a penalizar con anchos de banda ridículos a páginas molestas para el poder que las conviertan en impracticables a los usuarios e invisibles para los bots de búsqueda.
• Los cambios en los algoritmos de búsqueda matemáticos para evitar que aparezcan noticias no deseables para el poder. Alguien puso el grito en el cielo cuando descubrió que si se tecleaba en Google “11S” lo primero que salían eran noticias con versiones “no oficiales” o diferentes a la versión conspiranoica elaborada por el gobierno norteamericano, ya que eran las más leídas y demandas por el gran público. Desde entonces los resultados se amañan para que en los puestos de cabeza haya informaciones acordes con el pensamiento unidimensional. ¿Los más perjudicados por los cambios de Google? Como se podía esperar, las páginas contrainformativas, las webs de izquierdas alternativas de todo el mundo.
• En el Estado Español, la derecha se ha propuesto controlar las redes sociales impidiendo el anonimato en la creación de cuentas en contra incluso de los dictámenes de Naciones Unidas para la defensa de la libertad de expresión, como culminación al peor año para la libertad de expresión desde la muerte del dictador que acabamos de padecer y seguimos padeciendo.
• La expulsión de Telesur de las parrillas de varios países latinoamericanos por decisiones políticas, como la Argentina de Macri en 2016, que también se extendería posteriormente a RT.
• La censura a la cadena de TV Al Manar, sacándola de la parrilla de los satélites Nilesat y Arabsat o declarándola como terrorista por el Departamento de Estado de EEUU por ser “antisemita” y de incitación a la violencia. Mientras, el verdadero canal de agitación y fomento de guerras en la región, Aljazeera, emite con total normalidad a pesar de apoyar el terrorismo takfirí sin ningún tipo de tapujos durante años.
• El boicot a HispanTV y PressTV en los satélites Hispasat, ordenado por el gobierno español en 2012, pues aún posee casi el 10% de sus acciones, junto con Abertis que es socio mayoritario y Eutelsat, en manos de capital israelí. Esta medida se amplió a los satélites Astra, con el pretexto del régimen sancionador europeo por el programa nuclear militar inexistente de Irán y aún no se ha revertido a pesar de la firma de los acuerdos del G5+1.
• El cierre temporal de cuentas en redes sociales de medios de comunicación que no siguen el mainstream impuesto. Aunque a fecha de hoy las cuentas han sido siempre restituidas tras varios días de castigo, no es de extrañar que alguna vez se tome una decisión de naturaleza permanente.
• La imposición a RT y Sputnik a finales de 2017 de declararse como “agente extranjero” en EEUU amparándose en una ley de 1938 e impidiéndole ejercer las labores periodísticas en instituciones públicas como la sede del Congreso.
• La prohibición de contratar publicidad en redes sociales a medios de comunicación antagonistas, como ha sucedido con Twitter y el canal RT, a pesar de que este fue ofertado como un servicio más a prestar a la cadena televisiva.
Lo que trasciende de todo esta campaña de erradicación de la “disidencia” informativa de nuestros países es acabar con la diversidad real de opiniones. El poder siempre ha buscado el monopolio de la información para modelar a la opinión pública a su antojo. Sin embargo, el avance hacia la pluralidad que supuso en su día la generalización de Internet y la aparición de nuevos medios globales, ha acabado por molestar en exceso. Ahora intentan demonizar, criminalizar o incluso terroristificar a cualquier medio que difunda información que se sitúe fuera de los cada vez más estrictos límites considerados aceptables por el establishment.
El pretexto usado para ello son las supuestas noticias falsas que difunden las webs y televisiones no controladas por los gobiernos nacionales o por el capital financiero, lo que, por si sólo, las invalidaría para seguir ejerciendo su actividad. Sin embargo, se plantea un grave problema ¿quién decide qué es una noticia falsa y qué no lo es sin que se denote parcialidad? Evidentemente, para afrontar con seriedad la cuestión, se debería implementar algún sistema de verificación transparente, público e incontestable. Sin embargo, se está optando claramente por la censura previa al más puro estilo orwelliano, mucho más contundente y drástico, aunque se pongan en peligro derechos fundamentales como la libertad de expresión e información. Cuentan con que el monopolio mediático se encargará de que la ciudadanía lo acepte como un servicio más del estado contra países «enemigos».
