Narciso Isa Conde •  Opinión •  12/02/2019

República Dominicana: qué pasa y qué hacer…

La República Dominicana entró a partir de enero del 2017 en un  periodo de conversión del descontento acumulado  en movilizaciones y luchas sociales de alto nivel, destacándose la formación del movimiento Marcha Verde como confluencia de una enorme diversidad social indignada por la dimensión insoportable de la corrupción estatal impune (convertida en sistema)  y por el impacto del deterioro continuo de las condiciones de existencia, la situación  ambiental de la isla y la negación de derechos fundamentales al pueblo llano y a amplios sectores medios de la sociedad.

 A pesar de estos dos años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias -centradas en procurar el fin de la impunidad y la corrupción como fenómeno transversal a todos los demás-  e independientemente de los importantes logros alcanzados por Marcha Verde en cuanto a conciencia y capacidad combativa de una parte significativa de la sociedad, el sistema institucional (conformado como dictadura constitucional controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales), ha logrado bloquear esa meta y reproducir sus prácticas corruptas, agravando los males que aquejan la Nación y su relación con el mundo.

Las presiones sobre el gobierno y del Estado han sido respondidas con farsas y simulacros judiciales; mientras sigue creciendo el repudio popular, se desploma la capacidad de convocatoria de un sistema de partido inmerso en el pantano de la corrupción y se dispara su la ilegitimidad de las instituciones que controla.

Así las cosas, la corrupción que embarra gobierno e instituciones no cesa de manifestarse en forma ascendente y descarada: desangrando fondos estatales, depredando el patrimonio nacional y disponiendo de dinero sucio camino a la farsa electoral del 2020.

 Sus protagonistas y beneficiarios principales lucen montados sobre un vertedero de privilegios escandalosos, nuevas asignaciones ilegales, estafas y sobornos; y, para colmo, empleando narco-conexiones para competir entre sí, como ha acontecido recientemente con el liderazgo político tradicional de los últimos 22 años en el relevante caso de los vínculos de dos ex -presidentes y actuales precandidatos, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía con el narco-capo, recién liberado de una cárcel estadounidense,  QUIRINO ERNESTO PAULINO

En otro orden hay que destacar que el cacareado crecimiento de la economía -exhibiendo a la vez desigualdades profundas y ascendentes, sobre-explotación, corrupción e impunidad in-contenidas- se ha tornado cada vez más frágil y riesgoso para quienes detentan el poder al registrarse niveles astronómicos de la deuda pública, externa e interna (60 % de PBI), del déficit fiscal y la deuda social.

En adición a ese cuadro degradante, impugnado por amplios sectores de la  sociedad, gobierno  turno y partidos tradicionales no solo se siguen mostrando como protagonistas de un poder corrupto y corruptor, sino también como entes subordinados a los designios de EEUU, tanto en política exterior como en cuanto a su voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.

El coloniaje ha tenido  aquí en estos días una expresión grotesca, precisamente en un país como el nuestro, víctima de la intervención militar estadounidense  en 1916 y 1965: ambos polos electorales, el oficialista y el opositor, se han alineado junto a Trump contra Venezuela soberana, en abierto respaldo a la formula Guaidó-golpe-invasión. Ambos evidente y vergonsozamente compiten por el favor imperial.

·         ELECCIONES FUNCIONALES AL SISTEMA DE CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y COLONIAJE.

Esta cada vez más claro que la institucionalidad vigente, especialmente sus detentadores desde el sistema de partidos y sus socios en el empresariado privado, no tiene de otra que aferrarse a la reproducción de unas elecciones excluyentes y estructuralmente fraudulentas  que les garanticen  o continuidad, o reciclamiento al poder constituido.

La re-postulación del presidente Danilo Medina vuelve y vuelve por segunda vez, siempre con sus lacras y malas artes, sus traumas y corruptelas. La mala conciencia y los riesgos de pérdida de libertad y fortunas, generados por la indignación verde, los aferra al poder; a un poder en el que intervienen –repito- agresivas mafias políticas, empresariales y militares.

La reciente manipulación y los pactos espurios respecto a una ley de partidos mostrenca, que además violan e interpretan a su manera, ha reforzado el oligopolio electoral; mientras la operación diversionista con el proyecto la ley orgánica sobre la materia, no deja dudas sobre la repetición de la farsa con ventajas para los actuales  jefes y beneficiarios de la dictadura constitucional mafiosa. La pretensión de una  asignación ilegal de 1,5O0 millones de pesos (30 millones de dólares) para las primarias de los partidos, pinta a pasto de corrupción para gerentes del sistema y más penurias para el pueblo llano.