Recientemente El País ha sido condenado judicialmente por difundir noticias falsas, ¿significaría eso que debería ser cerrado atendiendo a esas premisas? Evidentemente, pocos se lo plantean porque, a pesar de ello, no supone un peligro para el sistema, todo lo contrario. Sin embargo, cuando medios extranjeros retransmiten en directo en España movilizaciones que otros ocultan, cuando les colocan cámaras y micros a expertos y activistas locales a los que jamás un medio local convencional le daría un segundo de tiempo, se trata de simplemente de complots extranjeros, de difusión de bulos, de intentos de desestabilización de un país, de fake news. Por el contrario, cuando medios considerados serios difunden permanentemente falsos informes cocinados por las cloacas del estado para incriminar a partidos o personas incómodas, a eso, acá, se le denomina “periodismo de investigación”.
Desde luego, tampoco es casual que haya sido El País quien lidere la ridícula campaña contra la supuesta injerencia rusa y venezolana en la política española y el apoyo al independentismo. El director adjunto de El País, quien personalmente se ha dedicado en cuerpo y alma a difundir estos bulos propios de la Guerra Fría, ha sido formado en Estados Unidos para convertirlo en defensor de la política exterior del imperio y tiene vinculaciones personales con fundaciones pertenecientes a las redes de la CIA y George Soros.
Tampoco es casual que muchos de los ataques a la libertad de expresión y comunicación en el mundo tengan lugar en EEUU y el Estado Español. Los medios de ambos países son los menos creíbles del mundo occidental para sus propias poblaciones, como han demostrado investigaciones académicas, y sus gentes está ávidas de materiales distintos, simplemente porque no se fían de las versiones oficiales o corporativas de las noticias. Por eso suelen informarse a través de internet. Es lógico que gobiernos y las empresas del sector desinformativo se sientan especialmente amenazadas por tanta desafección y actúen movidas por el miedo en aras a erradicar a la competencia.
Como escribió el genial José Luis Sampedro “sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada”. Ya somos mayores de edad para elegir quién nos informa o quién nos desinforma. El estado no tiene derecho a limitar la libertad de la información ni la libertad de pensamiento. Este tipo de acciones nada tiene que ver con el interés general, sino con el interés de la clase dominante por perpetuar su privilegiada situación. Por definición, cuanto más diversidad informativa, mucho mejor y, para ello, nada mejor que la multiplicidad de medios.
Muchos queremos conocer qué sucede en Yemen y cómo se matan inocentes con las armas que les vendemos a Arabia Saudí, queremos saber dónde han ido las ayudas a los rebeldes sirios y cómo han acabado en manos terroristas, queremos tener información de quién mueve los hilos de la derecha venezolana, queremos conocer cómo las políticas europeas de fomento de guerras generan refugiados que echamos a patadas de nuestras fronteras, queremos informarnos de quién y cómo están organizando golpes de estado unos tras otro en América Latina, queremos conocer como la Unión Europea ha planificado empobrecernos y quitarnos nuestros derechos laborales y sociales, cómo el euro ha sido una gran estafa para nuestro país, cómo nos han robado decenas de miles de millones para regalárselos a los bancos o a las grandes constructoras, cómo la separación de poderes en nuestro país jamás existió, como el régimen del 78 sirvió para sostener a los poderes fácticos franquistas. Desgraciadamente, para eso no nos valen ni los medios corporativos ni los medios públicos tal y como están funcionando hoy día. Necesitamos, porque tenemos derecho a información veraz, medios independientes de los poderes, ya sea políticos o económicos, que manejan nuestro país. Y eso es, por pura salubridad, algo extrapolable a todos los países y a todas las sociedades.
11/01/2018
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