El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio, ni al respeto mutuo de la línea fronteriza y las identidades nacionales dominicana y haitiana, está siendo febrilmente utilizado como arma de chantaje y derechización de esa espuria competencia electoral y, peor aún, como instrumento para conformar una corriente política neo-fascista, que si por inacción de la contrapartida logra convertirse en fuerza masiva, podría generar situaciones trágicas.

Eso incluye la perversidad de emplear este tema para afectar e intentar dividir a Marcha Verde, que nada tiene que ver con políticas migratorias y mucho menos con la conversión de las fronteras en espacio de negocios y delitos deleznables.

 Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016, signados los próximos comicios por un conjunto de estafas y fraudes descarados. Todo lo contrario: la situación, en cuanto a la esencia del poder constituido, ha cambiado para peor.

·         FACTORES NUEVOS Y ESPERANZADORES.

Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio y fuerza atractiva y unificadora de Marcha Verde-MV, y la emergencia de los movimientos sociales en lucha con su capacidad para protestar, paralizar amplias áreas del país y aplicar diversas modalidades de presión y desobediencia civil frente a cuestiones cruciales.

En esas vertientes del qué hacer avanzan los esfuerzo por preservar la independencia y autonomía de MV respecto al Estado, partidos y cúpulas empresariales, lo que garantiza su unidad en la diversidad y su crecimiento.

Igual la voluntad de relanzar su accionar con nuevos bríos y renovadas energías,  activando todas sus comisiones y reestructurando sus mecanismos de seguimiento e impulso.

 Es ya una realidad incontenible su progresivo hermanamiento con los movimientos sociales en lucha y la asunción de su parte de la línea de acción adoptada en una reciente en una Asamblea Nacional Popular de esos movimientos cada vez más coordinados, una parte de los cuales confluyen en MV y otros que ya han protagonizado luchas importantes.

Esa línea de acción contempla en lo inmediato y en perspectiva nuevos paros locales, municipales y regionales con la determinación de realizar oportunamente el PRIMER PARO NACIONAL, así como diversas modalidades de desobediencia civil incluida la determinación de hacerle la vida imposible a los corruptos aquí y en el exterior.

·         DEMANDAS MOVILIZADORAS Y NECESIDAD DE UNA PROPUESTA POLÍTICA.

Esos nuevos compromisos colectivos coinciden en poner especial énfasis en el reclamo del fin de la corrupción y la impunidad en todos los casos de corrupción pendientes y en curso.

Incluyen la firme decisión de  impulsar todas las luchas justas y todas demandas movilizadoras: rebaja de los combustibles, salarios dignos, defensa de las cordilleras del país y  las fuentes de agua frente a la minería destructiva y a la depredación voraz practicada sistemáticamente por los detentadores del poder; alto a los feminicidios y defensa de los derechos de la mujer  (incluidas las tres causales en cuanto al aborto terapéutico); salud para todos/as y eliminación de las Administradora de Riegos de Salud-ARS y Administradoras de Fondo-AFP privadas y reemplazo de un modelo privatizador copiado de Colombia y de Chiles; seguridad ciudadana, defensa de la soberanía y todos los reclamos comunitarios.

 Esto, en el entendido de que el proceso electoral que procuran imponerle al país -aun con todas las lacras que exhibe- ejerce un poder atrayente y dispersante de una parte de los actores sociales y políticos que han asumido la lucha contra la impunidad, exige de una dinámica de lucha extra-institucional de MV y las coordinaciones políticos sociales más allá de la próxima coyuntura electoral y de la necesidad de dotarla de una propuesta político-social consensuada que le de trascendencia y poder para romper el bloqueo institucional y convertirse en alternativa.

En cuanto a este ultimo requerimiento, imprescindible para que estas luchas no se agoten dentro del actual marco institucional, está en proceso de elaboración, a nivel de las fuerzas político-sociales de avanzada, una estrategia de ruptura, vía desarrollo de democracia de calle y construcción progresiva de un poder popular constituyente; una estrategia de ruptura del bloqueo institucional y creación de una nueva institucionalidad democrática-participativa que recupere a la vez soberanía popular y soberanía nacional anuladas.

Sin dudas, el despliegue exitoso de esa estrategia -concomitantemente con el ejercicio de una línea de solidaridad y defensa de los procesos continentales hacia la segunda independencia y alternativos a los modelos neoliberales y ultra-neoliberales o fascistoides mafiosos- con especial énfasis en la defensa de la revolución bolivariana en Venezuela, brutalmente agredida por EEUU, es la mayor contribución que los dominicanos/as podríamos darle a la determinación de derrotar la contra-ofensiva anti-reformas, anti-soberanía y contra-  revolucionaria puesta en marcha por el Imperialismo Occidental (EEUU Y UE) y sus aliados locales.


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